El pronunciamiento del Consejo vuelve a dar oxígeno a Yolanda Díaz, para acometer cambios en la extinción, tal y como solicitaron los sindicatos y rechazó la CEOE. El enfoque del Ministro de Trabajo va en contra de la Doctrina de la Corte Suprema que, en sentencias de 2024 y 2025, cerró la puerta a que un juez aumentara la indemnización que recibe un trabajador despedido injustamente, argumento al que se aferran los empresarios.

La recomendación aprobada por el organismo europeo insta al Gobierno a continuar con los esfuerzos «para garantizar que el importe de las indemnizaciones por daños materiales y morales concedidas a las víctimas de despidos improcedentes sin causa justificada, incluidos los trabajadores temporales contratados en violación de la ley, sea un elemento disuasivo para el empresario, con el fin de asegurar la protección de los trabajadores contra estos despidos improcedentes. Por ello, exige un cambio en la ley actual para garantizar que la indemnización concedida en los casos de despido improcedente (33 días al año con un límite de 24 mensualidades) «tenga en cuenta el daño real sufrido por la víctima y las circunstancias particulares de su caso».

Aunque la institución con sede en Estrasburgo redobla la presión sobre España, la declaración no es, sin embargo, vinculante, aunque sí es uno de los principales argumentos a los que se aferra el jefe del Partido Laborista para darle la vuelta al asunto. legislación sobre despido cosa que no se pudo hacer en la reforma laboral de 2021 por las fuertes reticencias de los miembros del PSOE y el rechazo rotundo de las organizaciones empresariales.

Yolanda Díaz ha venido reiterando que tiene intención de introducir en la ley un mecanismo para que la indemnización en un despido improcedente y, por tanto, injustificado tenga en cuenta de forma individualizada las circunstancias personales del trabajador despedido. Este ‘despido a demanda’ tendría en cuenta los factores personales que rodean al afectado, como la edad, el número de hijos, la duración del contrato o la situación socioeconómica. El primeros contactos entre Trabajo y los agentes sociales para acometer esta reforma ya se han producido, aunque la organización que dirige Antonio Garamendi no participará en los mismos, apoyándose en los pronunciamientos del Tribunal Supremo.