El Gobierno ha elegido camuflar el naufragio de uno de sus proyectos más emblemáticos. La repentina inclusión de Madrid en la candidatura española para albergar una gigafábrica europea de inteligencia artificial, acompañada de un grandioso anuncio de 4 mil millones de euros inversión, no se trata del lanzamiento de una nueva estrategia, sino El intento de ocultar el bloqueo real de la iniciativa en Cataluña.

Un movimiento defensivo, ejecutado. contra el reloj y con poco soporte técnicojusto cuando Bruselas se prepara para evaluar qué proyectos merecen el apoyo de la comunidad.

El encargado de dar voz al giro ha sido el ministro de Transformación Digital y Servicio Público, Óscar Lópezque este miércoles, desde la tribuna del Día del Inversor en Españapresentó la operación como un «tándem territorial» entre Madrid y Cataluña llamado a convertir a España en un “campeón imparable de la IA”.

El mensaje, cuidadosamente diseñado para el escaparate internacional, evita una realidad mucho más incómoda: la candidatura original, anclada en Mora la Nueva (Tarragona), está atrapado en problemas que comprometan su viabilidad.

Como adelantó este mediola principal grieta en el plan de gobierno apareció bajo tierra. Estudios urbanísticos previos detectados restos arqueológicos en el terreno elegido para construir el centro de datos, un descubrimiento que, lejos de ser anecdótico, amenaza con alterar sustancialmente los cronogramas del proyecto.

Pese a los intentos oficiales de minimizar el impacto, fuentes técnicas reconocen que la aparición de restos obliga, como mínimo, a evaluaciones adicionalesExcavaciones preventivas y posibles modificaciones de diseño.

Todo ello en un calendario ya de por sí muy apretado y con la presión adicional de los plazos impuestos por la Unión Europea.

Bruselas exige que las gigafábricas seleccionadas sean operativo entre 2027 y 2028 para acceder a financiación

unitario. Esa exigencia, ahora repetida por el propio ministro, choca frontalmente con la realidad del proyecto español.

Incluso en el mejor de los escenarios, El trabajo no pudo comenzar antes. que la Comisión Europea haga pública su decisión finalesperado esta primavera.

A partir de ahí, la construcción de una infraestructura de esta magnitud requiere al menos cuatro años de trabajoa lo que se suman licencias, pruebas técnicas y puesta en marcha.

En la práctica, los plazos Impulsan las operaciones más allá de 2030. En el sector de los centros de datos, además, el ciclo completo desde la planificación hasta el pleno funcionamiento generalmente se acerca a la edad de ocho años.

El anuncio de que la gigafábrica estaría lista en 2027 o 2028 no es, por tanto, un pronóstico realistapero una declaración de intenciones difícilmente compatible con los tiempos administrativos y de construcción.

La propuesta que el Gobierno rechazó y que se volvió en su contra

La paradoja es que el Ejecutivo sí tenía sobre la mesa una alternativa alineada con los requisitos europeos. Propiedades de Merlín se ofreció a integrar su complejo Arasuruna instalación ya construida y lista para entrar en funcionamiento en 2026.

Una vía rápida que habría permitido a España presentar una candidatura sólida, creíble y ajustada al calendario comunitario.

El Gobierno no sólo rechazó esa opción, como avanzábamos en ECONOMÍA DIGITALpero también cerró la puerta a una alianza más amplia con Iberdrola y la candidatura portuguesaa pesar de que La propia Unión Europea había recomendado unificar propuestas nacionales para fortalecer las posibilidades de éxito.

La decisión de ir solo, con Teléfono, SCA y NVIDIA como socios industriales, dejó España fragmentada y con una propuesta menos robusta frente a competidores como Italialos países nórdicos o el bloque del Este.

La incorporación del Madrid aparece ahora como una solución de emergencia. El Ejecutivo no ha detallado qué activos concretos aporta el capital, ni qué centros de datos estarían disponibles de forma inmediata.

Tampoco ha aclarado si existen licencias otorgadas o infraestructuras preparadas para absorber parte del proyecto sin pasar por un largo proceso constructivo.

Madrid suma talento, conectividad y ecosistema empresarial, pero no soluciona el problema cuello de botella principal: la falta de un dispositivo operativo o cuasi operativo capaz de cumplir los plazos exigidos por Bruselas.

Frente a esto, Merlín sí que cuenta con centros listos para ser utilizados a partir de estos momentos, un factor diferencial que el Gobierno ha preferido ignorar.

El momento elegido para redefinir el proyecto no es menor. La Comisión Europea está en la fase final de evaluación de candidaturascon Francia y Alemania prácticamente asegurado y sólo tres plazas en disputa.

Introducir cambios sustanciales en la arquitectura del proyecto en este punto. transmite una imagen de improvisación lo que juega en contra de su credibilidad.

El Gobierno presenta el movimiento como una demostración de ambición y visión estratégica. Sin embargo, la secuencia de decisiones muestra otro panorama: rechazo de alianzas recomendadaselección de una ubicación problemática, plazos incompatibles con criterios europeos y, finalmente, una cambio de última hora para compensar el fracaso inicial.