El Consejo de Ministros aprobará este martes la nueva Ley Orgánica de Procedimiento Penal (LECrim), que supondrá la reforma más profunda del sistema penal español desde 1882. Por primera vez, la investigación criminal estará dirigida por la fiscalía y no por los jueces. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió que el objetivo es adaptar el modelo español al modelo europeo, donde los jueces se centran exclusivamente en la sentencia y ejecución de sentencias.

La norma entraría en vigor el 1 de enero de 2028 y, por lo tanto, no afectaría los procedimientos iniciados anteriormente ni el mandato del actual fiscal general del estado. Álvaro García Ortizque finaliza en 2027. El Gobierno ha subrayado que la transición será fluida hacia evitar fallas en la administración de justicia.

Un juez de garantías dará seguimiento a las investigaciones

La reforma crea la figura del juez de garantíasresponsable de supervisar las decisiones del fiscal durante la fase de investigación. No investigará, peroserá quien autorice las medidas que supongan una vulneración de derechos fundamentales, como registros domiciliarios, interceptación de comunicaciones o prisión preventiva. También controlará los plazos de investigación y decidirá sobre el secreto de los debates.

Una vez concluida la investigación, otro magistrado, el juez de audiencia preliminarSerá quien decida si se abre juicio oral. De ser así, la acusación recaerá en un tercer juez. Este es el modelo utilizado en la mayoría de países de la Unión Europea y coincide con el sistema que aplican la Fiscalía Europea y la Fiscalía de Menores.

Los partidos políticos quedan excluidos de la acusación popular

el nuevoy limita el ejercicio de la acusación popular. Quedarán expresamente excluidos los partidos políticos, sindicatos y asociaciones vinculados a ellos. Según fuentes gubernamentales, esta medida responde a las recomendaciones del Tribunal Supremo, que ha pedido en repetidas ocasiones evitar el uso partidista de esta figura procesal.

La acusación popular sólo será autorizada en determinados delitos de especial gravedad o interés socialcomo la corrupción, la financiación ilegal de partidos, los delitos contra los consumidores, la violencia contra las mujeres o el odio. Busca, según el Ejecutivo, garantizar su función de control ciudadano sin injerencias políticas organizadas.

Más garantías para los investigados y las víctimas

La norma fortalece los derechos de los investigados. Están expresamente regulados los principios de la presunción de inocenciala suficiencia de las pruebas en su contra y los derechos de la defensa. Medidas cautelares como la prisión preventiva deben ser revisadas automáticamente cada seis meses por el juez de garantías.

Las víctimas también ganan importancia. Se prevén medidas de protección específicas para menores, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. Se introduce la justicia restaurativa para facilitar procesos voluntarios de reparación moral y material, evitando así la revictimización.

Mandato del Fiscal General limitado a cinco años

La reforma incluye cambios en el estatuto orgánico del Ministerio de Hacienda. El mandato del fiscal general del estado serán cinco años y ya no coincidirán automáticamente con la del Gobierno. Queda expresamente prohibido al Ejecutivo transmitir directa o discretamente instrucciones al Ministerio Fiscal: Toda comunicación debe ser pública y grabada.

Además, La posibilidad de destitución del Fiscal General es limitada. Sólo podrá ser destituido en caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, y siempre previo informe del Consejo General del Poder Judicial.

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