Entonces Así lo anunció el Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la ronda posterior al Consejo de Ministros de este martes. Esta cifra supone una nueva «transferencia récord» para financiar el nivel acordado entre los ejecutivos regionales.

Como ha señalado Bustinduy, esta partida del nivel acordado es una financiación final directamente para contribuir a la prestación de servicios y atención a los ciudadanos.

«Está sujeta al cumplimiento de unos criterios e incorpora una cláusula de que si una comunidad reduce su presupuesto por dependencia recibirá menos. Por cada euro que se retire tendrá un aporte menos del Estado», ha especificado.

Este nivel pactado fue eliminado en 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando se le asignaron 306,9 millones de euros. y entonces inició una senda de crecimiento que ya alcanza los 970 millones de euros actuales.

El aumento de la inversión estatal -al nivel acordado- ha ido de la mano del crecimiento del financiamiento por parte del Gobierno a través del conocido como nivel mínimo (la cantidad mensual que el Estado transfiere directamente a cada comunidad por cada persona con reconocido grado de dependencia).

Una inversión que hace dos semanas experimentó una ampliación cuando el Consejo de Ministros aprobó, el pasado 23 de junio, un real decreto-ley que supuso duplicar las cantidades que el Estado transfirió a los gobiernos autonómicos.

Esta inversión ha supuesto una refundación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) y permitirá, sumando los aumentos del nivel mínimo y del nivel pactado, que la aportación estatal a la comunidad sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Implicará que los gobiernos regionales reciban, de media, un 98,7% más de recursos de la AGE.

Financiamiento estatal

Así, el Gobierno se ha comprometido a asumir el 50% de la financiación global del sistema, hasta alcanzar un total de 7.239 millones de euros en 2027.

El pasado jueves, la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados votó a favor de este compromiso se convierte en norma al incorporar a la reforma de la Ley de Invalidez y Dependencia la obligación del Estado de asumir el 50% de los costos.

El texto será votado en el pleno del Congreso de los Diputados este martes, de modo que, de ser aprobadola nueva normativa establecerá y protegerá legalmente esta cofinanciación de la Administración.

Así, el principal objetivo de esta partida adicional es avanzar en la reducción y agilización de las listas de espera, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadorasel incremento y mejora de los servicios para personas en situación de dependencia, la inversión en tecnología y la ampliación de la teleasistencia o atención domiciliaria.

Otro objetivo fundamental de esta ampliación es reforzar los recursos que reciben los gobiernos regionales. financiar los cambios estructurales que establece la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Una norma que reforzará el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desee y que incluirá nuevos servicios para los ciudadanos.

Por ejemplo, Se establecerá un servicio de atención y apoyo en viviendas compartidas adaptar el sistema a nuevos modelos de convivencia; habrá servicio de asistencia personal; una ampliación del servicio de ayuda a domicilio para que las personas atendidas puedan ser acompañadas a actividades como ir al médico o hacer la compra.

Y por último, se ofrecerán productos de apoyo que mejoren la autonomía (sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, asistentes de voz). Este se proporcionará mediante préstamo o cesión temporal.