Específicamente, el decreto real define de manera más exhaustiva la naturaleza de las actividades profesionales que pueden acceder a estos coeficientes reductores para el avance de la jubilación.

En la conferencia de prensa después del Consejo de Ministros, el Ministro de inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha enfatizado que el contenido de este estándar, que ha descrito como un «hito» para el tejido productivo, es Fruto del acuerdo firmado por CCOO, UGT, CEO y Cepyme con el gobierno en julio de 2024 y cumplir con las disposiciones de la reforma de pensiones de 2021.

«Sabemos que hay trabajo en una dureza particular y otras que se hacen especialmente en los últimos años de la vida laboral». El ministro ha destacado.

Y agregó que «no es solo una intuición, el apoyo de datos que hay actividades con mayores accidentes y, en particular, hay actividades con más accidentes en el trabajo y con enfermedades ocupacionales más asociadas».

Criterios

Ahora, dentro del criterios para determinar el luchador de una actividad, Por ejemplo, se encuentran exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones; El uso permanente de la fuerza física y la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.

En cuanto a la toxicidad, el trabajo con exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o dañinos estará bajo esta condición.

El peligro, por otro lado, contempla actividades que pueden causar un accidente laboral u enfermedad ocupacional con un mayor grado de incidencia o frecuencia que en otras obras.

Finalmente, la falta de salud se refiere a actividades con exposición a un entorno que probablemente sea perjudicial para la salud del trabajador.

Para demostrar la concurrencia de circunstancias objetivas que justifican la aplicación de estos coeficientes reductores, la norma establece una fórmula basada en «indicadores objetivos».

Por lo tanto, la incidencia del número total de procesos de discapacidad temporal del colectivo se tendrá en cuenta durante un período de observación en relación con los trabajadores totales del colectivo, tanto de contingencia común como profesional, para cada grupo de edad y sexo.

La incidencia de eventos graves que miden el número total de muertes y reconocimientos de discapacidad permanente del grupo en relación con el total de trabajadores de dicho grupo.

Al mismo tiempo, también habrá un indicador de la duración promedio para medir el número total de días de los procesos de incapacidad en relación con el conjunto de procesos.

Informe de morbilidad y mortalidad

Posteriormente, el Seguro Social se encargará de preparar un informe de morbilidad y mortalidad, en los términos descritos en el decreto real, donde se tendrán en cuenta otros factores como contingencias comunes, profesionales, edad, sexo, rotación en el trabajo, parcialidad, tamaño de la empresa o distribución geográfica.

El procedimiento anterior para establecer la reducción de los coeficientes de edad de jubilación no afectará a los trabajadores que ya disfrutan de ese avance, como trabajadores marinos, mineros o personal de vuelo, entre otros. Solo se aplicará a nuevos grupos, sectores y actividades u ocupaciones de grupos de trabajo que actualmente no tienen esta posibilidad.

La aplicación de los coeficientes reductores que se establecen implicará un aumento en la contribución del Seguro Social para ese grupo que se establecerá en La ley del presupuesto general del estado para cada año.

Este aumento consistirá en aplicar un tipo de contribución adicional sobre la proporción de contingencias comunes, tanto a cargo de la Compañía como del Trabajador.

En ningún caso, la aplicación de los coeficientes reductores correspondientes puede anticipar la edad de jubilación de los trabajadores a una edad menor de 52 años.

Del mismo modo, la pensión de jubilación anticipada mediante la aplicación de la reducción de los coeficientes reconocidos a la actividad no puede ser Compatible con el rendimiento de la misma actividad que originó el avance de la jubilación.

La aplicación para iniciar el proceso de reconocimiento de estos coeficientes especiales será llevada a cabo conjuntamente por negocios, sindicato, freelancers y, en algunos casos, por las administraciones públicas.

Se llevará a cabo ante la Dirección General de Planificación del Seguro Social, que emitirá un informe de morbilidad y mortalidad, y recopilará informes de la inspección laboral y del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Salud en Laborismo y, si es para empleados públicos, del Ministerio para la Transformación Digital y la función pública.

Estos informes se enviarán a una comisión de evaluación a la que asistirán agentes sociales y emitirán el informe sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifican la aplicación de los coeficientes reductores.

Una vez dicho, el procedimiento anterior se resuelve, si corresponde, los procedimientos, mediante la aprobación del decreto real correspondiente, de modo que la edad de jubilación ordinaria requerida en cada caso puede reducirse mediante la aplicación de la reducción de los coeficientes en esas ocupaciones o actividades profesionales que se ven afectadas.