El giro europeo sobre Israel todavía no da frutos
El miércoles, Pedro Sánchez pidió a Ursula von der Leyen que la UE “se movilice para detener la invasión ilegal” de Gaza. El movimiento trata de romper la histórica disparidad de criterios europea sobre el conflicto en Oriente Próximo, sobre la base común de que, esta vez sí, Israel ha ido demasiado lejos con sus represalias contra los palestinos. Pero tampoco en esta ocasión parece fácil que haya un análisis compartido y una estrategia conjunta.
España ha encabezado, desde poco después del ataque de Hamás que desencadenó la guerra en Israel, la oposición internacional al desenfreno militar de Binyamin Netanyahu. Es el último capítulo de una relación histórica con el conflicto cambiante y no exenta de susceptibilidades históricas. El reconocimiento del Estado de Israel no llegó hasta 1986, justo antes de la entrada en la Comunidad Europea: de la actitud abiertamente propalestina de Franco se pasó a la voluntad de ejercer como mediador en el choque, con hitos como la Conferencia de Madrid de 1991, que sentó las bases de los Acuerdos de Oslo entre la OLP e Israel de dos años después. Pero los acontecimientos del último año y medio han separado de nuevo a España del Estado hebreo, quizás con más contundencia que nunca.
La cumbre del domingo pasado en Madrid, en la que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reunió a representantes de los principales países europeos y árabes partidarios de la ‘solución de los dos Estados’ con el objetivo de “poner fin a la crisis humanitaria de Gaza”, sirvió para constatar de nuevo la voluntad de España de convertirse en punta de lanza contra Netanyahu. Albares propuso con suerte desigual un embargo total de armas a Israel, la imposición de sanciones personalizadas a sus dirigentes y la ruptura inmediata del Acuerdo de Asociación entre el Estado hebreo y la Unión Europea.
Tras reconocer en los primeros momentos del conflicto el derecho de Israel a defenderse, el alejamiento empezó muy poco después de que Netanyahu iniciara su ofensiva, ya en octubre de 2023. España y otros países, sobre todo Irlanda, llamaron al alto el fuego y a permitir la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, así como a garantizar el suministro de agua y electricidad a la población. Poco después, el Gobierno de Pedro Sánchez, otra vez de la mano del Ejecutivo irlandés, reclamó revisar la asociación entre la UE e Israel, porque una de las cláusulas de ese pacto exige a las partes el respeto a los “derechos humanos”.
El principal hito del giro de España con respecto al conflicto llegó hace justo un año, cuando se unió a Irlanda y Noruega para reconocer oficialmente a Palestina como Estado, con las fronteras de 1967. Es decir: con Jerusalén este como capital y con un corredor entre Gaza y Cisjordania. El Gobierno también ha apoyado medidas como la apertura del procedimiento contra Israel por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia que inició Sudáfrica.
Con todo, la escalada ha tensado las costuras dentro del Ejecutivo de Sánchez. En muchas ocasiones se ha evidenciado que la contundencia contra Israel que desearía Sumar, el socio minoritario, es mayor de lo que le gustaría al PSOE. Por ejemplo: tras el inicio de la tramitación de la proposición parlamentaria para prohibir la venta de armas a Israel, que los socialistas apoyaron arrastrando los pies, fuentes del Gobierno se apresuraron a aclara que era “más bien simbólica”, porque “en la práctica es muy difícil” de aplicar.
Lo que está claro es que todos estos movimientos han disparado la tensión con Israel, con episodios que han incluido llamadas a consultas y amonestaciones a los respectivos embajadores y duras críticas cruzadas en los medios. El Gobierno israelí y la comunidad judía en España protestaron especialmente contra el reconocimiento del Estado palestino; cuando sucedió, el ministro de Exteriores del país, Israel Katz, llegó a publicar un vídeo en el que mezclaba imágenes del ataque de Hamás y de bailarines de flamenco, para relacionarlo de alguna manera con España.
Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibe al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, antes de su reunión en Bruselas. / OLIVIER HOSLET / EFE
En Alemania, imputar ‘genocidio’ a Israel puede provocar una amonestación parlamentaria, como vivió recientemente una diputada izquierdista. Las manifestaciones de apoyo a Palestina discurren bajo observación minuciosa de las fuerzas de seguridad, atentas a cualquier atisbo de expresión o comportamiento antisemita. E irrumpir por la fuerza en un aula universitaria en apoyo de Gaza puede derivar en una orden de expulsión del país, para los estudiantes no alemanes. El peso de la ‘culpa’ por los crímenes del nazismo y el asesinato de seis millones de judíos en el Holocausto hace que para la Alemania actual el derecho de Israel a defenderse se reconozca como ‘razón de Estado’. Son los efectos de la responsabilidad histórica por los crímenes del pasado.
Así ha sido durante décadas para los sucesivos gobiernos federales, fueran de signo conservador o socialdemócrata. La norma ha sido siempre la de observar la máxima cautela ante cualquier crítica a la política de Israel o de secundar muy tímidamente las condenas de los grandes organismos internacionales contra los asentamientos judíos. Para el ejecutivo del actual canciller, Friedrich Merz, como para el de su antecesor, Olaf Scholz, la ofensiva israelí sobre Gaza tiene un origen, los ataques y toma de rehenes de Hamás del 7 de octubre de 2023. Cualquier alusión a la tragedia diaria que viven los gazatíes, inclusive para la plana mayor de la política alemana pasa por ‘recordar’ que su origen está en el terrorismo de Hamás.
Pero incluso un aliado incondicional como Alemania empezó a mostrar sus grietas en cuanto al compromiso con el Israel de Binyamin Netanyahu. El embargo de armas no entra aún en el horizonte de un país exportador como Alemania, que el año pasado suministró armamento por 161 millones de euros a Israel. Tampoco el reconocimiento unilateral de Palestina, aunque sí se defiende desde tiempos de Angela Merkel en la Cancillería la fórmula de los dos estados como única solución posible al conflicto.
Pese a este contexto, Merz pronunció hace unos días una frase inédita en el vocabulario de un jefe del gobierno alemán: “El sufrimiento de la población civil no puede justificarse en la lucha contra el terrorismo de Hamás”, afirmó en un foro de debate político. Se planteó si Israel estaba “traspasando los límites” del derecho internacional e incluyó implícitamente la advertencia de que, de ser ahí, su país podía dejar de apoyarles.
Lo que en España, Francia u otros países europeos habría sido una crítica más bien tibia levantó titulares en Alemania. No solo por el cambio de paradigma político que refleja, sino porque además coincide con un lento, pero muy perceptible despertar entre la opinión pública y la ciudadanía. Los grandes medios de referencia han abandonado progresivamente la cautela frente a Israel y en sus informativos se somete sin miramientos a representantes del Ejecutivo a la pregunta de por qué ha tardado tanto en reaccionar ante la brutal ofensiva sobre Gaza o el uso del hambre como arma de guerra. Las manifestaciones en apoyo a Palestina siguen sin ser multitudinarias. Pero un 80% de los alemanes considera, como Merz, «no justificable» la ofensiva israelí sobre Gaza. Llevar el pañuelo palestino ha dejado de ser algo minoritario o exclusivo de la izquierda radical. Eso sí: aplicar el término ‘genocidio’ a Israel sigue siendo un tabú, incluso en la discusión privada.
El canciller alemán Friedrich Merz. / TOMS KALNINS / EFE
La posición de Francia sobre el conflicto entre Israel y Hamás ha experimentado un cambio significativo con el tiempo. Por su historia, el país galo se encuentra en una encrucijada, ya que cuenta con la comunidad judía más grande de Europa, unos 600.000, que a su vez conviven con unos 5,4 millones de musulmanes.
Un conflicto que acaba importándose a Francia, y que obliga al gobierno a estar con un ojo vigilante puesto en casa y otro en Oriente Próximo. En 1999, se registraron en Francia 82 actos antisemitas. Un año después, con el estallido de la Segunda Intifada, las agresiones se dispararon: hubo 744 ataques. Desde el 7 de octubre de 2023, las tensiones han vuelto al país galo: en 2024 se denunciaron 1.570 actos antisemitas en suelo francés, el 65% de estos ataques fueron gestos o comentarios amenazantes.
