Un error de diseño en el proceso de regularización de las cotizaciones de los autónomos tras la reforma llevada a cabo por la Seguridad Social ha provocado que se bajen automáticamente las bases de cotización para 295.000 trabajadores autónomos o colaboradores corporativos que no han declarado ingresos. Así lo ha denunciado la federación de autónomos ATA, que advierte de que esta «mala interpretación» del proceso de regularización del nuevo sistema, que adapta progresivamente las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales, afecta «gravemente» al cálculo futuro de sus pensiones y a su nivel de protección social.

El sistema de cotización reformado establece que los trabajadores autónomos que coticen por una base superior a la que les correspondería podrán mantenerla aunque sus ingresos determinen la aplicación de una base de cotización inferior. Y, en el caso de los colaboradores y empresas, «esta disposición no se ha aplicado correctamente respecto al primer año regularizado», que fue 2022, dado que estos trabajadores autónomos que no han presentado declaración del IRPF o de los que no existen declaraciones «han visto reducida su base de cotización hasta los 1.000 euros, lo que supone un «agujero» de más de 500 millones.

En concreto, la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos corporativos en 2022 se estableció en 1.234,8 euros, por lo que al bajarla a 1.000 euros en 2023, la Seguridad Social habría dejado de pagar casi 74 euros en cuotas por cada uno de los 295.000 trabajadores autónomos que han sido objeto de regularización. Para quienes venían cotizando por una base superior a la correspondiente a sus ingresos a 31 de diciembre de 2022, el real decreto estableció un nuevo sistema de cotización y una protección mejorada por cese de actividad, pudiendo mantener dicha base de cotización, o una inferior a esta. Esta disposición, que provocó que a diciembre de 2022 solo el 46,4% de los cuentapropistas cotizaran por la base mínima, pretendía evitar perjudicar a aquellos cuentapropistas que venían cotizando por bases superiores al mínimo y a sus ingresos para poder acceder a mejores pensiones y coberturas, antes de la entrada en vigor de la nueva regularización en enero de 2023.

Pero ese año, la Seguridad Social impuso la base obligatoria de 1.000 euros a los familiares colaboradores y a los socios corporativos que no declararan rentas o no las contabilizaran, «provocando graves consecuencias para quienes ya cotizaban por bases superiores en sus trayectorias de cotización y en el cálculo de sus pensiones», apunta ATA. Además del perjuicio que supone situar a este colectivo en una base inferior por la que muchos de ellos venían cotizando antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, «no se ha producido ninguna actualización de esta base por la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado para los años 2024 y 2025, ni tampoco una actualización con el IPC de las bases de 2022 para los autónomos».

ATA detalla que de los resultados de la regularización del ejercicio 2023 se puede extraer que de los 3,7 millones de trabajadores autónomos -que estuvieron de alta al menos 1 día en 2023-, 463.504 trabajadores autónomos -295.109 de ellos sujetos a regularización por una base de 1.000 euros- no declararon rentas, aunque el porcentaje de los que no han presentado declaración de la Renta solo asciende a el 5,58% de estos. Los grupos donde se concentra el mayor número de trabajadores autónomos sin ingresos son: socios de empresas de capital y trabajo (115.987), familiares colaboradores (106.952) y otros autónomos (207.457).

Además, la organización señala que la aplicación del nuevo sistema perjudica especialmente a las mujeres, que son mayoría entre los empleados -un 56% en diciembre de 2023-, afectando a 27.000 empleados que ya cotizaban por encima de los 1.000 euros, reduciendo aún más las pensiones que ya eran inferiores a las de los hombres. «Es decir, unas 27.000 mujeres han visto reducida su base, y por tanto su protección y pensiones futuras, cuando en 2026 eran un 25% inferiores a la de sus homólogos masculinos en el caso del conjunto de mujeres autónomas».

Por todo ello, la exclusión de estos autónomos de la base 2022 no sólo «provoca un grave daño a la protección del colectivo», sino que también «aumenta la brecha de género en su cobertura efectiva», lo que, según el presidente de la organización, Lorenzo Amor, deja claro que «el objetivo del Gobierno no es mejorar la protección de los autónomos ni sus derechos sociales. Esto significa que, contrariamente al espíritu de la propia reforma que pretendía no penalizar a los autónomos con bajos ingresos buscados de mantener su base por encima de éstas para acceder a una mejor protección social, lo que ocurre es exactamente el efecto contrario, tanto en el corto como en el largo plazo, conduciendo a una evidente disminución en su cobertura efectiva de la futura adecuación de sus pensiones.