La Monarquía Parlamentaria cumple una función que suele pasar desapercibida mientras las cosas transcurren con normalidad, quizás porque su utilidad, que en tiempos de calma es de tono discreto, se revela plenamente cuando el sistema político comienza a tensarse y obliga a mirar más allá de la inmediatez del poder. No interviene en la gestión ni aspira a liderar la agenda pública, pero introduce una forma de continuidad que mitiga el choque entre la política, la Nación y el Estado, recordando que la autoridad que aprieta esos tres botones no se agota en una legislatura. Si bien el Gobierno tiene margen y crédito político, ese papel queda en un segundo plano, pues los buenos mecanismos permanecen cuando cumplen su función.

La dificultad surge cuando la política deja de ser pensada como una tarea de gestión del tiempo y pasa a vivirse como una sucesión de maniobras defensivas, con el único fin de mantener abiertas distintas salidas posibles, incluidas aquellas que afectan los cimientos del sistema. Se trata de ganar tiempo, aunque eso signifique quitárselo al país y a su propio futuro.

A estas alturas de la década, sería ingenuo pensar que España puede vivir fuera de esta dinámica; más bien al contrario. Hoy, esta España del Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados es el epítome europeo de cómo la gestión del riesgo y el aplazamiento de los costes políticos se convierten en piedras angulares de la acción pública, relegando todo proyecto al mero apetito y la necesidad de satisfacer la voracidad de minorías tácticas y codiciosas.

Ante esta lógica, la Monarquía queda especialmente expuesta. Concreta el valor simbólico de la Nación, su continuidad institucional y, al permanecer fuera del ciclo electoral, se mantiene fuera de las líneas del frente y de las trincheras. Sin embargo, esta existencia institucional sin el añadido del poder efectivo que encumbra a la Corona y la hace posible en la España actual, la convierte también en la pieza más sensible de nuestra maquinaria, porque la deja a costa, en última instancia, de los políticos.

La Monarquía podría así, en cuestión de meses, dejar de ser una parte natural de nuestro sistema y convertirse en un problema. Sobre él pende la tentación de lo disponible, en esta década de Sánchez.

Está ahí, hierático en el fondo, a sólo un paso del presidente y sus aliados, quienes con un gesto pueden crear, por sus necesidades y no por clamor o mayoría social, una cuestión monárquica; es decir: un referéndum sobre su continuidad.

En un escenario de estrechamiento político, con la previsible concatenación de derrotas electorales, el estrechamiento de los cercos judiciales que ahora rodean al presidente, su familia y su partido y la necesidad de un banderín que reúna a la inestable coalición parlamentaria que lo apoya, hacen considerar imposible ser ingenuos.

Además, basta mirar la década para darse cuenta de que la semiótica lleva años preparada, esperando el momento adecuado o el abismo que la haga necesaria. Democracia, pueblo, Franco…

Todas esas palabras, combinadas como juegos de manos de ladrones, están en la línea de fuego, esperando que se presione el botón para ser desplegado por la opinión pública, debidamente engrasada gracias al erario.

Este no es un impulso doctrinal, un republicanismo revivido. Una cuestión monárquica no sería, como un referéndum, un mecanismo de decisión, sino más bien un generador de fracturas. Si Sánchez propondrá la votación sobre el futuro de la Corona, y nada parece detenerle si lo decide, lo haría para crear alineamientos, reforzar lealtades y redefinir el lenguaje legítimo del debate público. El resultado hipotético sería, en todo caso, secundario respecto de sus objetivos.

La mera convocatoria cumpliría la función de reorganizar el espacio político y alterar por un tiempo las prioridades del debate público. Haría de la incertidumbre un recurso más, porque mantendría abiertas las negociaciones y ofrecería un marco de justificación para nuevos excesos en pactos, cesiones y concesiones y una escalada política sin precedentes en nuestra democracia. Este es, realmente, el último paso del sanchismo. Cuando la forma de Estado entra en la lógica de la situación, prevalece la idea de que lo común es negociable y que la continuidad depende de la oportunidad política. La vida pública se convierte en un zoco en el que toda venta es admisible y toda negociación es posible.

El resultado es una sociedad y una cultura política aún más frágiles, en las que todo parece provisional y en las que la estabilidad ya no se percibe como un bien público sino más bien como una ventaja circunstancial.

Porque el problema no reside en la discusión sobre la forma de Estado, que es legítima cuando se aborda con rigor, sino en el criterio que impulsa su apertura. Y la voluntad de Sánchez no será –no lo ha sido en los últimos años– un criterio limpio, sino un mero giro de supervivencia, una respuesta a emergencias fatídicas. Nada más, pero como todas las nada en política, destructivo.