el juez Juan Carlos Peinado archiva, por auto de la Audiencia Provincial de Madrid, la causa contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirrea quien acusó de malversación de fondos públicos en El caso por el que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómezconsiderando que no hay indicios de ninguna irregularidad ¿y? La investigación se basó en «meras especulaciones».

En auto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acuerda la sobreseimiento gratuito del proceso contra Martín Aguirrequien estaba siendo investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El magistrado asegura que, visto el contenido de la resolución de la Audiencia Provincial, «está plenamente probado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos«.

La investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid se remonta al pasado mes de mayo, cuando el juez Peinado admitió a trámite la querella presentada por Vox y citó a Martín Aguirre como investigado por este presunto delito, por «aparentemente» participar en la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarezpara asistir a la esposa del presidente del Gobierno desde «su condición de secretaria general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio de 2021».

A principios de este mes de diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid estimó los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la acusación de Martín Aguirre. En consecuencia, revocó parcialmente el auto por el que se le imputaba «al ser improcedente la denuncia formulada por la representación procesal del partido político Vox».

Para el Tribunal, «no hay pruebas de que Martín supiera» nada

Los magistrados consideran que «No hay constancia de que (Martín) supiera» que Cristina Álvarez se estaba «excediendo en sus funciones bajo la dirección de Begoña Gómez»«siendo meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad».

La Audiencia de Madrid ha estimado así estos recursos, a los que se sumaban las defensas tanto de Gómez como de Álvarez, recordando que en junio dictaminó que la investigación debía centrarse en si se había excedido el desempeño de las funciones públicas del asesor para favorecer las supuestas irregularidades que se investigan en el caso contra la esposa de Sánchez.

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