Una de las transformaciones más silenciosas, pero también más profundas y preocupantes, que ha experimentado la sistema publico de pensiones en españa es tu Mutación progresiva de un modelo contributivo a un modelo cada vez más asistencial.. Esta deriva no es fruto del azar ni de una evolución inevitable, sino de decisiones políticas concretas, entre las que destaca la fuerte y reiterada subida de las pensiones no contributivas, muy por encima de la evolución de las pensiones contributivas y, sobre todo, de la capacidad real del sistema para financiarlas.

Vale la pena recordar un principio básico: el sistema público de pensiones fue diseñado como un sistema contributivo. Esto quiere decir que, aunque se distribuye, existe una relación directa entre lo aportado a lo largo de la vida laboral y lo recibido posteriormente en forma de pensión. Esta relación no es sólo un criterio de justicia elemental, sino también un pilar fundamental para la sostenibilidad financiera y la legitimidad social del propio sistema. Cuando esa conexión se debilita, los incentivos se distorsionan y el sistema toma un camino peligroso.

El aumento acelerado de las pensiones no contributivas, presentado políticamente como una medida de justicia social, en realidad contiene varios problemas graves. El primero es financiero. Las pensiones no contributivas no se financian con cotizaciones, sino con impuestos. Incrementarlos de manera intensa y estructural implica incrementar el gasto público permanente sin una fuente de financiamiento clara y estable.en un país que ya tiene un elevado déficit estructural y una deuda pública que se acerca a niveles preocupantes. Pretender que este aumento no tiene impacto en la sostenibilidad del sistema es ignorar la aritmética presupuestaria.

Hay que luchar contra la pobreza, pero con políticas de asistencia claramente definidas

El segundo problema es la equidad. Como las pensiones no contributivas aumentan a un ritmo mucho más alto que las contributivas, se produce un daño comparativo obvio para quienes han cotizado durante décadas. Los trabajadores que han hecho un esfuerzo sostenido de contribución ven cómo la distancia entre lo que reciben y lo que reciben quienes no han contribuido –o lo han hecho de manera muy limitada– se estrecha peligrosamente.. Esto no sólo es injusto desde un punto de vista moral, sino que socava la confianza en el sistema y envía un mensaje desalentador al trabajo y las contribuciones formales.

El tercer problema son los incentivos económicos. Un sistema que reduce artificialmente la diferencia entre pensiones contributivas y no contributivas erosiona el principio de responsabilidad individual. Si la percepción social acaba siendo que el esfuerzo contributivo no compensa claramente en el largo plazo, se fomenta la economía sumergida, se reduce la base de cotizantes y, paradójicamente, se agrava el problema financiero que se pretende solucionar. No hay política social sostenible que ignore los incentivos.

Además, esta deriva de la atención se produce en un contexto demográfico adverso. España se enfrenta a un envejecimiento acelerado de la población, una tasa de natalidad persistentemente baja y una relación cada vez más desfavorable entre cotizantes y pensionistas. En este escenario, cualquier aumento estructural del gasto en pensiones debería analizarse con extrema cautela. Sin embargo, el Gobierno parece optar por decisiones de corto plazo, guiado más por criterios políticos inmediatos que por una visión de largo plazo del sistema.

Transformar el sistema de pensiones en un instrumento de redistribución generalizada de la asistencia no sólo no sólo pone en riesgo su viabilidad, sino que también confunde planes que conviene separar. La lucha contra la pobreza y la exclusión social es un objetivo legítimo y necesario, pero debe abordarse mediante políticas de asistencia claramente definidas, financiadas mediante presupuestos generales y sujetas a criterios de eficiencia y focalización. Utilizar el sistema de pensiones contributivo como vehículo indirecto para este propósito es conceptualmente erróneo y económicamente irresponsable, además de injusto para quienes han cotizado durante décadas.

El resultado de esta estrategia es predecible: un sistema cada vez menos contributivo, más dependiente de las transferencias del Estado, más vulnerable a los ciclos políticos y con menor apoyo social entre quienes sostienen el grueso de la recaudación. En última instancia, se corre el riesgo de romper el contrato implícito entre generaciones que ha apuntalado el sistema durante décadas.

Preservar un sistema de pensiones sólido requiere recuperar el principio contributivo, respetar la proporcionalidad entre esfuerzo y beneficio y abordar las políticas asistenciales por medios separados y transparentes. Lo contrario es un grave problema estructural para el mañana y una enorme injusticia.