el IMV llega a menos de la mitad de las personas en pobreza severa
El Gobierno sigue presumiendo de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), de su contribución a la reducción de la pobreza en España, y sin hacer la más mínima autocrítica por su funcionamiento. Pero cuando hablan los expertos, la situación es muy diferente. Cinco … Años después de su lanzamiento, este beneficio no ha logrado los objetivos que se planteó en medio de una emergencia sanitaria: presenta limitaciones estructurales que reducen su eficacia, ya que llega a menos de la mitad de los potenciales beneficiarios debido a las barreras de acceso y a una gestión compleja, marcada por la rigidez administrativa, la lentitud en la tramitación y la mala coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales autonómicos. Estas son las conclusiones de la sesión celebrada este miércoles ‘El ingreso mínimo vital, a examen’ de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y del Consejo General de Economistas, a lo que se suman los problemas de incentivos que persisten tras la retirada total de las ayudas cuando los aumentos de ingresos pueden desincentivar la aceptación de mejores empleos o más horas de trabajo.
Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, recordó que reciben esta ayuda más de dos millones de beneficiarios y el gasto en esta prestación de último recurso alcanza los 6.000 millones anuales, «una cantidad modesta», dijo, teniendo en cuenta que más de nueve millones de personas en España viven por debajo del umbral de pobreza. El economista calcula que serían necesarios otros 6.000 millones para aumentar la eficacia de estas ayudas, 12.000 en total. «Deberías intentarlo»afirmó.
Transferir la gestión a las comunidades
De la Fuente apuesta por «mejorar el diseño y la eficacia del ingreso mínimo vital requiere introducir ajustes que permitan una gestión más cercana y coordinada«. Propone traspasar la gestión a las comunidades autónomas, dada su proximidad a los servicios sociales y al mercado laboral, lo que »facilitaría una atención más eficaz y una mejor integración con las políticas de inserción«.
En la misma sesión intervino el catedrático de Economía, Luis Ayala Cañónpor lo que España tiene «niveles de pobreza altos o muy altos, especialmente entre los menores, en comparación con el resto de países». Destacó los problemas de gestión que enfrenta el IMV y que dos tercios de las solicitudes son rechazadas, tras asegurar la «drama» Lo que supone para muchas familias tener que devolver las ayudas pagadas erróneamente por la Administración desde 2020 y ahora reclamadas. Esta situación alcanzó Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien denunció la solicitud de estas ayudas, que ascendieron a más de 500 millones de euros.
El diseño está lejos de la realidad.
«Si bien se han despejado algunas barreras institucionales, su diseño se aleja de la realidad de pobreza de muchas personas, pues persisten rigideces en el procedimiento administrativo, largos períodos de procesamiento y resoluciónreglas complejas, un régimen de verificaciones excesivamente estricto y las dificultades de comprensión de todo el proceso por parte de los solicitantes», afirmó Ayala tras recordar que algunos 200.000 viviendas quedan excluidas de ayudas en base a criterios de equidad a pesar de no disponer de liquidez. «Hay un gran margen de mejora en este servicio», afirma.
Para Luis Ayala, «lo más urgente sería implementar cambios normativos para no dejar fuera del programa a la población más excluida, incluyendo, sobre todo, el otorgamiento de más beneficios automáticos. Las situaciones de gran vulnerabilidad son, por naturaleza, inestables -ya sea en el ámbito laboral, residencial o personal-, lo que contrasta con la rigidez de muchos de los requisitos para acceder al IMV, como la definición del unidades de convivencia o requisitos de registro«.
Añadió que en muchos casos, «el precario acceso a la vivienda dificulta la acreditación del domicilio» y que «una disfunción especialmente preocupante es la devolución de cargas indebidas, que pueden generar niveles de endeudamiento familiar imposibles de asumir». Por ello, reclamó urgentemente la simplificación del proceso de solicitud y la flexibilización de los requisitos de documentación. «Algunos programas que funcionan eficazmente en otros países – aseguró – utilizan procedimientos más ágiles. También hay margen de mejora en los mecanismos de corresponsabilidad y coordinación con las comunidades autónomas.
Reducción del 6% en la tasa de pobreza
Pese a las críticas, los expertos creen que la creación del IMV supuso un avance relevante en la política social españolaestableciendo por primera vez una prestación estatal de garantía de ingresos mínimos con el objetivo de reducir la pobreza severa y ofrecer una red de seguridad a los hogares con menos recursos. Recordaron que, a pesar de sus grandes fallos, desde su implantación ha contribuido a mejorar la protección de las familias, especialmente reforzando el apoyo a los hogares monoparentales y con hijos a cargo, y ha aumentado la progresividad territorial del sistema, con mayor cobertura en las comunidades de menor renta per cápita.
Recordaron que el programa ha permitido reducir la tasa de pobreza severa en alrededor de un 6%, con «un costo fiscal reducido en comparación con su impacto social: incluso si hubiera una cobertura del 100%, significaría aproximadamente alrededor del 0,75% del PIB, una cifra aceptable dentro del conjunto de beneficios sociales», concluyeron.
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