El expresidente surcoreano, condenado a 30 años por lanzar drones contra Pionyang para justificar la fallida ley marcial.
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El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol Fue condenado este viernes a 30 años de prisión por aprobar el envío de drones a Corea del Norte para provocar a Pyongyang y justificar su fallida declaración de ley marcial a finales de 2024, por lo que ya fue condenado a cadena perpetua.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Yoon culpable de Delitos de favor al enemigo y abuso de poder.aplicando la misma pena que habían solicitado los fiscales especiales.
«El acusado Yoon Suk-yeol aprobó desde el principio la ejecución de este operación destinada a crear una situación de ley marcial«, indica el documento oficial de la sentencia, donde el ex Ministro de Defensa Kim Yong Hyun recibió el mismo castigo por su participación en las operaciones.
El tribunal añadió que la operación provocó a Corea del Norte, creando así «un riesgo de víctimas y daños materiales» a los ciudadanos y militares surcoreanos, como consecuencia de «un conflicto militar».
Yoon consideró necesario crear una situación equiparable a una emergencia nacional para activar los requisitos legales de la ley marcial que impuso efímeramente en diciembre de 2024, según el fallo.
Además, el fallo señaló que la operación provocó que el filtración de secretos militares y expuso capacidades surcoreanas ante Corea del Norte, además de consumir recursos que deberían haber estado disponibles para una eventual contingencia.
En febrero de 2025, Pyongyang acusó a Seúl ante la ONU del presunto sobrevuelo de drones surcoreanos, realizado el año anterior, que habrían difundido propaganda sobre su territorio. Luego, los medios estatales de Corea del Norte publicaron fotografías de los restos de un dispositivo similar a un modelo exhibido públicamente por el ejército de Corea del Sur.
La sentencia se suma a la cadena perpetua dictada en febrero contra Yoon por insurrección al imponer el estado de emergencia de manera inconstitucional y a la pena de prisión de cinco años recibida en enero por obstrucción de la justicia, dentro de los cuatro procesos judiciales relacionados con su fallida aplicación del estado de emergencia.
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