El Gobierno baraja una penalización en el IRPF a los caseros que suban el alquiler
El Gobierno estudia la utilización del IRPF (Impuesto sobre la renta) como herramienta de penalización para aquellos que aumentan los precios de alquileres. Según pudo saber Antena 3 Noticias, se trata de una propuesta que se está desarrollando actualmente y que se corresponde con lo que defiende el Gobierno: fomentar conductas que sean de interés general y desalentar las que no lo sean.
La medida se está negociando actualmente con los grupos parlamentarios después de que los socios de Gobierno expresaran su rechazo categórico a la propuesta del Ejecutivo de ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios que no aumenten el alquiler de sus inquilinos al renovar los contratos de alquiler de viviendas.
En concreto, la deducción general del 50% de la renta por IRPF se modula para quienes aumentan el precio, pero en ningún caso llega al 0% porque se mantiene un tratamiento diferenciado para los alquileres residenciales de larga duración (contratos a cinco años) respecto a los alquileres turísticos/de temporada.
Hasta el momento existen diversas reducciones y deducciones estatales por alquiler de vivienda, beneficios que podrían ampliarse o reducirse con la nueva propuesta que también se está negociando entre los Ministerios de Hacienda y Vivienda.
Contratos de temporada y alquiler de habitaciones.
También entre las intenciones del gobierno está limitar los contratos estacionalespara lo que el Ejecutivo pretende establecer condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse estacional y establecer un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa estatal en materia de alquileres de corta duración.
También Se suspenderá el uso del alquiler de habitaciones.. El Gobierno tiene la intención de ampliar las garantías regulares de alquiler al alquiler de habitaciones. Así, los nuevos contratos de alquiler de este tipo deberán respetar dos condiciones: que el alquiler total de todas las habitaciones no pueda superar el contrato de alquiler de la totalidad del alojamiento y, en las zonas declaradas tensionadas, se aplicarán los mecanismos de control de alquileres previstos en la Ley de Vivienda.
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