La parálisis política que atenaza al Gobierno de Pedro Sánchez, incapaz de garantizar una mayoría parlamentaria estable para sacar adelante su agenda legislativa, empieza a tener efectos más allá del bloqueo institucional. Con tan poco espacio para impulsar nuevas iniciativas y con el horizonte electoral cada vez más presente y cercano, varios ministros han comenzado a explorar oportunidades profesionales de alto perfil en organismos internacionales y otras instituciones, con puertas giratorias que conducen a cargos públicos supranacionales y extraordinariamente bien remunerados.

Los dos casos más relevantes que se han conocido en los últimos días, con la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la de Luis Planas para hacerse cargo de la dirección general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ambos impulsados ​​personalmente por Pedro Sánchez. Un proceso en línea con la proyección internacional de otros altos cargos, siguiendo una estrategia de sucesión de candidatos, que refleja el agotamiento de la legislatura y el pistoletazo de salida a la carrera por asegurar un futuro político e institucional más allá de La Moncloa.

Y para apoyar a estos destinos o, al menos, asegurar una buena posición, el Gobierno activó en el Consejo de Ministros del pasado 7 de julio una aportación económica voluntaria de España a organismos, programas, fondos y otras entidades internacionales por un importe de 72,3 millones de euros que, casualmente, ha coincidido con el lanzamiento de las dos candidaturas de Díaz y Planas. Sobre todo porque el desglose contable muestra contribuciones voluntarias millonarias precisamente a estas dos organizaciones. En el caso de la OIT, el Gobierno aprobó un aporte extra de 1,7 millones, mientras que para la FAO el monto fue de 3,64 millones.

En este último organismo hay incluso una letra pequeña que hay que tener en cuenta, ya que también se aprobaron fondos adicionales para organizaciones satélites de la FAO e instituciones afines aunque no integradas en su organización, como los cuatro millones de euros aportados al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros 200.000 euros destinados al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con la intención de ganar «puntos» de cara a la votación para el cargo. En total, el dinero aportado a la FAO y otros satélites se acerca a los ocho millones de euros. Pero, tras el dinero relacionado con las aspiraciones de Planas en la FAO, también se dio luz verde a una aportación de 4,05 millones a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuya jefa de misión en España es la propia esposa del ministro, María Jesús Herrera.

Por su parte, la contribución de España a la OIT se divide en dos canales principales: la cuota presupuestaria obligatoria o prorrateada y las aportaciones voluntarias a proyectos. Con la cuota obligatoria, España asume un porcentaje cercano al 2,135% del presupuesto total del organismo. Esto se traduce en una aportación media anual de unos 8,54 millones de francos suizos (9,14 millones de euros), que desde 2018 -año desde que gobierna Pedro Sánchez- ha sumado más de 72 millones (77,4 millones de euros). Sin embargo, se realizan contribuciones voluntarias para financiar programas específicos de cooperación técnica, asistencia al desarrollo y erradicación del trabajo infantil. Y la cifra más alta de los últimos años coincide con unos días antes del anuncio de Yolanda Díaz como candidata.

España ha destinado asignaciones anuales millonarias -que han superado los 40 millones de dólares en determinados cuatrienios- para programas centrados en la lucha contra el trabajo infantil, la promoción del empleo juvenil y la protección de los derechos laborales en América Latina, y el Consejo de Ministros ha aprobado periódicamente asignaciones específicas -hasta 1,5 millones- para financiar el Centro Internacional de Formación de la OIT. En el caso de la FAO, la contribución fija anual supera los 4,2 millones de media, pero las contribuciones voluntarias se han multiplicado, especialmente después de la pandemia.

De esta forma, el Gobierno ha multiplicado la lista de recolocaciones. Las embajadas se han convertido en un destino privilegiado para exministros y altos cargos cercanos a Pedro Sánchez. Héctor Gómez pasó del Ministerio de Industria a representar a España en la ONU en Nueva York; Miquel Iceta, Política Territorial de la UNESCO en París; Carmen Montón, de Salud de la OEA en Washington; Teresa Ribera, de ministra de Transición Ecológica a vicepresidenta y comisaria de Competencia de la Comisión Europea; o Isabel Celaá, de Educación a embajadora ante la Santa Sede.

Puertas giratorias socialistas que no han dejado de crecer y han multiplicado los ingresos anuales de los beneficiarios. Beatriz Corredor, ex ministra de Zapatero, es presidenta de Red Eléctrica y está en el punto de mira por el gran apagón, o Pedro Duque, ex ministro de Ciencia, ahora en Hispasat, muestran cómo se han aprovechado estas colocaciones. Destaca también Raquel Sánchez, exministra de Transportes, ahora al frente de Paradores, empresa pública envuelta en polémica por los escándalos vinculados a Koldo García y José Luis Ábalos. Y no se quedan atrás figuras como Juanma Serrano, su exjefe de gabinete, en Correos, entidad que acumula más de 1.000 millones de euros de deuda, o Maricha Ruiz, exjefe de Prensa de Ferraz, situada en el Hipódromo de la Zarzuela. Unas colocaciones que contradicen el discurso del propio Sánchez, que aseguró a su llegada a Moncloa que «queremos acabar con las puertas giratorias».

A ellos se podrían sumar destinos como José Luis Escrivá, de la Seguridad Social al Banco de España, o Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, al Tribunal Constitucional. Dolores Delgado, por su parte, fue nombrada fiscal general del Estado directamente por Sánchez. Carmen Calvo, su ex mano derecha, fue nombrada presidenta del Consejo de Estado, siguiendo la senda de otras exministras como María Luisa Carcedo y Magdalena Valerio.