El Govern impulsará un nuevo sello para condicionar el acceso de cooperativas o fundaciones a contratos públicos
El Govern prevé aprobar en su Consell Executiu de este próximo martes el anteproyecto de ley de economía social y solidaria. Una norma que busca impulsar un sello de calidad para distinguir qué es economía social y qué no, más allá de la forma jurídica de la entidad. La norma, heredada del anterior equipo de Govern, empezará este enero su trámite parlamentario y la voluntad del actual Ejecutivo es tenerla aprobada este mismo año, coincidiendo con que este 2025 es el año internacional de las cooperativas, declarado por la ONU.
[–>[–>[–>[–>¿Todas las cooperativas actuán bajo los principios de la economía social? ¿Hay fundaciones o empresas que, pese a su fórmula jurídica, se rigen por principios de gobernanza democrática o sin ánimo de lucro? Estas son algunos de los puntos ciegos que el Govern quiere alumbrar con la nueva ley de economía social y solidaria.
[–>La idea es definir una serie de criterios, que están negociando con los grupos en el Parlament, para definir qué es economía social y qué no. Luego crear un registro donde toda cooperativa o entidad que crea cumplirlos solicite entrar en el mismo. La dirección general de economía social de la Generalitat, dependiente de la conselleria de Empresa i Treball, lo verificará y luego, cuando, por ejemplo, los ayuntamientos lancen licitaciones reservadas a proyectos de economía social, distinguir quien puede presentarse y quien no, entre otros.
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La norma pretende desarrollar una competencia que a día de hoy el Govern no había desarrollado y poner orden en un universo de actividad económica que a día de hoy, según estimaciones de la Generalitat, agrupa a unas 7.400 organizaciones y emplea a cerca de 140.000 trabajadores (el 3,8% de la población ocupada catalana). Dentro de esas 7.400 «organizaciones» que tiene detectadas la administración catalana, 4.765 de las mismas son cooperativas.
[–>[–>[–>[–>De estas entidades jurídicas sí existe un registro oficial en Catalunya, pero el Govern considera que el nombre -o en este caso la fórmula- no hace la cosa y que hay entidades, como las fundaciones, que pueden entrar también en la definición. Las sociedades mercantiles (SL o SA) lo tienen más difícil, pero el director general de economía social, David Bonvehí, tampoco descarta que alguna pudiere cumplir los requisitos para ser considerada como tal.
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«Esta ley permitirá ser más contundente y tener claro cuáles son aquellas empresas que tienen una función territorial y social arraigada en el territorio, arraigada a la gente, que hacen esta función, de verdad, de iniciativa social, que muchas veces dan respuesta a retos que la propia Administración, a veces, no llega. Y, sí, nosotros tenemos un compromiso con el tercer sector, pero no solo con el tercer sector, sino con todas estas empresas de economía social y solidaria, que, gracias a Dios, no son como otras empresas, y, por lo tanto, las queremos poner en valor a través de esta ley», explica el director general de Economia Social, David Bonvehí.
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Subvenciones y licitaciones
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A futuro, formar parte de ese registro y tener el sello de calidad de ‘economía social’ puede ser determinante de cara a relacionarse con la Administración. Por un lado, para presentarse a programas de subvenciones que el Govern o cualquier otra administración decida, dentro de los márgenes permitidos por la ley, conceder particularmente a este colectivo. Por el otro, de cara a postularse a licitaciones. Actualmente, la ley de contratos del sector público permite reservar parte de las adjudicaciones a entidades sin ánimo de lucro o con vocación social, evitando que estos compitan con sociedades mercantiles, que, por lo general, consiguen ofrecer un precio más competitivo.
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Las adjudicaciones de ayuntamientos para servicios de atención domiciliaria suelen ser habituales. Otro caso son las de los centros especiales de trabajo (CET), que emplean a personas con algún tipo de discapacidad acreditada. Parte del sector lo gestionan cooperativas o fundaciones y tiene una voluntad más de inserción sociolaboral, parte está gestionado por sociedades mercantiles que ven en la ley española, que obliga a las empresas grandes y medianas a subcontratar algunos servicios a firmas que empleen a personas con discapacidad, un nicho de negocio.
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[–>[–>[–>[–>Por plazos, el anteproyecto de ley será aprobado este martes en Consell Executiu. Luego deberá ser negociado con los partidos en el Parlament y allí ser aprobado, lo que puede dilatar su entrada en vigor a finales de este año. Luego la Generalitat deberá aprobar un reglamento que detalle exactamente los criterios sobre qué es y qué no es economía social y, por ende, pueda o no acceder al registro público. Para, en una última fase, que las entidades que crean cumplir los requisitos pasen a registrarse, lo que dilatará en una tercera fase la aplicación práctica de la norma.
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