El juez que investiga las presuntas cloacas del PSOE insiste en obtener información sobre el caso que se sigue en la Audiencia Nacional por presunta manipulación de adjudicaciones públicas por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a cambio de comisiones ilegales. En ambos casos se investiga a Leire Díez.

El pasado 17 de enero el juez Arturo Zamarriego envió un escrito a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para informarles de los detalles del procedimiento que investiga por tráfico de influencias y cohecho. La información que se le transmite incluye la «indicación de los investigados y los delitos».

El objetivo del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid es que los investigadores envíen a continuación «toda la documentación» del informe que elaboraron en la causa que dirige el juez Santiago Pedraz que pueda tener relación con los hechos que analiza en Plaza de Castilla.

En concreto, el juez Zamarriego rastrea si Díez podría «dirigir» una «acción penal continuada y coordinada», con la colaboración de los otros dos imputados, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

El objetivo de los tres habría sido -según afirma la instructora en otro auto- obtener «información comprometedora» de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO con el fin de «anular o dilapidar» las investigaciones de «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios», vinculados al PSOE del que ella era militante y brevemente trabajadora en su federación cántabra.

Por lo pronto, el instructor de alcantarillado ya aceptó, este pasado viernes, una carta que le envió la Benemérita Policía Judicial.

Pero no es la primera vez que da un paso en esta dirección. Ya un mes antes, el 17 de diciembre, el juez Zamarriego dictó auto en un auto al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN para que le remitiera el atestado policial en el que se basó la Fiscalía para interponer la querella contra Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario navarro Joseba Antxon Alonso, el propietario de Servinabar vinculado a Santos Cerdán.

Esta actuación Anticorrupción fue la que abrió el proceso judicial en el que el juez Pedraz rastrea una presunta manipulación de hasta cinco contratos públicos que suman un valor total cercano a los 133 millones de euros.

Las diligencias en la AN aún se encuentran bajo secreto de sumario, y como informó LA RAZÓN la semana pasada, así seguirá en las próximas semanas porque se extenderá más allá del 10 de febrero, cuando originalmente estaba previsto.

No será hasta que el juez Pedraz anule la medida que su colega Zamarriego podrá conocer el informe de la UCO y los posibles detalles -como WhatsApp o documentos- que puedan tener relación y ser de interés con las supuestas maniobras que se analizan.

Mientras tanto, según conoció por primera vez este diario, la UCO comenzó a desprecintar las cajas con documentos incautados en la veintena de registros realizados en oficinas y domicilios de todo el país hace unos días.

En el caso de Díez, este diario pudo confirmar que los agentes entraron y se llevaron papeles y dispositivos electrónicos en cuatro domicilios relacionados con el exmilitante. Uno en Portugalete (Vizcaya), otro en Vega de Pas (Cantabria) y dos más en el municipio madrileño de Leganés y en el barrio capitalino de Las Tablas.

Próximos testimonios clave

El juez Arturo Zamarriego espera que el próximo lunes dos testigos más los interroguen. Por un lado, se cita al expresidente de Sacyr Luis del Rivero, que actuó de intermediario para que el fiscal Ignacio Stampa se reuniera durante más de dos horas con Leire Díez y Javier Pérez Dolset, en el despacho del empresario.

También a Alejandro Hamlyn, a quien las fuentes jurídicas consultadas dan por sentado que no podrá tomar declaración, ya que se encuentra prófugo de la Justicia española por un fraude de 154 millones en IVA sobre hidrocarburos.