El Congreso peruano destituye al presidente provisional José Jeri por presunta corrupción
De nada le valió su trumpismo ni la proclamación de la «mano dura» bajo cualquier circunstancia y lugar. José Jeri terminó sus días como presidente interino de Perú. Meses atrás había levantado la mano en el Congreso para que fuera destituida Dina Boluarte. Como la moción de censura es una suerte de deporte nacional desde 2018, Jeri pasó muy pronto de conspirador a víctima del mismo juego que propiciaba. Lo acusaron de haber mantenido una sigilosa reunión con un empresario de origen chino, Zhihua Yang, que tiene su dinero repartido en distintos proyectos.
[–>[–>[–>La legislatura es muy impopular en el país andino pero eso no le quita su capacidad de arbitraje determinante en la vida institucional. Jeri completaba su accidentada gestión pasando la mitad del año. No le alcanzó el tiempo y otro parlamentario extenderá agónicamente la presidencia provisional que en este período se inició tras la caída de Pedro Castillo, en diciembre de 2022, y en represalia a su decisión de cerrar el Congreso y convocar a comicios.
[–> [–>[–>El mandato interino de Jeri duró cuatro meses. En pocas horas surgirá el nombre de su reemplazante hasta el próximo 28 de julio. El «Chifagate», como se llamó la furtiva reunión en un local de comidas con sabor oriental, pasó de la televisión al Congreso en un santiamén. El mandatario cesado aseguró ser inocente y, si pecó de algo, dijo, fue de ingenuidad. Las imágenes que lo muestran camuflado detrás de una capucha fueron letales para su credibilidad. Después se conoció la existencia de otro hombre de negocios, Ji Wu Xiaodong, a quien se lo ha asociado con el tráfico ilegal de madera. Ese empresario cumplía una condena en su casa, lo que no le impidió visitar el Palacio Pizarro, la sede del Ejecutivo, en varias oportunidades. Los mismos congresistas que lo ungieron obraron en sentido contrario y demostraron que, ante todo, constituyen un poder inexpugnable e indiferente a las adversas encuestas de opinión. La excepción a la regla que rige a ese poder republicano desde hace ocho años la constituyó curiosamente el fujimorismo que, esta vez, se abstuvo de conspirar.
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Reacciones
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«Increíblemente, estamos ad portas de retirar de manera oprobiosa a un tercer jefe de Estado y encumbrar luego a uno nuevo en un solo período presidencial. Es decir, en menos de cinco años. ¿De quién es la responsabilidad de que estemos en esta penosa situación? «, se preguntó el diario limeño El Comercio. «La respuesta no es unívoca. Existe por supuesto responsabilidad en el presidente Jerí, que no ha sabido conducirse con la prudencia y la corrección que el cargo exige. Pero también la hay en el Congreso». A su criterio, es responsable de este presente «aquella mayoría que se apresuró a destituir a Dina Boluarte, merecidamente pero sin medir las consecuencias de colocar en su reemplazo a una persona sin la mesura, el decoro y la experiencia que la conducción del país requería». Para El Comercio, los congresistas obraron de esta manera «pensando únicamente en cómo lucirían ante el electorado».
[–>[–>[–>La institucionalidad peruana se ha resentido sensiblemente. La salida del poder de Alberto Fujimori hace 26 años no supuso una mejora de la calidad democrática en ese país. El primer presidente electo sin trampas en las urnas, en 2001, Alejandro Toledo, se encuentra preso por corrupción. Su sucesor, Alan García, se sucidió en 2019 cuando la policía había golpeado a su puerta por una causa judicial similar.
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Ollanta Humala está también en la cácel. Pedro Pablo Kuczynski dimitió antes de que el Congreso lo destituyera. Su reemplazante, Martín Vizcarra, corrió la misma suerte. Los peruanos se han acostumbrado a vivir en un país que tiene estabilidad macroeconómica, baja inflación y un crecimiento que altera la matriz de desigualdad, con las permanentes crisis gubernamentales.
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