«¿Qué significa que algo sea legítimo? Que se ajuste a la ley. Y cualquier modelo de financiación que salga del Congreso de los Diputados es legítimo«, defendió la vicepresidenta primera, consultada sobre el rechazo a su propuesta por parte de las comunidades autónomas y una posible falta de legitimidad.

Precisamente, en este sentido, ha defendido que «la viabilidad del modelo depende del pronunciamiento de los grupos políticos». Despojando, una vez más, de valor el consenso con las regiones.

Además, en la rueda de prensa posterior al cónclave restó importancia a las protestas de las autonomías. Considera que son «pronunciamientos de las regiones que quieren incorporar elementos al modelo», algo que se negociará. Este es el caso de Asturias, según Montero «y otras autonomías, que incorporarán cuestiones y elementos».

Estas negociaciones comenzarán en un futuro próximo en contactos bilaterales con las regiones. Cuando se cierren se cerrará un anteproyecto de ley que contendrá la nueva financiación autonómica. Y comenzaremos a tratar con los grupos del Congreso..

La idea de Montero es poder aprobar la norma antes de final de año, para que el nuevo modelo esté activo en 2027.

Un nuevo modelo que según Montero no tendrá un principio de ordinalidad (igual que el actual, asegura), pese a que en el caso de Cataluña se respeta (tercer puesto en aportación y percepción de fondos por habitante).

Ordinalidad

Sin embargo, según Castilla-La Mancha, región socialista, sí contempla este espíritu. Tras la reunión, Juan Alfonso Ruiz Molina, su ministro de Hacienda, se refirió con mucha dureza a este tema y lo calificó de «línea roja», ya que consideró que va en contra de la solidaridad regional.

También se ha referido a la falta de información recibida por parte de Hacienda. Y ha opinado que, si no hay más datos, no se pueden celebrar reuniones bilaterales.

De hecho, Castilla-La Mancha ha pedido retirar toda la propuesta de financiación. Y ha lanzado una amenaza clara: «Si la vía política no funciona, tendremos que recurrir al sistema judicial».

La otra autonomía socialista, Asturias, también ha mostrado grandes reservas. De hecho, Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, ha reclamado al Ministerio de Hacienda que tenga en cuenta las propuestas de Asturias para empezar a negociar la financiación autonómica.

Las CCAA del PP

Como era de esperar, hay enfado en las regiones del PP. «Nos sorprende que la reunión no la presidiera Junqueras», afirmó Rocío Albert, ministra de Hacienda de Madrid, «lo que es bueno para los independentistas no puede serlo para el resto de los españoles. «No vamos a aceptar que Cataluña reciba un 83% más que Madrid con competencias similares».

carolina españa, Su homólogo en Andalucía ha calificado la propuesta de «arbitraria». Y considera que «perjudica» a Andalucía. Además, ha afirmado que El «modelo Montero ha nacido muerto»porque se ha negociado de espaldas a todas las comunidades autónomas, lo que supone un ejercicio de deslealtad hacia los territorios, sus representantes y sus ciudadanos.»

Elena Manzanoextremeño, ha desfigurado que el sistema de Montero «no es un modelo de financiación autonómica» sino «un acuerdo político para llegar a una cifra con Cataluña, 4.700 millones de euros, y esa cifra pase lo que pase y como sea, es superada para Andalucía», a su juicio, por la proximidad de las elecciones en dicha comunidad. Y en el que María Jesús Montero es candidata. «Esto es lo que vemos, una total falta de respeto institucional y de respeto constitucional».

Por otra parte, en las dos regiones más infrafinanciadas del país, Comunidad Valenciana y Murciani comparten la propuesta de Montero. «Nos vamos con los mismos datos con los que venimos», censuró el consejero de Hacienda valenciana, José Antonio Rovira.

El murciano Luis Alberto María ha reclamado que se retire la propuesta de financiación de Montero, dado que considera que sólo ha sido pactada con ERC de Oriol Junqueras. Y que se negocie, desde cero, nuevamente en el cónclave fiscal.

Pero hay más. «El nuevo modelo supuestamente reducirá las diferencias entre las comunidades que más y las que menos reciben, pero tenemos que aspirar a un modelo que las elimine. En lugar de recibir 1.600 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada, vamos a recibir 700 millones de euros menos, pero esa diferencia sigue siendo injusta e injustificable«, denunció.