El decreto de Sumar para prorrogar los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027 será votado en el Congreso in extremis, el 28 de abril. apenas un día antes de que finalice el plazo establecido -30 días- para su validación parlamentaria. El texto, aprobado como medida de emergencia para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán, incluye también un límite del 2% en la actualización anual del alquiler, cuya actualización se circunscribe actualmente al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) que publica mensualmente el INE y que para los arrendamientos revisados ​​en marzo se situó en el 2,47%.

El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo como decreto independiente del de ayudas a sectores y reducciones fiscales y vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que los inquilinos cuyos contratos de alquiler habitual finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 podrán solicitar una prórroga extraordinaria por periodos anuales hasta un máximo de dos años. Esta prórroga deberá ser aceptada por el arrendador y mantendrá intactas las condiciones del contrato actual, afirma Consumo.

Según datos del Ministerio de Consumo, 632.369 contratos de alquiler vencerán este año en Españalo que obligará a propietarios e inquilinos a renegociar las condiciones en un contexto de subida de precios, situación que afecta a alrededor de 1,63 millones de personas. Estas cifras aumentan hasta el millón de contratos y 2,68 millones de inquilinos afectados ampliando el plazo hasta 2027.

El Gobierno asegura que los inquilinos que se apresuren a solicitar la prórroga de hasta dos años antes de su votación en el Congreso podrán aplicarla incluso si el decreto fracasa en el Congreso, que es la opción más probable. Por otro lado, desde el sector inmobiliario y despachos de abogados aseguran que, si no se valida el decreto, la obligación de prorrogar el alquiler sólo afectará a aquellos arrendamientos cuyo vencimiento se produzca mientras el real decreto esté en vigor, es decir, desde su publicación en el BOE el 22 de marzo, hasta que tenga lugar la votación.

De momento, el decreto ya tiene el rechazo de PP, Vox y Junts. Así, el socio minoritario del Gobierno de coalición lo confía todo al apoyo de última hora de Junts, algo que el partido catalán todavía no contempla porque no están de acuerdo con la mayor parte del decreto.