Los dos altos funcionarios del servicio de seguridad del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol ignoraron hoy una citación policial para ser interrogados sobre su papel en el obstrucción de la operación de arresto el viernes al presidente sobre su declaración de la ley marcial en diciembre.

En un comunicado, el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) indicó que ni su jefe, Park Jong-joon, ni su adjunto, Kim Seong-hoon, pueden abandonar sus cargos «ni siquiera por un momento», teniendo en cuenta su obligación de garantizar La seguridad de Yoon en un momento como el actual y afirmó que se están manteniendo conversaciones con la policía para reprogramar los interrogatorios.

El viernes, la Oficina de Investigaciones de Corrupción (CIO) de alto rango intentó ejecutar su orden de arresto temporal para interrogar a Yoon por su intento fallido de instituir la ley marcial el 3 de diciembre, pero el PSS lo impidió, desplegando algunos 200 efectivos bloquearon el acceso a la residencia presidencial.

El CIO tuvo que cancelar la operación de detención tras varias horas de bloqueo y la policía citó entonces a Park y Kim a declarar hoy, y el PSS, a su vez, amenazó con emprender acciones legales por lo que consideraba un «intrusión no autorizada» en los terrenos de la residencia presidencial.

Por su parte, los abogados de Yoon han solicitado una orden judicial para anular la orden de detención obtenida por el CIO, argumentando que sólo la Fiscalía puede solicitar una detención por un presunto delito de insurrecciónel único del que un presidente surcoreano no es inmune.

Corea del Sur castiga a los líderes de un movimiento insurreccional con cadena perpetua o pena capital (sobre la cual existe una moratoria en el país desde hace casi 40 años).

Por si lo pueden arrestarEl equipo conjunto formado por el CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional, tiene 48 horas para interrogar a Yoon e incluso solicitar una orden de prórroga de la detención si lo cree necesario.

Yoon, a quien se le ha prohibido salir del país, fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre y está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si lo reincorpora o lo destituye definitivamente.