el encuentro en una cantina que golpeó una adjudicación plagada de sombras
Un pago de «99.492,25 euros en virtud de dos facturas emitidas a Construcciones y Excavaciones Erri Berri SL y que la investigación relaciona con el expediente de contratación 9/2020-PEPA-ST8/S, seguido en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA)». Es el hecho que detalla el informe de la UCO de la Guardia Civil, en base al que se investiga el pago de una mordida para manipular la adjudicación de la obra de demolición de las antiguas baterías de cok de Arcelor.
[–>[–>[–>La trama de Santos Cerdán, ex secretario general de Organización del PSOE, y Leire Díez, fontanera del partido, habría recibido ese dinero de la compañía navarra Erri Berri con el fin de intermediar con la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI), responsable del PEPA y encargada de licitar los trabajos. Y, efectivamente, la empresa salió elegida tras un azaroso proceso de contratación plagado de sombras, en el que, por el medio, hubo recursos y hasta una denuncia en la Fiscalía. De hecho, un encuentro informal en La Cantina de la Estación en Avilés acabó con Álvaro Álvarez, ex alto cargo socialista avilesino, denunciado, un proyecto fundamental para Avilés en entredicho y un procedimiento público de vuelta a la casilla de salida.
[–> [–>[–>Sucedió el 31 de diciembre de 2020. Ese día se produjo la reunión en el negocio hostelero de la avenida de Los Telares entre el representante de una de las uniones temporales de empresas (UTE) que optaban al contrato de demolición (UTE Lezama-Los Álamos) y Álvaro Álvarez, exlíder del PSOE de Avilés y exviceconsejero de Administraciones Públicas del Principado. En aquella cita, según la denuncia, este último se ofreció a mediar en el concurso a cambio de una comisión.
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Álvarez habría trasladado, siempre según el relato de la denuncia, que podría intermediar ante el Ayuntamiento en relación con la adjudicación del contrato a cambio del 1,5% de la licitación, una cifra negociable pero que corría prisa cerrar dado que “los plazos” para la licitación, cifrada en 15,6 millones, estaban ya “muy ajustados”. Fue la propia UTE Los Álamos-Lezama la que puso en conocimiento de la mesa de contratación del PEPA la conversación mantenida con el exlíder de los socialistas avilesinos, activándose acto seguido una investigación interna que desembocó en denuncia ante la Fiscalía. El asunto salió a la luz en enero de 2021.
[–>[–>[–>Una vez tuvo conocimiento, la Fiscalía asturiana formuló denuncia contra el exlíder socialista por un presunto delito de tráfico de influencias. Álvarez mantuvo en todo momento, cuando trascendieron los hechos y ya después ante el juez, que se produjo “un encuentro informal con representantes de Lezama Demoliciones y una empresa local del sector”, pero que en ningún caso interfirió en el proceso. “Ni los hechos que se me atribuyen por parte de estas empresas se produjeron, ni yo me ofrecí para llevarlos a cabo. Y mucho menos, a cambio de ningún tipo de contraprestación”, defendió.
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Una vez incoadas las diligencias, la Fiscalía abrió una investigación para comprobar si, efectivamente, había indicios de delito. Se dio traslado del asunto al Juzgado y se consideró que los hechos podrían constituir un delito de tráfico de influencias. Sin embargo, en septiembre de 2022, veintiún meses después de que se conociera el caso, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento del procedimiento al carecer de indicios suficientes.
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[–>Pero, aunque la causa se archivase, cobra ahora actualidad con la investigación a la trama de cobros de comisiones por parte de Leire Díez y Santos Cerdán. La SEPI adjudicó en marzo de 2021 a Lezama-Los Álamos el contrato de derribo de las baterías, pero precisamente el conocimiento de la maniobra de Álvaro Álvarez paralizó la concesión. Y, curiosamente, Erri Berri, la empresa que maniobró supuestamente a través del grupo de Cerdán y Díez, recurrió el contrato incluyendo, entre sus alegaciones, el acercamiento del exlíder del PSOE de Avilés a sus competidores.
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El final ya es sabido: el recurso de la compañía navarra prosperó, la obra volvió a salir a licitación y ellos se la llevaron con una sorprendente bajada de la cantidad ofertada.
[–>[–>[–>Y ahora, cinco años después, se acusa al grupo de Leire Díez y Santos Cerdán -donde también estaba el exvicepresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, socio de Cerdán- de haber maniobrado para dirigir el resultado de este proceso público. Así, los vaivenes que envolvieron en su día a la licitación del derribo de las baterías de cok de Avilés cobran una nueva dimensión.
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