El Gobierno de Israel anunció este domingo su rechazo a una decisión del Tribunal Supremo del país sobre las actividades de la comisión que regula la radio y la televisión comerciales ante una posible crisis constitucional. «Hoy el Gobierno ha aprobado por unanimidad una propuesta para declarar que no reconoce ninguna decisión, medida, nombramiento o actuación del Consejo de la Segunda Autoridad mientras el Consejo no cumple con el mínimo contemplado en la ley», El Gobierno lo ha explicado.

El Tribunal Supremo decidió en mayo suspender el Consejo de la Segunda Autoridad, el organismo regulador de la radiodifusión comercial, después de que organizaciones como la Unión de Periodistas de Israel denunciaran ciertos nombramientos controvertidos realizados por el Gobierno.

La ministra de Comunicaciones, Shlomo Karhi, fue acusada por estas organizaciones de imponer a miembros relacionados con el Ejecutivo, incluido Ben-Hai Segev como presidente, a pesar de que estaba en el centro de múltiples conflictos de intereses vinculados a sus anteriores funciones en la industria y a su implicación en el juicio por corrupción del primer ministro Benjamín Netanyahu.

El Tribunal Supremo, el mes pasado, acabó decidiendo que la comisión podía seguir funcionando en cualquier caso pese a la ausencia de los miembros que el Gobierno pretendía imponer, según los críticos. El Ejecutivo israelí entiende que el fallo ignora el requisito imprescindible de que la autoridad necesita un quórum de dos tercios de sus miembros para funcionar, algo que no existe actualmente.

El propio Karhi y el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, respondieron finalmente este domingo en las redes sociales que, en una decisión que calificaron como «un paso histórico para devolver el Estado judío y democrático al pueblo», el Gobierno ha determinado que «La decisión de la Corte Suprema sobre la Segunda Autoridad es ilegal y las acciones tomadas en virtud de ella son ilegales».

El Gobierno sostiene que el alto tribunal ha cometido un abuso de poder y ha suplantado al Parlamento del país en sus funciones. «El Estado de derecho no es el Estado de derecho de los jueces», afirmó Karhi. Tras estallar la polémica, el secretario del Gabinete israelí, Yossi Fuchs, se ha adelantado a la noticia alegando que el Gobierno no ha desobedecido al Tribunal Supremo, sino que ha «criticado» la decisión judicial.

«El comunicado, al contrario de lo que dice la noticia, no contiene ni una sola palabra sobre pedir no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo», argumentó Fuchs en las redes sociales. «Por otro lado, sí critica duramente una decisión que contradice la letra de la norma», afirmó. Fuchs subrayó que «el Consejo de Ministros ha dicho que recurrirá a todos los medios legales a su alcance para revocar la decisión en el futuro».

La respuesta de la oposición y de la Fiscalía General de Israel, organización que lleva años enfrentada a Netanyahu, ha sido inmediata. «El Gobierno se ha convertido hoy en un criminal. No es casualidad que esta decisión llegue unos meses antes de las elecciones», afirmó el líder de la oposición, Yair Lapid. El líder del partido Yesh Atid ha denunciado que la decisión supone «la destrucción de nuestros cimientos democráticos» y ha advertido de que el Gobierno podría anular las elecciones si cree que va a perder escaños y no dejaría margen a un recurso judicial.

«No somos perdedores. No vamos a ceder ante el intento de borrar la democracia israelí». ha advertido. Lapid ha afirmado que hay «muchas maneras» de combatir esta postura del Gobierno y ha mencionado que «los tribunales y el Ejército son quienes deciden». Cuando lleguen al gobierno «recuperaremos el Estado de derecho desde el primer día», subrayó. Para Gil Limon, asesor jurídico del fiscal general y enemigo de Netanyahu, Gali Baharav-Miara, «se trata de una normalización de las violaciones sistemáticas de la ley», denunció.

«La resolución del Gobierno, en esencia, implica que ignora la sentencia del tribunal. Con ello el Gobierno quiere simplificar mucho las cosas cada vez que se emite una decisión que no le gusta», lamentó. El líder del opositor Partido Demócrata, Yair Golan, ha calificado lo ocurrido directamente como un ataque directo al Estado de derecho en Israel.

«Este es un gobierno criminal que ha perdido el control», declaró Golan, mientras que la presidenta del partido, Efrat Reitan, se declaró consternada por la negligencia de un gobierno cuya ilegalidad ha superado «todas las expectativas».

«Un mandato que comenzó con un golpe de Estado judicial», ha declarado en referencia a la reforma impulsada en enero de 2023 por el primer ministro para limitar el ámbito de los magistrados, «ha continuado con miles de muertes y asesinatos, y terminará en un estado de anarquía que destruirá este país».