el Gobierno quiere favorecer combinar la pensión con un miniempleo
El Gobierno español, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha iniciado un proceso de diálogo con los agentes sociales para rediseñar y potenciar la jubilación flexible, una modalidad que permite a las personas jubiladas reincorporarse parcialmente al mercado laboral, combinando su pensión con un contrato a tiempo parcial. Aunque esta opción ya existe en el sistema actual, su uso es marginal. El objetivo de la reforma es convertirla en una alternativa viable y atractiva, tanto para los trabajadores como para las empresas, siguiendo modelos que ya funcionan en otros países europeos.
La prioridad del Ministerio es mejorar las condiciones de acceso a la jubilación flexible y ampliar su uso en el sistema español. Para ello, se plantea incentivar a los jubilados para que retomen la actividad laboral de forma parcial, permitiéndoles combinar un porcentaje mayor de su pensión con un empleo a tiempo parcial, de manera que puedan obtener más ingresos sin renunciar a su condición de pensionistas. Esta medida, según el Ejecutivo, también podría contribuir a la sostenibilidad del sistema público de pensiones y a una transición más gradual hacia su futuro retiro.
Esta reforma está pensada, principalmente, para dos perfiles de trabajadores. El primero lo integran personas altamente cualificadas que, una vez alcanzada la edad legal de jubilación, desean seguir trabajando, pero con menor intensidad. El segundo grupo está formado por personas que, al perder su empleo cerca del final de su vida laboral activa, se vieron forzadas a optar por la jubilación anticipada involuntaria. Para ellos, la jubilación flexible ofrece la posibilidad de reinsertarse laboralmente, mejorar sus ingresos actuales y, además, incrementar su pensión futura cuando se retiren definitivamente.
A día de hoy, el uso de la jubilación flexible en España es muy residual. Según los datos más recientes de la Seguridad Social, únicamente 3.174 personas se acogen a esta modalidad. Se trata, en su mayoría, de hombres de unos 71 años que trabajan a media jornada durante un promedio de cuatro años. Estos trabajadores perciben una pensión media de 926,86 euros mensuales, que combinan con un salario medio de 1.880 euros, lo que les permite alcanzar unos ingresos totales de aproximadamente 2.806 euros al mes.
El funcionamiento actual de la jubilación flexible exige antes que nada cumplir la edad legal de jubilación —entre 65 y 67 años, según el historial de cotización—. Una vez jubilado, el trabajador puede solicitar esta fórmula que permite trabajar a tiempo parcial (entre el 25% y el 75% de la jornada laboral completa) mientras se percibe una parte proporcional de la pensión. Por ejemplo, si a una persona le corresponde una pensión de 2.000 euros y trabaja el 50% de la jornada, percibirá su salario más 1.000 euros de pensión. Durante este periodo, sigue cotizando y, una vez se retire definitivamente, la Seguridad Social recalcula su pensión en función del tiempo trabajado adicional y del salario percibido.
La propuesta del Gobierno contempla aumentar el porcentaje de pensión compatible con el trabajo a tiempo parcial. Así, si hoy una persona que trabaja un 75% de jornada solo puede recibir el 25% de su pensión, la idea es que esa proporción aumente, de forma que el jubilado flexible pueda superar el 100% de ingresos respecto a lo que recibiría con una pensión completa. Esto convertiría la fórmula en una opción más ventajosa, tanto desde el punto de vista económico como profesional.
Uno de los grandes obstáculos identificados en las negociaciones es el «edadismo», es decir, la discriminación por edad en el mercado laboral. Muchas empresas muestran reticencias a contratar personas mayores, lo que limita la viabilidad práctica de esta medida. Este fenómeno ha sido especialmente evidente en el aumento del paro entre los mayores de 45 años, que ya forman parte de los colectivos prioritarios en las políticas activas de empleo.
En paralelo a las negociaciones internas, el Gobierno y los agentes sociales están analizando las experiencias de otros países europeos para identificar buenas prácticas que puedan adaptarse al contexto español. Entre los modelos más estudiados se encuentran los de Noruega y Alemania, donde la jubilación flexible está mucho más extendida y normalizada. En Alemania, por ejemplo, es muy habitual que los jubilados combinen su pensión con un ‘minijob’, un empleo de baja remuneración y jornada reducida, que les permite completar sus ingresos sin renunciar a la pensión.
En estos países, esta fórmula ha servido como una vía de compensación ante pensiones públicas más bajas. En Alemania, en particular, las pensiones resultan menos generosas, por lo que es común que los trabajadores necesiten complementar sus ingresos tras la jubilación. En cambio, el sistema español es más garantista. Según los datos de la OCDE correspondientes a 2022, la tasa de reposición en España era del 86%, frente al 55% de Alemania. Este indicador mide el porcentaje de ingresos que mantiene un trabajador tras jubilarse respecto a su salario anterior. Así, un trabajador español que cobraba 1.000 euros percibe, de media, una pensión de 860 euros, mientras que en Alemania recibiría solo 550 euros por el mismo salario previo.
A pesar de estas diferencias, el objetivo del Ejecutivo español es avanzar hacia un modelo más flexible y adaptado a los nuevos tiempos, en el que las personas mayores puedan tener más opciones y autonomía para decidir cómo afrontar la etapa de la jubilación. Con esta reforma, se busca reducir la brecha entre jubilación flexible y jubilación activa —que actualmente practican unas 66.000 personas en España—, ofreciendo una alternativa progresiva y económicamente atractiva para los jubilados que deseen seguir contribuyendo profesionalmente de forma parcial.
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