Los centros escolares tampoco se libran de estas tensiones. Según datos del Ministerio de Educación, los incidentes han crecido un 317%, respecto al curso 2022-2023. Se han producido 1.670 incidentes antisemitas en escuelas y universidades. Los equipos académicos destacan la recurrencia de las apologías del nazismo.
Los ataques islamóbofos también han aumentado en los últimos años en Francia. Según el ministro del Interior, “los actos contra personas e instalaciones musulmanas crecieron un 30%”, y más de la mitad de estos incidentes ocurrieron en los últimos tres meses del año, coincidiendo con el inicio del conflicto en Gaza.
Un conflicto que ha salpicado a los eventos deportivos organizados en suelo francés, como el partido de fútbol Francia-Israel celebrado el pasado noviembre, o los Juegos Olímpicos, donde la delegación israelí tuvo que ser custodiada bajo un fuerte dispositivo policial liderado por las fuerzas de seguridad de élite francesas.
Hasta ahora, estos hechos obligaban al gobierno a mantener cierta prudencia en sus declaraciones, con el fin de evitar encender aún más las calles. Aunque siempre ha condenado enérgicamente las operaciones militares israelíes, y ha calificado la situación como de «violencia ciega» y denunciando el bloqueo de ayuda humanitaria como una violación del derecho internacional.
Ante la presión social y el recrudecimiento del conflicto, que ya supera las 50.000 víctimas mortales, el Gobierno francés ha dado un paso al frente. Emmanuel Macron anunció que Francia podría reconocer oficialmente al Estado palestino en junio de 2025, coincidiendo con la conferencia internacional sobre la solución de dos Estados coorganizada por Francia y Arabia Saudita y que tendrá lugar en Nueva York a finales de junio. Además, el país galo ha incrementado la ayuda humanitaria en los territorios palestinos y ha vuelto a condenar firmemente la actuación de Israel en un comunicado escrito y firmado por varios países europeos, donde prometen represalias.
No solo el gobierno ha endurecido su postura, también las calles francesas han experimentado una creciente movilización en apoyo a Palestina. Cerca de 300 escritores francófonos han firmado una carta pública denunciando el «genocidio» cometido por Israel en Gaza. Además, durante estos meses de conflicto, estudiantes de distintas universidades como la Sorbona y Sciences Po se han manifestado en apoyo al pueblo palestino. Manifestaciones que se han ido sucediendo cada fin de semana en la mítica Plaza de la República.
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Conferencia Internacional sobre Gaza, se celebró en noviembre de 2023 en París. / LUDOVIC MARIN / POOL / EFE
El Reino Unido ha endurecido el tono con Israel desde la llegada al poder del Partido Laborista en julio del año pasado. El Gobierno anunció el pasado septiembre la suspensión de 30 licencias de exportación de armas a Tel Aviv, de un total de cerca de 350, tras confirmar que este material militar se estaba utilizando en la ofensiva contra Gaza. El recrudecimiento de los ataques en los últimos meses, sumado al bloqueo humanitario, ha llevado al Ejecutivo británico a anunciar nuevas medidas recientemente, incluidas sanciones contra los colonos israelíes en Cisjordania y la paralización de las negociaciones para un acuerdo comercial con Israel.
En un reciente discurso en la Cámara de los Comunes, el ministro de Exteriores, David Lammy, cargó con dureza contra los ministros más radicales del Gobierno de Binyamín Netanyahu, a los que calificó de “extremistas” y “peligrosos”. Lammy aseguró que el desplazamiento forzoso de los habitantes de Gaza es “moralmente injustificable, absolutamente desproporcionado y totalmente contraproducente” y alertó a Israel del deterioro de su imagen y de su aislamiento cada vez mayor en el plano internacional.
Pero a pesar de las advertencias y de la escalada del tono, lo cierto es que el Gobierno laborista ha evitado por ahora tomar medidas contundentes contra Israel. Según el portal de noticias Middle East Eye, el Ejecutivo británico aprobó el envío de material militar valorado en 169 millones de dólares (unos 150 millones de euros) a Israel en los tres meses siguientes a la suspensión parcial de las licencias de exportación. Un volumen superior al de los tres años anteriores y que, según el Ministerio de Comercio, corresponde en su gran mayoría a componentes para la fabricación de material que posteriormente es exportado a terceros países.
