Novedades en el caso contra el ex Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Después de este martes La Fiscalía solicitó prórroga y diversas diligencias sobre el patrimonio del ‘popular’ junto a su mujer y seis de sus colaboradores, este miércoles el juez de instrucción ha aceptado ambas actuaciones y ampliar la investigación por seis meses más.

En concreto, el juez de Tarragona Rubén Rus ha solicitado un inventario de todos los bienes propiedad del ex miembro del gobierno de José María Aznar y Mariano Rajoy con su esposa. Información que también ha solicitado sobre su hermano y otros cinco colaboradores muy cercanos a Montoro. Todo, con el objetivo de identificar las empresas que habrían utilizado para camuflar los beneficios. Y la fiscal Carmen García sospecha que el exministro y su equipo tomaron más de 32 millones de euros. Una cantidad que habría sido compartida.

La mayor tajada de más de 11 millones de euros habría ido a parar a él Ricardo Martínez Ricoes decir, el hermano del jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico. Le seguirían, con una cantidad superior a los seis millones, Salvadur Ruiz Gallud; el que sigue Manuel de Vicente-Tutor y Francisco de Asís Piedras con casi seis millones en sus bolsillos cada uno.

Además, el fiscal también ha solicitado los informes, cuentas anuales y documentación del Equipo Económicoes decir, ese despacho que Montoro fundó con personas de su mayor confianza dos años después de abandonar el gobierno de Aznar. Precisamente, el mismo cargo del que intentó desvincularse cuando las cosas se pusieron feas, ya que en público proclamaba la política de austeridad.

Sin embargo, según la investigación cuyo secreto subió después de siete años de investigacionesen privado habría utilizado su cargo para obtener beneficios de las empresas, porque sabían que acudir al Equipo Económico era sinónimo de cambio legislativo a la carta. Entre sus clientes se encontraban empresas eléctricas, farmacéuticas e inmobiliarias, aunque el foco de los investigadores se centra sobre todo en los pagos de cinco empresas de gas. Cantidades con las que se habrían lucrado haciendo uso de su influencia.

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