Este martes, la jueza del Juzgado Número 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid interroga al exsubdirector operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y a la mujer que lo denunció por presunta agresión sexual.

González renunció a su cargo tras conocer que el juez había admitido a trámite la denuncia interpuesta en su contra y lo había citado a declarar como imputado. El excomandante policial y la mujer que lo denunció son llamados a declarar a partir de las 10.30 horas

El juez señaló en un auto que los hechos denunciados «hacen presumir la posible existencia de delitos de agresión sexual», luego de que el abogado de la denunciante también advirtiera en la denuncia por presuntos Coacción, lesiones psicológicas y malversación de fondos públicos. con el agravante de abuso de superioridad.

El denunciante, agente de la Policía subordinada de González, «en el pasado mantuvo una relación afectiva» con el exDAO que «se caracterizó desde sus inicios por una manifiesta asimetría de poder institucional» dada su posición, según la denuncia.

«Esta situación de subordinación institucional fue instrumentalizada sistemáticamente por la imputada para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones expresó su deseo inequívoco de terminar la relación, viéndose impedida de materializar efectivamente dicha decisión», anotó.

La relación, según el escrito, Terminó «por decisión unilateral» de la mujer, una «circunstancia» que González «no aceptó»iniciando «a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con hechos gravísimos», informó.

En concreto, estos hechos habrían ocurrido el 23 de abril de 2025, cuando la mujer se encontraba prestando «servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada», detalló. A partir del mediodía habría recibido «múltiples llamadas telefónicas» de González «requiriendo su presencia de manera inmediata y perentoria», agregó.

«Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, quien alegó evidentes razones laborales, el demandado, hacer uso explícito de su autoridad institucional«Le insté e instruí a que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado desde la comisaría de Coslada, para poder reunirse con él de urgencia», decía la carta.

La mujer habría acudido a un restaurante donde el ex DAO estaría comiendo con otro comisario. Luego de pasar un tiempo con ambos, González y la mujer se trasladaron a un edificio. Su superior le habría sugerido entonces subir a la casa, pero ella expresó «su malestar y su deseo de irse», indicó.

Una vez dentro de la casa, el ex DAO habría servido dos cervezas e “inmediatamente inició un acercamiento físico de carácter sexual hacia la víctima”. «Acércate a eso fue rechazado verbal, expresa, enfática y continuamente por la víctima en todo momento», añade la denuncia.

Pese a los desmentidos, el ex DAO habría iniciado entonces «comportamientos agresivos de carácter sexual caracterizados por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional», añadió.

Por su parte, el ex DAO afirmó que ofreció a la denunciante salir de la casa donde ocurrieron los hechos y negó que le impidiera salir, al tiempo que vinculó la denuncia a «celos» hacia la mujer. La representación legal de González señaló, en carta enviada al juez, «contradicciones entre el relato de la denuncia y el contenido de la grabación aportada como prueba documental fundamental».

A su juicio, lejos de reflejar una negativa en todo momento por parte de la denunciante, una imposibilidad de abandonar el lugar o un contexto de constante sumisión, lo que se desprende de la literalidad de la conversación son reproches de celos y exigencias de atención por su parte, expresiones emotivas y un tono de confianza personal.

La representación legal de la mujer le dio al juez una serie de pruebas para acreditar la acusación, entre las que se encuentran audios, listado de llamadas y capturas de pantalla de mensajes, sobre lo cual pidió «plena confidencialidad» y «salvaguardia» ante los tribunales, es decir, que sólo pudieran ser consultados en los tribunales.

El magistrado garantizó la «confidencialidad» del material aunque sin la «plena confidencialidad» que exigía el denunciante, facilitando a la defensa del ex DAO copia de las pruebas aportadas por el denunciante.

La mujer ha pedido al juez que investigue una supuesta filtración de su identidad, solicitando que se deduzcan testimonios por los presuntos delitos de revelación de secretos y violación del secreto de sumario.

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