Uno de los elementos más perniciosos de la política del Gobierno ha sido su colonización de empresas e instituciones. De esta forma, el Ejecutivo ha decidido aumentar su peso en compañías como Telefónica o Talgo, interviniendo también en decisiones de mercado como una hipotética fusión entre Indra y Mecanizados Escribano. Sin embargo, en dos respuestas parlamentarias registradas el 18 de marzo en el Congreso, el Gobierno negó su papel en la Despidos de Escribano y Pallete como presidentes de Indra y Telefónica, respectivamente.

Operaciones de la empresa

Por un lado, tal y como se desprende del documento respectivo, en relación a la dimisión de Escribano, el Gobierno respondió que «Indra es una sociedad cotizada y cualquier decisión se adopta dentro de sus procedimientos de gobierno, tal y como establecen sus estatutos». De esta forma, el Ejecutivo aseguró que «el Gobierno respeta la decisiones de negocios que los accionistas asumen en los órganos de gobierno de esta compañía estratégica en el ámbito de la defensa y la tecnología».

Asimismo, en relación a la salida de Pallete de Telefónica, como se acredita en otro documento, el Gobierno insistió en que «respeta la decisión empresarial que adoptan los accionistas de Telefónica en los órganos de decisión de la compañía». De hecho, ha indicado que «como accionista público a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se ejercieron los derechos políticosrespetando los procedimientos corporativos y las reglas del mercado».

Así, el Gobierno también señala que «los principales accionistas de la compañía, incluida la SEPI, consideraron necesario abrir una nueva etapa de oportunidades en la compañía con la sustitución del presidente con el objetivo de impulsar una empresa más fuerte y más sólida, a la altura de los grandes retos que afronta el sector de las telecomunicaciones». En este sentido, el Ejecutivo destaca que «se trata de una decisión empresarial, adoptada por los órganos de gobierno de la empresa y respetando las reglas del mercado y el buen gobierno corporativo».

Precisamente, en su respuesta relacionada con el caso Telefónica, el Gobierno sostiene que «la SEPI, en el ámbito de los órganos sociales de Telefónica en los que participa, con sujeción a la legislación aplicable, ejercer sus derechos politicosAsí, se detalla que la SEPI “traslada su posición a los ámbitos de decisión que sean planteados por los consejos de administración de la compañía”.

Sin embargo, en este mismo documento, el Gobierno recuerda que «es responsabilidad de las empresas definir su propia estrategia en relación con las operaciones corporativas, dada su autonomía como cotizadas y su capacidad para tomar decisiones en función de su situación financiera y visión de negocio». Por ello, destaca que «las operaciones corporativas, participen o no la SEPI, son operaciones que son estudiados y elaborados por las empresas«.