El desafío de Trump a los tribunales lleva al límite al sistema constitucional de EEUU
En los dos primeros meses de presidencia de Donald Trump numerosas de las acciones del republicano y de su gobierno, aplicadas con una interpretación hiperagresiva e inéditamente expansiva del poder ejecutivo que está ignorando la separación de poderes, han desatado el debate de si está llevando o ya ha llevado a Estados Unidos a una crisis constitucional. Varios de los jueces en las más de 150 demandas planteadas contra la administración ya han denunciando que el gobierno está ignorando órdenes dictadas contra sus medidas, Pero la discusión ha alcanzado su punto de ebullición con el caso de las deportaciones de inmigrantes a El Salvador que Trump inició el sábado invocando una ley de guerra de 1798.
Ese mismo sábado el juez federal James Boesberg, en una vista por una demanda de inmigrantes organizada con tal urgencia que pilló all magistrado fuera de Washington y se tuvo que realizar por Zoom, ordenó al gobierno que detuviera los vuelos de inmigrantes. “Dejo en sus manos cómo se logre, ya sea haciendo que un avión de la vuelta o no embarcando a nadie, pero es algo que tiene que asegurar que se cumple de forma inmediata”, declaró verbalmente el juez, antes de dictar una orden por escrito. Para entonces dos de los tres aviones que volaron a El Salvador, con escala en Honduras, ya habían despegado de Texas.
Ignorar la orden verbal fue solo el primero de los retos del gobierno de Trump al juez. Desde el sábado ha seguido desafiando abiertamente al magistrado, negándose a darle información solicitada sobre los horarios y circunstancias exactas de los vuelos. Y aunque este miércoles Boesberg ampliaba 24 horas el plazo para que el gobierno de explicaciones y aún no lo ha declarado formalmente en desacato, el desafío de Trump se mantiene e incluso intensifica.
Escalada
El mandatario lleva tres días escalando su campaña de ataque al juez, con insultos como “lunático radical de izquierdas” y exigencias de que sea destituido con un juicio político.
Ese mensaje el martes provocó una inusual amonestación pública por parte del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. «Durante más de dos siglos ha quedado establecido que el ‘impeachment’ no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”, escribió el magistrado, nombrado por George W Bush que con los otros cinco conservadores del Alto Tribunal el año pasado dictó una histórica y controvertida sentencia que ha ampliado hasta límites inéditos la inmunidad presidencial.
Pese a la reprimenda, Trump insistió con otro mensaje en Truth Social pasada la medianoche en sus ataques a Boesberg.
Los abogados de su gobierno volvieron a apelar a cuestionables argumentos de seguridad nacional para no darle información. Y el juez les recordó que, según los precedentes marcados por el Supremo, el recurso para combatir una decisión judicial que se considera legalmente fallida, e incluso puede luego probarse como tal, “es una revisión en apelación, no la desobediencia”.
Trump no está solo en su desafío ni en esta escalada. Numerosos miembros de su equipo y aliados, incluyendo Elon Musk, se han sumado a las llamadas a destituir mediante un juicio político a Boesberg. Tom Homan, su ‘zar de inmigración’, dijo esta semana: “no vamos a parar, no me importa lo que piensen los jueces”. Y este miércoles desde la sala de prensa de la Casa Blanca la portavoz, Karoline Leavitt, lanzaba otro durísimo ataque contra el magistrado, acusándole de “intentar usurpar la autoridad del ejecutivo”.
Leavitt denunciaba a Boesberg como un “activista demócrata” (aunque se le recordó que originalmente fue nombrado por George W Bush y luego promocionado por Barack Obama). Dijo que es parte de una judicatura supuestamente llena de “activistas partisanos” que, asegura, están inmersos en un “claro esfuerzo concertado para ralentizar o impedir la agenda del presidente”. Y declaraba que “es responsabilidad del Supremo ponerles freno”.
“Poder dictatorial”
La secretaria de prensa también defendía, como ha hecho el presidente, que la Administración está cumpliendo con las órdenes judiciales y siguiendo el proceso de recurrir las que van en su contra, pero es una afirmación que queda en entredicho por los actos del gobierno. Y numerosos expertos legales consideran que Trump está llevando el sistema constitucional al límite.
“Un presidente que hace lo que quiere hasta que alguien le detiene es una crisis constitucional sin que importe si a veces es o no frenado”, le ha dicho a ‘The New York Times’ Jamal Greene, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia, donde la Administración ha tensado también el debido proceso legal, como con los inmigrantes venezolanos deportados, con la detención e intento de expulsión de Mahmoud Khalil, un residente permanente que fue líder en las protestas en el campus contra Israel por la guerra de Gaza.
“Si cualquiera es detenido o expulsado basándose en la afirmación de la Administración de que lo pueden hacer sin revision judicial o debido proceso el presidente está reivindicando un poder dictatorial”, ha dicho también Greene. “‘Crisis constitucional’ no captura la gravedad de la situación”.
Aziz Huq, un profesor de Derecho de la Universidad de Chicago prefiere no hablar de “crisis constitucional” sino de “un orden constitucional completamente diferente, uno que ya no se caracteriza por leyes que obligan a los cargos públicos y que se pueden aplicar. La ley, en otras palabras, se convierte en una herramienta para dañar a los enemigos, no para obligar a quienes gobiernan”, le ha dicho al ‘Times’
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