El mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, los populares han logrado sacar adelante su propuesta con la que buscan revertir el enorme déficit de viviendas en España. La hoja de ruta trazada es muy ambiciosa en materia de desarrollo urbanístico y propone hacer más fluida la burocracia que sufre el sector para construir el millón de viviendas que el PP dice que se necesitan en España. Para ello, aseguran que pondrán fin a «los abusos de la demora en la emisión de informes sectoriales» para que no se paralicen los procedimientos y otorgarán a las Delegaciones del Gobierno competencias para actuar como gestoras de las solicitudes de los preceptivos informes sectoriales de competencia estatal para que se emitan en un plazo máximo de tres meses.

Siguiendo esa línea de reducir al mínimo los trámites, la propuesta popular contempla también conceder licencias administrativas cuando no estén limitadas en el tiempo y limitar la nulidad por defectos formales de los planes generales urbanísticos para dar seguridad jurídica a la planificación de los ayuntamientos, en un momento en el que decenas de ellas siguen sin ser válidas.

Otro de los platos fuertes de la propuesta del PP es acabar con las zonas de mercado tensionadas que el Gobierno creó en el ley de vivienda limitar los precios de alquiler, y que la parte de Alberto Núñez-Feijóo defiende que ha hundido la oferta de alquileres en los lugares donde se aplica, como en el caso de Cataluña.

También «favorecido» por la misma norma, el PP dice que acabará con la okupación para elevar el umbral del que considera un inquilino «vulnerable». «El umbral de vulnerabilidad es muy alto. Y si verdaderamente el impago se debe a causas sobrevenidas que sitúan al inquilino en una situación de grave vulnerabilidad, deberá recibir una respuesta adecuada por parte de la administración pública, de forma coordinada entre los servicios sociales y las agencias de vivienda social. Lo que no procede es depositar en el propietario la responsabilidad que corresponde a los servicios públicos para atender, en su caso, a familias en situación repentina de grave vulnerabilidad», defienden.

Buena acogida en el Congreso

De momento, el proyecto de ley del PP ha sido bien recibido por los distintos grupos parlamentarios, incluidos Junts y el PNV, que dicen apoyar todo lo relacionado con evitar la nulidad ‘en cascada’ de los planes urbanísticos. PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria votaron a favor de su tramitación, mientras que PSOE, Sumar y otros miembros de la legislatura del Gobierno votaron en contra.

La encargada de defender la iniciativa ha sido la ‘popular’ María Soledad Cruz-Guzmán, quien durante su turno de palabra ha visto cómo miembros del Sindicato de Inquilinos han lanzado panfletos desde la galería de invitados al grito de bajar el precio de los alquileres, según informa EP.

Centrándose en la propuesta del PP, Cruz-Guzmán ha señalado que si bien el proyecto de ley no es una «varita mágica» que solucionará de repente el problema de la vivienda, sí se basa en la que considera la receta fundamental para empezar a acabar con el problema: «Más oferta en el menor tiempo posible».

En esta línea, el diputado ha dicho que la ley busca avanzar hacia el objetivo de construir un millón de nuevas viviendas, reducir el plazo para obtener la licencia para construir nuevos pisos y acabar con el fenómeno de la ‘okupación’ permitiendo juicios rápidos a bancos y fondos de inversión en los casos de pisos ‘okupados’.