La conectividad digital en España ha experimentado un gran cambio en las últimas décadas. De tener unas infraestructuras muy limitadas, España ha pasado a estar entre los países europeos mejor posicionados en redes de banda ancha fija y móvil.

Todo gracias a la inversión pública y privada, la competencia entre grandes operadores y una creciente demanda social de servicios digitales de alta calidad. Y hoy en día, el acceso a Internet de alta velocidad ya no se percibe como un lujo, sino como un servicio prácticamente garantizado.

Sin embargo, El Gobierno de España quiere dar un paso más en la calidad de este servicio. Para ello, obligará a los operadores a actualizar el Servicio Universal de Telecomunicaciones, de tal forma que estos mejorar la velocidad de internet.

El Gobierno exigirá por ley Internet más rápido

España quiere dar un salto en los servicios de internet para los ciudadanos. Por lo tanto, el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha iniciado el proceso de audiencia pública para realizar una nuevo Real Decreto que actualiza el Servicio Universal de Telecomunicaciones.

La idea del Gobierno es aumentar la velocidad mínima de conexión a Internet fijapasando de los actuales 10 megas por segundo (Mbps) a 100 Mbps. Un proyecto que entraría en vigor en 2027coincidiendo con el fin del programa Conéctate 35 creado en 2022.

¿Qué es el Servicio Universal de Telecomunicaciones?

El Servicio Universal de Telecomunicaciones se encuentra en funcionamiento desde el año 2005, y su objetivo no es otro que el de garantizar el acceso a Internet y telefonía fija en todos los lugares de España. Con su renovación, el ministerio intentará elevar los estándares de calidad y reducir costes.

En España, este principio está regulado por la Ley General de Telecomunicaciones y forma parte de las políticas de la Unión Europea para evitar la exclusión digital. La idea de este marco es evitar la llamada «brecha digital», ya que sin este mecanismo los operadores tenderían a invertir sólo en zonas rentables, es decir, las grandes ciudades, dejando fuera las zonas rurales o con menor densidad de población.

Desde su creación, España garantiza los siguientes servicios:

• Acceso a Internet de banda ancha con velocidad mínima garantizada.
• Línea de comunicaciones fija.
• Precios asequibles, especialmente para grupos vulnerables.
• Cobertura en todo el territorio, incluidas zonas rurales o aisladas.
• Acceso a servicios de emergencia.

¿Qué incluirá la nueva ley?

Una de las grandes novedades de la nueva regulación tiene que ver con el amplio abanico de opciones al alcance de los ciudadanos. Hasta ahora, Telefónica era la única compañía designada para garantizar esta cobertura. Sin embargo, el texto actualizado propone que Todos los operadores tienen la obligación de ofrecer servicio universal dentro de sus áreas de cobertura y con las características técnicas establecidas por el Real Decreto. De esta forma, los ciudadanos podrán elegir la empresa con la que quieren obtener el servicio.

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital explicaron a eldiario.es que esta modificación se produciría gracias a la mejora de la red de telecomunicaciones españolaque incluye el despliegue de fibra óptica, conectividad 5G y nuevas conexiones satelitales.

Ayuda financiera para la conectividad

Además de ampliar la oferta, el nuevo decreto buscará mejorar el acceso de las personas que sufren económicamente. En este caso, el Gobierno propone que todos los operadores apliquen un Descuento mínimo del 25% en tarifas para usuarios de bajos ingresosalgo que podría beneficiar a unos 800.000 hogares.

La CNMC será la encargada de supervisar que todos los operadores ofrezcan tarifas bonificadas y el descuento correcto, de modo que los consumidores no se vean obligados a recurrir a una compañía concreta para reducir su factura.

Por otro lado, la normativa establece requisitos en materia de accesibilidad, obligando a las empresas a tener una Suficiente oferta de terminales para personas con discapacidad.. Además, tanto los operadores como las plataformas del servicio de emergencias 112 deberán incorporar la funcionalidad de texto en tiempo real antes de junio de 2027. Se trata de una función que facilita la comunicación a personas con dificultades auditivas o del habla al permitirles leer y escribir texto en la pantalla durante el transcurso de una llamada.