El Gobierno de Meloni plantea primas económicas para los abogados que logren la repatriación de sus clientes inmigrantes
El Gobierno de la derechista Giorgia Meloni vuelve con su obsesión de endurecer su legislación para limitar la inmigración. La última medida propuesta, que ha suscitado la indignación y protesta de la oposición y numerosos juristas, apunta a ofrecer incentivos económicos —que podrían rondar los 600 euros— a abogados que logren convencer sus clientes a aceptar la repatriación voluntaria, es decir, el retorno a sus países de origen.
[–>[–>[–>La recompensa económica, que sólo aplicaría si la repatriación es exitosa, aún no ha sido aprobada por el Parlamento, que tiene previsto discutirla a partir de hoy. Es parte del Decreto Seguridad, un decreto-ley con medidas de orden público aprobado por el Consejo de Ministros en febrero pasado y que ha de ser convertido en ley antes del próximo sábado; pues, en caso contrario, perdería toda vigencia. Esto se debe a la naturaleza de los decretos-leyes italianos, que deben obligatoriamente pasar por el Parlamento en 60 días tras su publicación oficial.
[–> [–>[–>«Sentido común»
[–>[–>[–>
El camino parlamentario de la legislación propuesta ha sido muy accidentado. De hecho, el paquete de medidas ya ha sido aprobado por el Senado (ahora debe ser debatido en el Congreso), poco después de que la mayoría de centroderecha lograra sortear las más de 1.000 enmiendas presentadas por la oposición para ralentizar su ratificación y, a la vez, introdujera la controvertida enmienda que prevé compensar a los abogados que asisten a inmigrantes repatriados. La propuesta del Ejecutivo no incluye el monto exacto, aunque diversas organizaciones lo sitúan en torno a los 600 euros.
[–>[–>[–>
Esta medida, promovida especialmente por la Liga de Matteo Salvini, ha sido defendida por la propia primera ministra. «Es una norma de puro sentido común«, ha dicho Meloni este miércoles en un acto en Milán. «Los retornos voluntarios asistidos son un instrumento que Europa pide reforzar. Los seguiremos impulsando», ha añadido.
[–>[–>[–>En el bando opuesto se han situado la oposición —que en los últimos días llegó simbólicamente a ocupar el Parlamento— e incluso el presidente de la República, Sergio Mattarella. También ha sido criticada por diversas instituciones jurídicas, entre ellas el Consejo Nacional Forense (CNF), que ha asegurado no haber sido consultado en ningún momento del proceso. «Es una medida incompatible con la Constitución y con los principios más elementales de la deontología forense», añadió la Unión de Cámaras Penales, subrayando además su carácter potencialmente inconstitucional.
[–>[–>[–>
La incógnita es si el Gobierno de Meloni, que cuenta con mayoría parlamentaria, se atreverá a ir en contra de esta ola de críticas. Algo que previsiblemente se sabrá el próximo viernes, fecha prevista para la votación en el Congreso italiano. Una de las hipótesis es que el paquete de medidas se apruebe integralmente, pero luego la mayoría de Meloni presente otro decreto para eliminar la norma sobre los abogados, algo muy inusual.
[–>[–>
[–>Más medidas polémicas
[–>[–>[–>
Más allá de la polémica sobre los abogados, el decreto-ley se articula en tres ejes: armas impropias y violencia juvenil, orden público y prevención urbana. Endurece las normas sobre cuchillos y otros objetos peligrosos —ampliando su prohibición y vetando su venta a menores, también online— y prevé sanciones incluso para los padres en determinados casos. En materia de orden público, permite registros inmediatos durante manifestaciones, retenciones policiales de hasta 12 horas y amplía el arresto en flagrancia diferida con pruebas audiovisuales, lo que ha suscitado críticas de asociaciones civiles.
[–>[–>[–>
El tercer bloque refuerza la prevención urbana, otorgando a los prefectos la facultad de crear «zonas de vigilancia reforzada» con restricciones de acceso para personas consideradas peligrosas, incluso menores en ciertos supuestos. El texto incluye además ajustes penales —como la persecución de oficio de algunos hurtos— y cambios en las investigaciones cuando hay causas de justificación, junto con medidas sobre inmigración relativas a identificación, repatriación y gestión de centros.
[–>[–>[–>
Suscríbete para seguir leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí