El juicio del ‘caso Popular’ será entre enero y junio de 2027 y finalizará una década después de la resolución del banco
el juicio de caso popular Ya tiene fechas exactas. Se celebrará entre 19 de enero y 30 de junio de 2027tal y como recoge una resolución judicial adelantada por EL ESPAÑOL-Invertia.
Por tanto, las sesiones de audiencia oral finalizarán aproximadamente una década después de la resolución del Banco Popular, que tuvo lugar a principios de junio de 2017.
La Audiencia Nacional ya había reservado el primer semestre del próximo año para este juicio y acaba de fijar las fechas exactas en las que se celebrará.
En esta causa judicial, el juez José Luis Calama investigó el aumento de capital que, en 2016, suscribió esta entidad financiera por valor de 2.505 millones de euros.
En 2017 Popular quebró, fue resuelto por la JUR (Junta Única de Resolución) y adquirido por Banco Santander.
En marzo de 2024, al finalizar su investigación, el juez Calama propuso juzgar al expresidente del Banco Popular ángel ronotros doce ejecutivos de su dirección y de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por los presuntos delitos de defraudación a inversores y falsedad contable.
Ahora, una resolución de este lunes fija las fechas en las que comenzará el juicio al caso popular.
A partir del 19 de enero y hasta el 30 de junio, las sesiones se desarrollarán los martes, miércoles y jueves en la Audiencia Nacional, ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.
No se realizarán en las dos semanas comprendidas entre el 22 de marzo y el 4 de abril.
La citada resolución judicial otorga un plazo de días a la defensa del imputado, para que informe a la Sala si va a declarar al inicio del juicio o al final.
Tras su instrucción, el juez Calama concluyó que los inversionistas que suscribieron el aumento de capital de 2016 acudieron a él «engañado«.
A ojos del magistrado, los estados financieros de ese año y de 2015 «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio», sino que el folleto incluía información «alterado conscientemente».
Por otro lado, la defensa de Ángel Ron sostiene que la devaluación de las acciones de estos inversores no deriva de la ampliación de capital, sino que se produjo cuando su sucesor dirigía el banco, Emilio Saracho.
En su escrito de defensa, el abogado de Ron, José Antonio Choclán, señaló que, tras la ampliación de 2016, «quedó un banco solvente, viable y rentable».
Y achacó la quiebra del banco a la «crisis de liquidez» que sufrió la entidad en el «segundo trimestre de 2017, bajo la presidencia del señor Saracho».
Asimismo, la defensa de Ron negó que hubiera falsificado las cuentas para la ampliación de capital y con el fin de atraer inversores, como concluyó el juez.
De hecho, en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de Calama de abrir juicio oral contra el exdirector, Choclán destacó que su cliente, como presidente de la entidad, había invertido «gran parte de su patrimonio» en el aumento de capital de 2016.
«No tiene sentido atribuir la elaboración y formulación de Algunas cuentas que el Tribunal califica como falsascuando el señor Ron, al igual que otros directores, invirtió gran parte de su patrimonio en el mencionado aumento de capital», se afirma en dicho recurso, que fue desestimado
«Esto presupone, para un observador objetivo, que el señor Ron confió en la veracidad de la información y obviamente que expresaron una imagen fiel de la entidad, simplemente porque este hecho es un hecho verídico», defendió el abogado.
Por su parte, el Fiscalía Anticorrupción Pide seis años y medio de prisión para Ron, al que acusa, en línea con la tesis del juez instructor, de haber falsificado las cuentas «para captar dinero de posibles inversores».
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