El Gobierno tendrá que explicar por escrito por qué acude a la Justicia para no dar detalles de los rescates de la Sepi
Hace menos de un mes se sabía una sentencia de audiencia nacional que Desestimó un recurso presentado por el Ministerio de Finanzas y la función pública contra otra resolución judicial de un tribunal menor que obligó al gobierno a facilitar los detalles sobre el rescate de 320 millones de euros … Realizado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Avoris, la división de viajes del Grupo Barceló, a través del Fondo para la ayuda de compañías estratégicas. Todo provino de una resolución de la buena gobernanza y la transparencia de julio de 2022 que no encontró ninguna objeción legal para que el ejecutivo proporcione información sobre los recursos públicos recibidos por la compañía para estabilizar su situación financiera en los meses posteriores a la pandemia.
No era la primera vez que el gobierno fue a la corte para Evite dar explicaciones para los rescates realizados por el SEPI Aprovechando el margen de maniobra excepcional proporcionado por la Comisión Europea en el entorno de pandemia. De hecho, del SEPI se alega que la Corte Suprema ya ha respaldado el doble de su precaución al proporcionar información, según el argumento de que las regulaciones que regulan ese fondo de rescate establecen la naturaleza reservada de los datos, documentos e información referidos a las operaciones, que, por otro lado, impedirían cualquier tipo de control externo sobre los rescates realizados.
Dado lo que observan como un ejercicio de opacidad, la parte popular ha decidido aprovechar una de las herramientas ofrecidas por el procedimiento parlamentario para Obligar al gobierno a dejar explicaciones por escrito De las razones por las que ha decidido recurrir a los tribunales para evitar proporcionar información sobre algunas de las operaciones llevadas a cabo.
El popular se ha centrado, específicamente, en el rescate de Volotea y en las compañías que han renegociado las condiciones de su rescate con el SEPI. El Consejo de Buen Gobierno y Transparencia determinó en dos resoluciones el derecho de acceso a esa información que excluye la información que las regulaciones consideran una naturaleza reservada, que es confidencial o que afecta los intereses comerciales de las empresas.
Sin embargo, el gobierno eligió nuevamente la resolución del buen consejo de gobernanza y transparencia para no tener que proporcionar ninguna información sobre estas operaciones.
El popular requiere que el gobierno explique por escrito cuáles son las razones que invoca para llevar el asunto a los tribunales, cuando la institución a cargo de regular la aplicación de las regulaciones de transparencia en España reconoce el acceso parcial a esa información, y también las razones que lo mueven a «Intente ocultar cualquier información a cualquier precio Trabajando en estos archivos «, según la pregunta parlamentaria a la cual ABC ha tenido acceso.
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