El Gobierno también ha evitado imponer sanciones contra miembros del Ejecutivo israelí, incluido el ministro de Finanzas, el radical Bezalel Smotrich, a pesar de sus advertencias. En un comunicado emitido recientemente junto a Francia y Canadá, el Reino Unido insistió en su apuesta por la solución de los dos Estados y amagó con el posible reconocimiento del Estado Palestino en la conferencia de la ONU de mediados de junio, aunque ningún miembro del Ejecutivo se ha pronunciado abiertamente al respecto. El primer ministro, Keir Starmer —casado con una mujer judía—, ha optado por ahora por la prudencia y ha evitado entrar en grandes polémicas en un asunto que divide a su propio partido.
Cerca de una decena de diputados laboristas han apoyado una carta del exlíder del partido Jeremy Corbyn, actual miembro independiente de la Cámara de los Comunes, en la que solicita la apertura de una investigación para aclarar las decisiones tomadas por el Reino Unido desde los ataques de Hamás en octubre de 2023, incluidas las relacionadas con el envío de armamento a Israel. Una posición totalmente enfrentada a la del sector proisraelí del partido, que ha evitado condenar la ofensiva militar en la Franja.
Keir Starmer y su esposa, Victoria Starmer. / TEMILADE ADELAJA / REUTERS
El viaje existencial que ha hecho Roma en su postura hacia Israel ha sido largo. Antes firme aliada de las autoridades israelíes, Italia —un país en el que vive una pequeña pero influyente comunidad judía de alrededor de 30.000 personas— evitó durante mucho tiempo pronunciarse con demasiada dureza sobre la guerra que el Estado hebreo mantiene actualmente contra Palestina. No obstante, la prolongación de la ofensiva militar israelí, la decisión de romper la tregua y las repetidas violaciones del derecho humanitario internacional cometidas han coincidido con un progresivo enfriamiento en la relación con su histórico socio.
El pasado miércoles, la última comparecencia ante el Parlamento italiano del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, lo reflejaba claramente. Aunque descartó que iniciativas como el aislamiento político total de Israel sean la solución, Tajani pronunció un discurso muy duro, en el que condenó la ofensiva militar israelí y pidió al Gobierno de Binyamin Netanyahu que la detenga de inmediato.
«La población de la Franja está pagando un precio altísimo desde hace demasiado tiempo. Pagan, como señaló el papa León XIV, los niños, los ancianos, las personas enfermas. Estas muertes inocentes hieren nuestros valores e indignan las conciencias», afirmó Tajani. «La legítima reacción del Gobierno israelí a un acto terrorista terrible (el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023) está tomando formas absolutamente dramáticas e inaceptables», añadió, al recordar también la iniciativa italiana ‘Food for Gaza’, a través de la cual el Gobierno italiano, en coordinación con la ONU, ya ha enviado más de 100 toneladas de alimentos y equipos médicos a Gaza.
En esta línea, Tajani también ha defendido la decisión de Italia de paralizar todo nuevo contrato de armamento con Israel. Una medida que, sin embargo, activistas y defensores de derechos humanos consideran insuficiente, ya que el país ha mantenido los contratos firmados antes del 7 de octubre de 2023, los cuales solo el año pasado alcanzaron un valor de unos cinco millones de euros y representaron un estimado 1% del armamento utilizado por el Estado hebreo. Por ello, juristas del país han pedido que Italia deje de hacer también esto y no renueve el acuerdo militar con Israel, que caduca el próximo 8 de junio.
En este marco, Italia ha convocado en varias ocasiones al embajador israelí en Roma —la última vez, tras los disparos contra una delegación de diplomáticos en Cisjordania— y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también ha endurecido sus mensajes dirigidos a las autoridades israelíes, quejándose también por los obstáculos impuestos para proporcionar ayuda a la población civil en Gaza.
Este giro refleja el sentir común de los italianos. Según uno de los últimos sondeos publicados, realizado por Ipsos, el 68% de la población en Italia considera actualmente la ofensiva militar israelí como «desproporcionada e inaceptable».
El primer ministro italiano, Giorgia Meloni. / EP
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