Italia conserva 2.452 toneladas de orovalorado en alrededor de 280-285 mil millones de euros, almacenado en parte en Roma y en parte en bancos centrales de Estados Unidos, Reino Unido y otros países. Este oro figura en los activos del balance del Banco de Italia y forma parte de las reservas oficiales del país, que el instituto emisor gestiona con independencia formal del Gobierno, como exige el Tratado de la UE.

La enmienda de los Hermanos de Italia -inicialmente más agresiva, luego suavizada por el Ministerio de Economía- introduce una novedad: la idea de que, jurídicamente, la propiedad última de estos lingotes sería el «pueblo italiano». La gestión no se ve afectada, que quedaría en manos del Banco de Italia, pero se abre un terreno resbaladizo. El Banco Central Europeo ya ha emitido dos dictámenes muy críticos y ha invitado explícitamente a Roma a «reconsiderar» la medida por el riesgo de erosionar la independencia del Banco de Italia.

El BCE recuerda que los tratados no hablan de «propiedad» del oro, sino de «custodia y gestión exclusiva» por parte de los bancos centrales nacionales, coordinados en el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Son ellos quienes deciden si compran o venden oro, sin interferencias de los gobiernos, y Las reservas no pueden utilizarse para financiar el gasto público. Cualquier ley que altere el estatus legal del oro, o que sugiera que el Gobierno tiene la mano en la caja, choca con ese principio básico de autonomía.

Desde Roma, la respuesta oficial insiste en que se trata sólo de una «aclaración» interna. El Ministro de Economía, Giancarlo Giorgettiha escrito en las últimas horas a Christine Lagarde para asegurarle que la norma sólo pretende especificar en el sistema italiano que «la disponibilidad y la gestión de las reservas de oro del pueblo italiano corresponden al Banco de Italia de conformidad con los tratados» y que no habrá consecuencias prácticas para el instituto emisor. Ambos tienen previsto reunirse en Bruselas el próximo viernes, en el encuentro entre los ministros de Economía y Hacienda.

Pero la política manda. Para los Hermanos de Italia, y también para la Liga, es una cuestión de principios. «Se puede encontrar otra fórmula, pero el principio no puede cuestionarse: la propiedad del oro de Bankitalia pertenece al pueblo italiano», proclama Marco Osnato, jefe económico del partido de Meloni. Sostiene que una cosa es «la detención y la gestión» -que quedarían en manos del Banco de Italia- y otra la propiedad, que no está definida en los tratados y que, en su opinión, debería ser reconocida por los ciudadanos para «democratizar» el sistema de los bancos centrales.

Partidos de oposición critican la iniciativa del Gobierno Meloni con un argumento claro: es un gesto identitario para distraer la atención de una economía que apenas crece y un presupuesto con poco margen para paliar la pérdida de poder adquisitivo de las familias. También temen que, en el futuro, esta «propiedad del pueblo» pueda servir de coartada para presionar a favor de una venta parcial de oro o incluso para alimentar impulsos euroescépticos, aunque el Gobierno insiste en que nadie tiene intención de tocar los lingotes.