El Gobierno suaviza el registro horario de Díaz para blindarlo ante posibles recursos judiciales
El nuevo horario de trabajo impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegará al Consejo de Ministros con matices y una fisonomía parcialmente distinta a la propuesta por la ministra de Trabajo como respuesta al veto a la reducción de jornada. Varios ministerios … del área económica están cerrando en las últimas semanas lo que modelo de transferencia para todos los trabajadores para que conjugue todas las exigencias políticas posibles: una herramienta más eficaz que la existente hasta ahora, como quiere Díaz; pero al mismo tiempo sin cruzar líneas rojas que podrían conducir a una desafío judicial de acuerdo con los movimientos previstos por la patronal si el Ejecutivo decide implementarlo como está previsto hasta ahora.
Para lograr esta cuadratura del círculo, los responsables de varios ministerios Mantienen reuniones para llevar definitivamente el texto del real decreto al Consejo de Ministros. Previsiblemente será antes del verano, cuando la actividad gubernamental se paralice. Estas reuniones están siendo dirigidas por jefes de departamentos como Economía, Trabajo y Seguridad Social, pero otras organizaciones también están inmersas en estas conversaciones, como la Inspección de Trabajo y los responsables de la digitalización, indican a ABC diversas fuentes ministeriales.
El texto final llegará con cambios cuando pase por la mesa del Consejo de Ministros, indican estas mismas fuentes, porque el objetivo es «protegerlo» contra la judicialización que pueda sufrir. El Gobierno quiere evitar que el nuevo registro horario suponga un calvario legal de consecuencias imprevisibles. Aunque «los elementos centrales» de esta reforma se mantendrán, apuntan a este diario. Es decir, seguirá siendo un modelo de transferencia que cumpla con los criterios de digitalización, interoperabilidad y con acceso directo a los inspectores del trabajo.
Los responsables de Economía, Trabajo, Seguridad Social, Inspección y Digitalización participan en la reconversión del texto
El temor a esta judicialización ha estado sobre la mesa desde que la CEOE ha mostrado su intención de acudir a los tribunales en el caso de que el Gobierno apruebe el nuevo registro sin pasar por el Congreso. ser un real decretoel Ministerio de Trabajo evita tener que superar al Poder Legislativo. Una vía regulatoria que la patronal, y numerosos despachos de abogados, han cuestionado y que podría desembocar en un choque judicial. Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz insisten en que sólo es obligatorio contar con el aval de las Cortes en relación con la sancionespero no en el propio cambio en los fichajes que quiere aplicar el vicepresidente segundo.
Varios reveses seguidos
El camino que está tomando el registro no es precisamente agradable después de que el Consejo de Estado concluyera que la reforma no debería aprobarse por no haber calibrado correctamente el impacto que tendrá, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La sentencia, fechada a finales de marzo, ha provocado que el Gobierno siga intentando hoy, dos meses después, salvar la reforma con cambios en su contenido, aunque las indicaciones del Consejo de Estado no eran vinculantespero sí representaron un jarro de agua fría para los intereses del Ministro de Trabajo, que había confiado en esta reforma.
Los legalistas consultados por ABC también han cuestionado si la Estatuto de los Trabajadores permite un trámite que no pasa por el Congreso. Podrás hacerlo, acogiéndose al artículo 34 de este texto, si es excepcionalmente, pero no para todos los casos. Porque el Estatuto aclara que el Gobierno puede cambiarlo «para aquellos sectores, empleos y categorías profesionales que por sus peculiaridades lo requieran. Y ahí está la clave de una más que probable impugnación del real decreto en el que ya están trabajando algunos de estos despachos de abogados laborales.
En Trabajo aseguran que se mantiene la parte central del decreto con digitalización, interoperabilidad y acceso directo a la Inspección de Trabajo
Desde que comenzó a recorrer su camino gubernamental, el registro de horas ha tenido que superar varios obstáculos. Entre otros, el relativo a la protección de datos de los trabajadoresun derecho que podría verse afectado por cómo se planteó inicialmente la norma. De hecho, las sospechas sobre los vacíos legales llevaron a los laboristas a consultar a la Agencia de Protección de Datos hasta qué punto podría llegar el seguimiento de transferencias que el Gobierno quiere implementar.
Además, las discrepancias mostradas por el Consejo de Estado, organismo que debe analizar la normativa que proviene del Gobierno aunque su dictamen no implica una paralización de la misma, vienen a avalar las críticas que la patronal venía expresando sobre esta reforma; así como las reticencias que muestra el propio Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpohabía puesto sobre la mesa al presentar sus conclusiones sobre el proyecto.
Meses de enfrentamiento con el Cuerpo
El nuevo registro horario ha llegado a generar dudas «organizativas» y «legales» en el Ministerio de Economía, revelando la relación compleja entre su titular, la ahora vicepresidenta primera del Gobierno, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Como ocurrió con el intento de lanzar el jornada laboral de 37,5 horas, Desde Economía, en el Ministerio de Economía siempre han señalado la necesidad de limar algunas aristas del documento ante indicios de que rozan la normativa, especialmente en lo que respecta a la protección de datos de los empleados.
El Ministro de Trabajo ha encontrado importantes resistencias tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito operativo y en los costes empresariales vinculados a la medida. Porque no todas las pymes y pequeños autónomos, que constituyen el 90% del tejido productivo español, están preparados para acometer un cambio de transferencias tan importante como el que quiere implementar Díaz cuando una parte de las empresas aún no se han adaptado al sistema actual, con muchas menos obligaciones registrales legales.
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