El reciente y sorprendente anuncio de la administración estadounidense de levantar las sanciones a la potasa bielorrusa ha provocado un terremoto geopolítico cuyas réplicas amenazan con desestabilizar la estrategia de autonomía de la Unión Europea.

La decisión, fruto de una negociación directa entre el enviado especial John Cole y el régimen de Aliaksandr Lukashenka, ha culminado con la liberación de 123 presos políticos, entre ellos figuras de la talla del premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski. Sin embargo, detrás del trasfondo humanitario se esconde un movimiento de mercado que coloca a Bruselas en una posición de extrema vulnerabilidad.

Mientras Washington prioriza el control de la inflación y el alivio de los costos agrícolas globales, la Unión Europea enfrenta la cruda realidad de su dependencia. La potasa, un mineral esencial para la fabricación de fertilizantes y, por tanto, para la seguridad alimentaria, sigue estando en gran medida ausente de la lista de materias primas estratégicas de la UE. Esta omisión técnica deja al sector agrícola europeo a merced de los caprichos diplomáticos de terceros, obligando a los Veintisiete a decidir si siguen el camino de normalización marcado por Donald Trump o si mantienen un cordón sanitario que podría penalizar la competitividad de sus propios agricultores.

La paradoja europea es profunda. Aunque la Ley de Materias Primas Críticas busca proteger el suministro de elementos para la transición energética, como el litio o el cobalto, ha dejado en un segundo plano la potasa, una materia prima sin la cual la productividad de los suelos europeos caería por debajo de los niveles de sostenibilidad económica. La entrada masiva de potasa bielorrusa en los mercados internacionales tras el levantamiento de las sanciones estadounidenses no sólo abarata el producto, sino que refuerza el control de Minsk sobre un recurso que representa el 8% de sus exportaciones y cerca del 4% de su PIB.

Ante esta amenaza, la industria minera europea intenta reforzar sus posiciones, aunque la red es limitada. Gigantes del sector como la alemana K+S y el grupo israelí ICL -que gestiona los activos clave de la cuenca catalana de potasa en Súria (Barcelona)- están operando actualmente a máxima capacidad para intentar compensar el déficit del mercado. Sin embargo, el vencimiento de algunos depósitos y la presión regulatoria hacen que la oferta interna sea insuficiente para cubrir la demanda total de la Unión. En este contexto, el desarrollo de nuevos proyectos extractivos dentro de las fronteras comunitarias ha pasado de ser una opción industrial a una prioridad de seguridad nacional.

En este tablero, el proyecto Mina Muga, situado entre Navarra y Aragón, emerge como el activo más relevante para la resiliencia del continente. A diferencia de las importaciones de Canadá –donde el gigante Nutrien planea aumentar su producción a 18 millones de toneladas para 2025 para mitigar la brecha en Europa del Este– Mina Muga ofrece una solución de proximidad que elimina las incertidumbres logísticas y los riesgos de bloqueo en las cadenas de suministro globales. Su implementación permitiría a la UE no sólo depender menos de la diplomacia de Washington, sino también complementar la producción de actores establecidos como ICL y K+S, creando un clúster minero europeo más robusto y diversificado.

Para comprender la relevancia de Mina Muga, es esencial analizar la anatomía de los costos. Actualmente, la potasa procedente de Saskatchewan (Canadá) debe recorrer miles de kilómetros por ferrocarril hasta los puertos y cruzar el Atlántico, un trayecto donde el transporte marítimo y el manejo portuario pueden representar hasta el 30% del precio final. Por el contrario, Mina Muga se encuentra en el corazón del mercado europeo y ofrece potasa local. Su proximidad a los puertos de Pasaia y Bilbao, junto con la conexión ferroviaria directa con el resto del territorio nacional y con potencias agrícolas como Francia y Portugal, reduce el coste logístico a una fracción del de sus competidores transoceánicos.

Esta eficiencia no es sólo económica, sino también regulatoria. Mina Muga es el primer proyecto de extracción de potasa con ‘residuo cero’ y cumpliría con los estándares del Pacto Verde Europeo, garantizando un control riguroso sobre la huella de carbono y el uso de los recursos hídricos. Frente a la opacidad regulatoria de los regímenes de Europa del Este, la producción nacional actúa como seguro climático y legal, protegiendo a los agricultores de futuros aranceles ambientales que podrían encarecer las importaciones de potasa “sucia”.

La decisión de la Casa Blanca ha dejado claro que la situación internacional está cambiando y que las alianzas pueden reconfigurarse ante las necesidades de suministro. El levantamiento de las sanciones demuestra que el suministro de potasa es una moneda de cambio en la alta política. Si la UE no acelera el reconocimiento de la potasa como material estratégico, corre el riesgo de que proyectos de la magnitud de Mina Muga se enfrenten a tiempos administrativos que no se corresponden con la urgencia del mercado, como demuestran las recientes protestas de los agricultores en las calles de Bruselas.

Para Europa, conseguir que la fertilidad de sus campos dependa de una mina en Navarra y Aragón y no de una oficina en Minsk es la única manera de garantizar que el suministro del mañana no sea objeto de un nuevo intercambio geopolítico. La época de dependencia complaciente parece haber llegado a su fin con la liberación del último avión lleno de prisioneros en Bielorrusia.