El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene intacto su afán de recolección después de ventilar en el Congreso una propuesta de la ley de PP para reducir varios impuestos, incluido el IVA de alimentos, la electricidad y el gas, que iba a suponer un alivio para los hogares españoles de 4,000 millones. El ejecutivo justificó su decisión porque su aprobación iba a significar una reducción de ingresos de casi 4,000 millones para las arcas públicas.

Esta semana, el Ministro de Finanzas informó que el ejercicio 2024 cerró con un nuevo registro de recaudación de impuestos. Los ingresos fiscales totales aumentaron a 294,734 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 8,4% en comparación con 2023 y una nueva marca histórica. Entre los impuestos directos, el IRPF aumentó en un 7,6%, a 129,408 millones, mientras que el impuesto de la corporación creció un 11,5%, a 39,096 millones. Por otro lado, la recolección del IVA aumentó un 7,6%, con 90,541 millones, y los impuestos especiales crecieron un 6,6%, a 22,128 millones, lo que destaca los aumentos en el impuesto de hidrocarburos y tabaco. La incidencia especial ha tenido el impuesto de transacciones financieras, que alcanzó un aumento del 25.5%, y el del impuesto a ciertos servicios digitales, que aumentó en un 23.8%.

Montero descartó que el gobierno ha aumentado la presión fiscal y los costos laborales. Por el contrario, dijo que las medidas fiscales lanzadas habían ahorrado más de 38,000 millones de euros a los hogares vulnerables y la clase media. Además, estableció la mejora de la colección «para el aumento del empleo y para los mayores beneficios comerciales».

Para rechazar esta propuesta de ley, el banco gubernamental ha aceptado el poder del veto por razones presupuestarias que ha reconocido en la Constitución, argumentando que las medidas de impuestos, financiamiento y apoyo a las familias presentadas por el grupo popular significarían una pérdida de ingresos de 3,860 millones de euros en ausencia de presupuestos generales, como puede leer en el texto de disconformidad que el gobierno ha enviado a la casa inferior.

Los populares han votado en contra de la admisión de los vetos que recuerdan que la doctrina constitucional establece que la afectación presupuestaria para el aumento del gasto o la disminución de los ingresos se limita a las cuentas vigentes y que, en cualquier caso, no se puede alegar que la iniciativa vetada afectará a los pronósticos futuros cuando no hay presupuestos a la vista y el válido (para 2023) se aprobó en 2022, con otro gobierno y otro gobierno y otro gobierno y otro gobierno.

El estándar consistió en siete artículos y una disposición adicional que incluía un amplio paquete de medidas fiscales para el ejercicio de 2025. El primero propuesto para todo este año un IVA del 2% en alimentos básicos y 7.5% para aceites de semillas y pasta de alimentos. El gobierno explica que la aprobación de esta medida significaría una pérdida de recolección para la administración estatal estimada en 692 millones de euros. Otro de los artículos incluyó medidas fiscales para reducir la recepción de electricidad, reduciendo el IVA de electricidad y gas y suprimiendo el impuesto de generación de electricidad. Sin embargo, el gobierno ha indicado que eliminar este impuesto implicaría una disminución de la recolección de 1.500 millones, mientras que reducir el IVA a la electricidad, el gas, la madera y los gránulos es un corte de 386 millones, según el EP.

Justo en el día en que los ministros de finanzas y mano de obra han llegado a un acuerdo para aprobar una exención a una parte de los perceptores SMI, la capacitación dirigida por Alberto Núñez Feijóo apostaría en su propuesta de dejar IRPF exento a las personas que reciben el salario mínimo, pero el ejecutivo también lo ha decidido porque tendría un impacto en las cuentas públicas de 1,282 millones.

Durante la reunión de la mesa, el PP ha denunciado que estos vetos no estaban en la agenda del nombramiento de este cuerpo y que, por lo tanto, no han tenido tiempo de analizar los escritos del gobierno. Como explicó las fuentes parlamentarias, los populares también han denunciado que ha sido el primer vicepresidente de la cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha traído a la mesa los escritos de desacuerdo en nombre del gobierno.