De a partir del 1 de julio del presente año 2026, La AGE (Administración General del Estado) comenzará a transferir una mayor cantidad de dinero a las comunidades autónomas, que son quienes tienen la responsabilidad exclusiva de gestionar el organismo.

Una cifra récord, según Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, lo que se conseguirá mediante una reforma estructural de la financiación del SAAD.

Habrá un aumento en los importes del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tenga reconocido un grado de dependencia.

Cantidades que se duplicarán en el caso de personas con mayor dependencia y, por tanto, requieren más recursos:

• Las cuantías para el grado III (gran dependencia) aumentan un 128%, pasando de 290 euros a 660 mensuales.
• Las cuantías para el grado II (dependencia severa) aumentan un 100%, pasando de 130 euros a 260 mensuales.
• Las cuantías para el grado I (dependencia moderada) aumentan un 18%, pasando de 76 euros a 90 mensuales.

En total, estos aumentos implican que el aporte del Estado Llegará a 5.513 millones de euros en 2026 y 7.239 millones de euros.

Esto significa que el próximo año la inversión en dependencia será el doble en 2025 y cinco veces más que hace una década.

Además, esta inversión ampliada está protegida para el futuro ya que será una obligación del Estado, independientemente del gobierno y su situación presupuestaria. Estos nuevos importes para cubrir los niveles mínimos de protección sólo podrían revertirse mediante una norma con fuerza de ley.

Asimismo, este aumento de la financiación supondrá de forma inmediata aumentar las prestaciones de más de 1,6 millones de personas en España (hay 1.682.785 con prestaciones efectivas según los últimos datos publicados por el Imserso, a 31 de mayo de 2026).

Esto supondrá que en 2027 la aportación del Estado al SAAD alcanzará el 50% del gasto total del organismo, lo que implica que el Gobierno completa este compromiso político firmado en el acuerdo de coalición.

Mejoras

Con este importante paso para refundar la SAAD, el Gobierno de España no sólo pone a disposición de los gobiernos de las comunidades más recursos para poder llevar a cabo mejoras en el sistema, sino también para que puedan avanzar hacia el nuevo modelo de atención impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales hace dos años.

El departamento impulsó una estrategia estatal para desinstitucionalizar a las personas en situación de dependencia. Es decir, dejar atrás un enfoque asistencial del cuidado y avanzar hacia uno más centrado en la persona, en el que se disponga de más derechos y autonomía, y que prioricen su voluntad (como vivir en casa o en entornos cercanos y comunitarios).

Con este objetivo, los gobiernos autonómicos dispondrán ahora de una mayor cantidad económica cada año para invertir en dependencia y en mejoras como: continuar reduciendo listas de espera para acceder a una prestación por dependencia, contratar a más trabajadoras para ofrecer cuidados, ofrecer más y mejores servicios a las personas, ampliar la atención a domicilio e incrementar los centros de día.

También, se pretende que con esta partida se transformen los centros residenciales para superar el modelo de las macrorresidencias y habilitar espacios en los que los usuarios tengan más autonomía.

Regresar

Además de todas las mejoras que se pueden aplicar con este aumento en la financiación del organismo, el Ministerio de Derechos Sociales estima que esta política social tendrá una alta rentabilidad económica y social, y que será capaz de generar un impacto significativo en la actividad económica, basándose en diferentes estudios publicados al respecto en los últimos años.

Uno de estos estudios fue publicado hace un mes con el título «El derecho a los cuidados y la economía del cuidado en España», y realizado por el CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento).

Según este informe, que analiza el plan de choque del Gobierno español para revertir los recortes en el SAAD, Cada euro invertido en dependencia generó 1,6 euros de actividad económica. El estudio también señala que esta inversión creó 95.000 empleos directos en el sector y que el 49% del gasto en este sistema retornó a las administraciones públicas a través de cotizaciones sociales e impuestos.

A partir de estos datos, el Ministerio de Derechos Sociales estima que, a partir de 2026, la mayor inversión que hará el Estado en dependencia de este plan se puede traducir en un impacto económico. estimada en hasta 4.000 millones de euros, con un retorno aproximado a las arcas públicas de 3.000 millones de euros, permitiendo además crear cerca de 100.000 nuevos puestos de trabajo.

leyes

Otro objetivo fundamental de esta ampliación de la financiación del SAAD es reforzar los recursos que reciben los gobiernos regionales. implementar los cambios estructurales establecidos por la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Una norma que, si cuenta con el apoyo de la cámara, modificará tanto la Ley de Promoción de la Autonomía Personal como la de Atención a las Personas en Situación de Dependencia como la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social.

Este La reforma consolidará nuevos logros como reconocer la teleasistencia como un derecho universal para garantizar que todas las personas que requieran este servicio puedan acceder a ella, y garantizando además que este beneficio no puede ser único y debe combinarse con otros apoyos. Asimismo, la prestación económica por cuidado de familiares se ampliará hasta el último día del mes en que se produzca el fallecimiento de la persona dependiente, para evitar tener que devolver prestaciones económicas.

Esta reforma incorpora otros avances importantes como ofrecer al usuario el derecho a decidir sobre los beneficios y servicios que recibe, y garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido o recibir atención libre de restricciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.

Por otra parte, está garantizado. que las personas en situación de dependencia recibirán atención sanitaria independientemente de dónde vivan, incluidas las residencias, estableciendo bases para que los gobiernos regionales coordinen sus servicios sanitarios y sociales, y con el objetivo de evitar lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19 en algunas residencias.