El pasado 6 de marzo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, concedió la semilibertad a Baños Andújar. Lo hizo «por razones humanitarias», debido a la «enfermedad muy grave» que sufre.

Sin embargo, Castro, en resolución del día 26, ordenó a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional, en primer lugar, localizar posibles víctimas por la actividad criminal de este terrorista.

La intención del juez es ofrecerles, si quieren, comparecer en este expediente judicial para «obtener información» o sugerir que se impongan determinadas medidas a Baños Andújar, como el traslado de sus víctimas.

La abogada del interno, Bozhidara Matamoros, no está de acuerdo con este procedimiento. De hecho, ha recurrido la decisión del juez. Pero Castro no da marcha atrás.

En una resolución fechada este viernes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado insiste en no autorizar el tercer grado a Baños Andújar hasta que no se localice a sus víctimas y se les ofrezca comparecer en el expediente.

Castro explica que su decisión se basa, simplemente, en la aplicación del Estatuto de Víctimas del Delito. Y enfatiza que «toda víctima tiene derecho a ser informada» de una decisión administrativa como esta.

De hecho, el tercer grado es el paso previo a la libertad condicional, que es lo que pretende Interior con este interno. Según el juez, las víctimas tienen derecho a apelar.

Baños Andújar fue condenado, entre otros, por delitos de robo con violencia e intimidación. «Hubo víctimas concretas de sus acciones, por lo que (…) corresponde solicitar a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional [su localización]», explica el juez Castro.

En su recurso, la abogada de la interna alegó que, con este procedimiento, «se vulnera la tramitación urgente en el expediente de libertad condicional por enfermedad grave e incurable».

El juez de Vigilancia Penitenciaria no lo ve así. Recordemos que el Código Penal distingue entre «peligro evidente para la vida del interno por su enfermedad» y «pacientes muy graves e incurables».

María José Baños Andújar pertenece al segundo grupo. Y actualmente reside en un módulo de mujeres del centro penitenciario de Murcia II. No está admitida en un departamento exclusivo para enfermos. «Sin embargo», explica Castro, el centro penitenciario ha informado que «sí acude a la enfermería siempre que los servicios sanitarios» del centro penitenciario lo consideran necesario.

Así, el magistrado concluye que «No existe tal urgencia que permita ignorar los derechos de las víctimas» ser localizado y ofrecido comparecer en este expediente judicial. El Ministerio Público respalda la postura del juez.

«El simple ofrecimiento de información a las víctimas no agrava automáticamente la situación del interno, no impone nuevas restricciones y no condiciona automáticamente la concesión de la medida», afirma Castro.

El juez señala en su resolución que, en los delitos de terrorismo, tanto la jurisprudencia como la práctica judicial favorecen «una especial cautela informativa». Incluso tratándose de beneficios penitenciarios excepcionales, como es el caso de Baños Andújar.

Además, el magistrado considera que, «desde una perspectiva institucional», el hecho de oficiar en la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional «refuerza la legitimidad democrática» de la futura decisión que se tomará sobre la liberación de este prisionero.

De esta forma, se «evitan» situaciones de desinformación y se «previenen» conflictos o impugnaciones por omisión de procedimientos de garantía.

A ojos de Castro, su decisión «no viola los derechos del recluso ni el carácter humanitario» que llevó a Interior a iniciar el proceso de concesión de libertad condicional por enfermedad.

El juez sí solicita que los servicios médicos del centro penitenciario de Murcia II le avisen si el estado de salud del interno empeora. Y pide a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional que le den un «respuesta urgente».

Por otra parte, la decisión de Castro aún puede ser apelada. Dado que el juez ha desestimado la petición del abogado de Baños Andújar y no ha objetado, el letrado aún puede solicitar que el tribunal jerárquicamente superior a la Audiencia, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, corrija esta postura. Tienes los próximos cinco días para intentarlo.

De Bardem a Belarra

El Grapo, acrónimo de Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, Eran una organización terrorista española de extrema izquierda, de ideología marxista-leninista-maoísta, que estuvo activa entre 1975 y principios de la década de 2000.

Baños Andújar es una de las caras más conocidas de este grupo. Tanto es así, que desde el ex ministro Ione Belarra incluso los actores Javier Bardem y Willy Toledo Han apoyado su liberación de prisión.

De hecho, Belarra, actual secretario general de Podemos, instó al ejecutivo central a liberar urgentemente al recluso.

«Cada minuto que pasa, la Justicia y el Gobierno están violando los derechos humanos», escribió en su perfil oficial de Twitter a principios del pasado marzo.