El desdoblamiento de Lloreda-Veriña para los accesos a El Musel cumple un año parado en su tramitación ambiental
Tras el fiasco del vial de Jove, la obra para desdoblar el tramo de Lloreda-Veriña es el proyecto más avanzado para poder reactivar mejoras en los accesos a El Musel, pero lleva un año parado en los despachos del Ministerio de Transición Ecológica. Se anunciaba entonces que la tramitación ambiental del proyecto, que fracasó en un primer intento por falta de documentación, se reactivaba, e incluso a finales del año pasado desde el Principado señalaban su optimismo por que la obra pudiese salir a licitación a lo largo de este año. Ese trámite ambiental, sin embargo, se mantiene sin cambios en la página web del Ministerio, en una fase de consultas previas que se espera haber resuelto hace ya meses.
[–>[–>[–>El proyecto para desdoblar la GJ-10 entre el enlace de Lloreda y el semienlace de Veriña reinició su tramitación ambiental el 18 de junio del año pasado e incorporaba varias cuestiones, entre ellas, el encargo de un estudio hidrológico que acreditaba que la elevación del trazado de la futura autovía eliminaría los problemas de inundabilidad que hoy sufre en entorno entre Puente Seco y Veriña. Un cambio que se hizo de acuerdo a la alerta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que había alertado de la cercanía del arroyo de la Pedrera y del río Pinzales.
[–> [–>[–>[–>[–>[–>A finales del año pasado, en octubre, el consejero Alejandro Calvo señaló en un consejo social de Gijón que el proyecto, según le habían trasladado, tenía «completada la documentación» de este trámite ambiental y que la aprobación del proyecto, por lo tanto, estaba cerca. De hecho, él señalaba que el Ministerio de Transportes podría licitar la obra a lo largo de este 2026, si bien ya entonces aclaraba que esa decisión no era de competencia regional ni local.
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Más tarde, ya en enero de este año, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, reconocía que el proceso ambiental se estaba dilatando en el tiempo por la contestación de las alegaciones presentadas. Aseguraba que no existía «ninguna voluntad» de «retrasar» el plan, pero que la prioridad era «no incurrir en un proyecto fallido» y que esta revisión ambiental debía contar con toda la «seguridad jurídica». Prometía que la intención era resolver esta tramitación «en la mayor brevedad posible».
[–>[–>[–>La obra, para la que se calcula que se requerirá una inversión de unos 100 millones de euros, se paralizó a inicios del año pasado tras no prosperar el primer intento de tramitación ambiental impulsado el año anterior por falta de documentación. Tras la negativa, Transportes envió a Transición Ecológica nueva información y, después, el trámite se reinició el día 18 de junio y se abrió a consultas un mes más tarde, el 17 de julio. Pero nada se sabe de la resolución ministerial. Mucho menos de cuándo podría licitarse una obra que llegó a licitarse, hace ya una década, y que intentó ejecutarse. Ese primer intento de obra, sin embargo, se paralizó en 2020, sin apenas avances, por apreciarse fallos técnicos graves, como que el proyecto no había contemplado la presencia de canalizaciones soterradas.
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