El Gobierno de Trump extiende su agresiva cruzada antiinmigrante a los legales y turistas
Desde que en 2008 Fabian Schmidt obtuvo su residencia legal en Estados Unidos al volver al país posiblemente escuchó a más de un agente de inmigración y aduanas en el aeropuerto recibirle con una frase habitual para quienes tienen la ‘green card’: “bienvenido a casa”. No el 7 de marzo. Aquel día este ingeniero eléctrico de 34 años residente en New Hampshire, con pareja estadounidense y una hija de ocho años, no llegó a cruzar seguridad en el aeropuerto de Boston cuando volvía de un viaje a Luxemburgo.
Fue detenido y, según su abogado, sometido a “tácticas de interrogatorio innecesarias”. Su madre ha dicho que le sometieron a una ducha fría y lo encerraron con poca comida y agua y sin acceso a sus medicamentos y tuvo que ser trasladado a un hospital. Lleva dos semanas en un centro de detención en Rhode Island, donde espera la deportación. No se han presentado cargos en su contra, y lo único que consta en su historial es un antiguo cargo de posesión de marihuana, que fue desestimado, y no haber acudido a una cita judicial (según su madre, porque la citación no llegó a la nueva dirección cuando se mudaron de estado).
El caso de Schmidt es solo uno de varios que en los últimos días han salido a la luz sobre detenciones y deportaciones o intentos de expulsión en EEUU de inmigrantes con residencia permanente o con visados legales de turismo o trabajo. Y confirman una escalada en la agresividad de las tácticas que los agentes de fronteras están aplicando en este mandato de Donald Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración, no solo de quienes llegan sin papeles, uno de los epicentros de su presidencia.
Advertencias para visitantes y tránsgénero
Hay al menos otros dos casos de turistas alemanes que han sido deportados tras ser detenidos en la frontera en California. Uno fue Lucas Sielaff, un fontanero 25 años que tiene una novia estadounidense que vive en Las Vegas y que al volver con ella de un viaje a Médico fue esposado y encadenado antes de ser trasladado a un centro de detención de San Diego, donde pasó 16 días antes de poder comprar un vuelo de regreso a Alemania. No había violado los términos de su permiso de turista, que le permiten estar 90 días en EEUU, pero fue acusado de vivir en EEUU.
La otra fue Jessica Brösche, una artista de tatuajes que llevaba su equipamiento cuando cruzó la frontera desde Tijuana. Fue acusada de ir a trabajar ilegalmente en EEUU y deportada tras pasar detenida más de seis semanas.
Los casos han llevado a Alemania ha actualizar sus advertencias de viaje a EEUU con un aviso de que ahora el país es más estricto en la frontera, algo que también ha hecho el Reino Unido (una joven mochilera de Gales que había estado viviendo en casas de estadounidenses a cambio de hacer pequeñas labores fue detenida en la frontera con Canadá, arrestada y deportada acusada de haber trabajado). Y esa advertencia alemana se suma a la que ya antes habían hecho para sus ciudadanos transgénero y no binarios, un paso que también han dado Finlandia y Dinamarca ante los cambios políticos de Trump, que ha establecido que EEUU solo reconozca dos géneros y obliga a usar el sexo biológico por nacimiento en documentación oficial.
Otros casos
Los casos conocidos son más. Jasmine Mooney, una actriz y emprendedora canadiense, fue detenida al intentar solicitar una visa de trabajo en San Diego y pasó 12 días en centros de detención antes de la deportación. Camila Muñoz, una inmigrante de Perú casada con un estadounidense (votante de Trump), está en un centro de ICE en Luisana tras ser detenida cuando volvía de su luna de miel en Puerto Rico, supuestamente por haberse quedado más tiempo de lo que permitía su visado original en 2020 (en la pandemia). Y fue deportada también una niña de 10 años estadounidense con un cáncer cerebral cuando ella y sus padres, mexicanos, realizaban uno de sus traslados habituales para su tratamiento en Houston.
En el sonado del investigador francés al que se deportó después de que registraran su móvil y su ordenador, el Departamento de Seguridad Nacional ha negado que fuera por haber expresado en conversaciones privadas opiniones críticas con los recortes de Donald Trump a la ciencia y han asegurado que se había hecho con información confidencial del laboratorio nacional de Los Álamos y había tratado de ocultarla.
Orden ejecutiva
Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, ha defendido que solo se están “aplicando las leyes de inmigración” y ha añadido que es “algo que la Administración previa no hizo”. Y a esas leyes se les ha sumado la orden ejecutiva que Trump firmó en su primer día de esta segunda presidencia, en la que llamó a “identificar todos los recursos que se pueden usar para asegurar que todos los extranjeros que buscan ser admitidos o ya están en EEUU son investigados y evaluados al máximo nivel posible”.
Los recursos incluyen pedir a solicitantes de entrada sus identificaciones en redes sociales y más búsquedas del contenido de teléfonos móviles y ordenadores en los controles migratorios en los aeropuertos, donde los agentes tienen autoridad total. Esos registros en 2024 se hicieron a menos del 0,01% de los que entraban en EEUU.
Eso ha hecho que abogados como Dan Berger, que trabaja con universidades y hospitales de Boston en asuntos de inmigración, aun considerando que ”las opciones de que (ese registro) pase aún son bajas”, ya está advirtiendo a la gente “que tenga mucho cuidado de qué tiene en sus redes sociales y en sus aparatos electrónicos”, según le explicaba al ‘The Wall Street Journal”.
Las medidas han sido calificadas como “extremas” por expertos como Gil Kerlikowske, que fue comisionado de la Patrulla de Frontera y Aduanas en el gobierno de Barack Obama. Y aunque Trump ya impuso la mano dura en su primer mandato, Kerikowske le ha dicho a ‘The New York Times’ que “están llevando esto a otro nivel completamente nuevo. Es un déjà vu en esteroides”.
Veto y persecución política
La ansiedad crece conforme Trump prepara un veto, más amplio que el impuso en su primera presidencia a países de mayorías musulmanes, que según los borradores conocidos hasta ahora afectará en distinto grado a 41 países: 10 con veto completo, cinco con suspensiones parciales de concesión de visados y 26 con aviso de esas suspensiones si en 60 días sus gobiernos no corrigen “deficiencias”.
Crece también por arrestos, deportaciones e intentos de expulsiones como la de Mahmud Khalil, un graduado de Columbia con residencia permanente que tuvo un papel en las protestas en el campus por la guerra de Gaza, cuyo caso extiende un escalofrío sobre la represión de la libre expresión y el disenso. También detenido y esperando la deportación sin cargos está Badar Khan Suri, un académico de postdoctorado en Georgetown con visado válido y casado con la hija de un antiguo asesor de Hamás. Y ya fue deportada a Líbano tras pasar 36 horas detenida, pese a que había una orden judicial contra su expulsión, Rasha Alawieh, una doctora y profesora de la Universidad de Brown originaria de Líbano y con visado válido.
La Administración defiende que los permisos y visados para estar en EEUU son un “privilegio”, no un derecho, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha reivindicado su autoridad para revocarlos si considera que quienes lo tienen “ponen en riesgo» la seguridad nacional o la política exterior de EEUU. Pero lo que está sucediendo ha llevado a universidades como Brown, Yale y UCLA a recomendar a estudiantes y profesores internacionales que reconsideren sus viajes y también empresas que emplean a extranjeros buscan directrices de cómo aconsejar a esos empleados.
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