el desembarco andaluz de Montero, la foto con Puigdemont o el impuesto a las eléctricas
Las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos de 2025 se presentan cada vez más cuesta arriba para el Gobierno. En julio, el Ministerio de Hacienda llevó al senda de estabilidad al Congreso con la confianza de que saldría adelante y la idea de tener las cuentas aprobadas antes de final de 2024. Pero Junts tumbó por sorpresa este primer paso, echando por tierra sus planes. Ya expirado el plazo inicialmente previsto y sin horizonte claro para el proyecto presupuestario, los escollos no paran de aumentar.
En el Gobierno ya preparan el terreno para una segunda prórroga presupuestaria y restan importancia a esta posibilidad, después de las turbulencias que ha atravesado la mayoría de investidura en los últimos meses. La reforma fiscal, que se aprobó después de una negociación agónica, quebró el bloque que apoyaba a Pedro Sánchez, con Junts y PNV descolgándose del resto de aliados en varios puntos, haciendo visible las importantes diferencias en materia económica.
En el caso de los posconvergentes, su posición se ha endurecido contra el Gobierno y el precio de sus siete votos se ha visto elevado en los últimos meses. Aunque en el Gobierno siempre asumieron su carácter imprevisible, el desencuentro ha ido a más a raíz de que socialistas y ERC pactaran en verano para hacer a Salvador Illa presidente de Cataluña. La pugna abierta entre los partidos del independentismo también complica el camino a los presupuestos, al elevar la puja de exigencias de unos y otros para justificar un eventual apoyo a las cuentas.
Y en este contexto hay varios elementos que añaden dificultad. Uno de ellos es el desembarco de María Jesús Montero en la política andaluza, donde el PP abona el discurso del agravio frente a los privilegios del Gobierno a Cataluña. La ministra de Hacienda, encargada de negociar los Presupuestos con los partidos independentistas, será también quien deba dar luz verde a los compromisos que se alcancen con Junts y ERC al mismo tiempo que mantiene su carrera por liderar el PSOE de Andalucía, que afrontará su renovación en febrero.
Si bien los pactos que firme desde el Gobierno no afectarán a su salto a la federación andaluza, sí son piedras en la mochila en su futuro papel de líder de la oposición andaluza, donde afrontará unas elecciones previstas en menos de un año y medio. Aunque desde Moncloa niegan que el nuevo rol de la ministra de Hacienda pueda afectar a la negociación presupuestaria, lo cierto es que los pasos de Montero a nivel nacional tendrán su eco también en su futuro político y, en última instancia, en la futura continuidad de Juanma Moreno al frente de la Junta.
Amnistía política para Puigdemont
Pero el apoyo de Junts a las cuentas no sólo dependerá de las negociaciones propiamente presupuestarias, sino que hay más exigencias previas encima de la mesa. Y Carles Puigdemont ha sido muy claro al reactivar hace unos días una de ellas: la exigencia de una reunión con Pedro Sánchez en el extranjero, donde se encuentra huido, para ofrecer una fotografía que fuera una suerte de amnistía política, tras el rechazo del Supremo de aplicarle la ley de amnistía pactada y aprobada en mayo. El Constitucional deberá atender el último recurso esta primavera, pero los plazos de Gobierno para tener atadas las cuentas están en finales de marzo, por lo que Sánchez necesitaría cumplir esa exigencia para tener los siete votos.
Hacienda deberá presentar una nueva senda de estabilidad tras fracasar la primera este verano, pero a día de hoy solo contemplan llevarla al Congreso si tienen asegurados los votos de las cuentas posteriores, una suerte de pacto global que también dificulta las negociaciones, donde las formaciones presionan hasta el último momento para lograr más concesiones. Algo que complica la ‘negociación en diferido’ que busca el Ejecutivo.
Factor Podemos
Pero si gran parte de las dificultades de los Presupuestos pasan por Junts, tampoco hay que olvidarse del factor Podemos, que desde las europeas está en una guerra de desgaste contra el Gobierno de coalición con el objetivo de ganar espacio en la izquierda a costa de un Sumar en declive. En este escenario, el partido de Irene Montero ha puesto dos condiciones para apoyar las cuentas: romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel y bajar por ley un 40% el precio del alquiler. Dos cuestiones de máximas que se abordarían durante la negociación.
Pero las exigencias no acaban ahí: solo para sentarse a negociar, Podemos ha reclamado que se cumplan todos los acuerdos alcanzados previamente con el Gobierno. Y uno de ellos, el impuesto a las energéticas, es a día de hoy imposible de cumplir. Los morados apoyaron la reforma fiscal del Ejecutivo con el compromiso de que Hacienda volvería a negociar con todos los socios de investidura esta figura impositiva para lograr su apoyo y mantenerla durante 2025. Pero la convocatoria fue fallida, y PNV y Junts se negaron siquiera a acudir, impidiendo cualquier acuerdo al respecto.
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El Gobierno maniobró después para prorrogar vía decreto este impuesto a las energéticas en el último Consejo de Ministros de 2024, al tiempo en que sorteaba la derogación aprobada por el Congreso retrasando su publicación en el BOE. Pese a aprobar la prórroga, el decreto decaerá en el Congreso, donde no tiene el apoyo de Junts ni PNV. Una aritmética que lleva a Moncloa a un callejón sin salida con Podemos, que amenazó con sentarse únicamente a negociar si seguía vigente el polémico gravamen.
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