El futuro del parque nuclear español está, sobre el papel, escrito desde 2019, cuando la eléctrica –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP– y la empresa pública encargada de los residuos radiactivos y su desmantelamiento -Enresa- acordaron un calendario de cierre escalonado entre 2027 y 2035.

Este protocolo establece el apagón de los siete reactores de España, alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y con el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos.

El primero en cerrar es Almaraz (el primer reactor en noviembre de 2027 y el segundo en octubre de 2028). Pero los últimos años han dado una vuelta de tuerca al guion: en 2025, tras meses de tira y afloja con el Gobierno, Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron formalmente alargar la vida de la central extremeña hasta 2030.

La cuestión no es baladí, ya que lo que se resuelve con la central extremeña condicionará de facto la política energética El español de la próxima década.

En primer lugar, porque esta petición, de ser aceptada, da tiempo político a las eléctricas. En 2027 habrá elecciones generales y un eventual cambio de Gobierno podría dar mucho más margen a las centrales nucleares, con un PP que se ha mostrado claramente partidario de alargar la vida útil de las centrales.

Al mismo tiempo, lo que ocurra con Almaraz determinará el futuro del resto de centrales nucleares, especialmente las catalanas, Ascó y Vandellós. El debate sobre seguridad energética está más abierto que nunca en la región, condicionado por la lento desarrollo del parque de energías renovables.

Impuestos y presión social

La decisión sobre Almaraz ha acaparado la atención de todos. La planta extremeña es el principal motor económico de la zona, generando más de 1.000 empleos directos y Entre 2.900 y 4.000 puestos indirectos e inducidos en Extremadura.

La proximidad de su cierre ha desatado una fuerte reacción social. Trabajadores, ayuntamientos y plataformas como “Sí a Almaraz, sí al futuro” se han movilizado para defender la continuidad de la planta.

Esa presión se ha trasladado al ámbito político y empresarial. La Junta de Extremadura, alcaldes y organizaciones empresariales han exigido que se evalúe el impacto socioeconómico antes de tomar cualquier decisión.

Al mismo tiempo, los expertos del sector nuclear advierten del riesgo de perder capacidad firme en el sistema eléctrico.

en esto caldo de cultivoIberdrola, Endesa y Naturgy presentaron hace dos meses su solicitud de prórroga. Pero han tenido que ceder en uno de sus puntos más controvertidos, el reducción del tipo pagado a Enresa y la carga fiscal específica sobre la energía nuclear.

Por supuesto, tras la reducción del ecotasa autonomía anunciada por el Ejecutivo de María Guardiola, un gesto clave que desbloqueó la solicitud de prórroga.

Renunciar a la rebaja de la tarifa de Enresa era condición necesaria para que el Gobierno central estudiara seriamente la prórroga. El Ejecutivo había marcado «tres líneas rojas» para cualquier cambio en el calendario nuclear.

La primera línea roja es garantizar que cualquier ampliación de la vida útil respete los seguridad nuclear y radiológica de la población. Este aspecto deberá ser avalado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La segunda, que la prórroga no supone un coste mayor para los consumidores o contribuyentes. Las empresas cumplen este requisito dejando de lado sus reclamaciones de reducciones de impuestos.

El tercero, asegurar la continuidad del suministro eléctrico, evitando riesgos para la estabilidad del sistema. Precisamente un punto de preocupación que se vio reforzado tras el apagón del 28 de abril y debates sobre la resiliencia de las redes.

El papel del CSN

Tras la petición formal de las eléctricas, el Gobierno ha dejado la pelota en el tejado de las Consejo de Seguridad Nuclear.

El Ministerio para la Transición Ecológica se limitó a indicar que trasladaría la solicitud al regulador para que fuera él quien evaluara la solicitud para emitir su informe preceptivo.

Este documento debe garantizar, desde un punto de vista técnico, si se cumplen las condiciones de seguridad nuclear y radiológica para que la central pueda operar más allá de 2027-2028.

El CSN ha plazo hasta el 1 de septiembre de 2027 enviar su dictamen al ministerio. Sin embargo, en la práctica la decisión no puede apresurarse demasiado.

Están en juego los contratos de compra de uranio, la planificación de recargas, la organización de la fuerza laboral y los planes de desmantelamiento. Las empresas eléctricas necesitan suficiente tiempo para prepararseya sea para una prórroga o para un eventual cierre.

Y mientras se habla del futuro de Almaraz, el foco ya empieza a desplazarse hacia otras centrales del parque nuclear español.

En Cataluña el debate ha empezado a aflorar con fuerza. La eventual continuidad o cierre de Ascó y Vandellós asoma ya en el horizonte político, conscientes de que lo que ocurra en Extremadura sentará un precedente.

Por tanto, 2026 marcará un punto de inflexión. Será el año en el que el debate deje de ser teórico y empiece a traducirse en decisiones tangibles.