La idea es que las administraciones públicas puedan contratar temporalmente como relevistas en los procesos de jubilaciones parciales o interinas, en lugar de las permanentes que exige ahora la reforma de las pensiones, una fórmula que viene paralizando estas miles de jubilaciones. La negociación afecta a la plantilla, en torno a 700.000 trabajadoresy la norma que les permite adelantar la edad de jubilación entre dos y tres años a cambio de reducir la jornada laboral y el salario proporcionalmente, y que el resto de la jornada lo haga un trabajador con contrato de relevo. Este mismo mes el Ejecutivo ya había activado esta posibilidad para el personal de la Administración General del Estado.

El jubilado a tiempo parcial deberá acreditar período de cotización de 33 años; haber permanecido en la empresa durante seis años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación parcial; que la reducción de su jornada laboral sea entre 25% y 75% y, si se anticipa en más de dos años, la reducción de jornada en el primer año será de entre el 20-33%. El empleado recibirá la parte proporcional del salario por el tiempo de trabajo que continúe desempeñando y por el resto percibirá la pensión proporcionalmente.

Los problemas comenzaron cuando la reforma para mejorar la compatibilidad de salario y pensión en las jubilaciones parciales exigía que el relevista tuviera un contrato indefinido a tiempo completo con una duración mínima de dos años después de la jubilación definitiva del jubilado parcial. Requisitos que no hayan sido cumplidos durante más de un año, teniendo en cuenta que para hacer un contrato estable Es necesario pasar por un proceso de acceso a un empleo público siempre ligado a los tiempos de ofertas laborales, que se prolongan durante meses y años. La idea es abrir un período transitorio para facilitar los contratos y, posteriormente, sería ratificado con el llamar de una oferta de trabajo.

El compromiso que asumió el Gobierno el pasado mes de septiembre fue una modificación legal, pero no se concretó, lo que llevó a las plantas a sentarse a principios de febrero y no negociar ningún cambio en las bajas laborales que les permitiera recortar el gasto, ahora cercano al límite. 34 mil millones.