Los hechos se remontan al verano de 2012. El jugador, familiarizado con los distintos juegos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado, había validado varios billetes unos días antes del sorteo. Entre ellos estaba un Apuesta automática por La Primitiva que acabaría recibiendo un premio de primera categoría de más de 4,7 millones de euros.

Sin saberlo, el apostador acudió el 2 de julio del mismo año a una administración de loterías de La Coruña para comprobar los resultados de sus apuestas. Entregó varios recibos para su verificación y esperó a que el encargado del establecimiento realizara el trámite habitual a través de la terminal oficial.

Como el Tribunal considera acreditado, durante esta verificación el sistema identificó uno de los boletos como ganador categoría superior. El terminal mostraba un aviso específico destinado a este tipo de premios e incluso imprimió un recibo indicando expresamente que se debía entregar el recibo al cliente por tratarse de un billete ganador. Sin embargo, el acusado informó al jugador que ninguno de los billetes eran ganadores. Convencido de que sus apuestas no tenían ganancia, el cliente salió del establecimiento sin el recibo gratuito y sin darse cuenta que acababa de perder la posibilidad de reclamar una fortuna de un millón de dólares.

Catorce años después de los hechos, la Audiencia Provincial de La Coruña sentenció tres años y medio de prisión al propietario de esta administración de lotería, al considerar probado que había ocultado deliberadamente a un cliente ganador de un premio de más de 4 millones de euros en La Primitiva para conservar el recibo ganador.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de A Coruña, concluye que el acusado actuó con ánimo de lucro y engaño, haciendo creer al apostador que ninguno de los billetes que presentó para su verificación eran ganadores. Para el tribunal, esta acción permitió al responsable de administración apropiarse del recibo ganador y posteriormente intentar recuperar el premio.

La decisión judicial considera especialmente relevante que una vez que el jugador se fue, el funcionario de la administración volvió a revisar el billete varias veces. Los magistrados entienden que estos controles posteriores tenían como objetivo confirmar tanto la existencia del precio como su elevado importe.

Para el tribunal, los hechos encajan plenamente en un delito de estafa agravada. Según la sentencia, el engaño fue especialmente eficaz debido a la posición de confianza que ocupaba el acusado. El jugador aceptó la información porque procedía de un profesional autorizado.

La pena finalmente impuesta ascendió a tres años y medio de prisión. Aunque los cargos pedían penas más severas, el tribunal aprecia la existencia de una atenuante de dilaciones indebidas por el extraordinario tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos. En materia civil, el tribunal reconoce derecho a recuperar el importe total del premio. El condenado deberá responder solidariamente con la Empresa Nacional de Loterías y Apuestas (SELAE) de los más de 4 millones de euros correspondientes al billete premiado. Sin embargo, el monto ya fue registrado judicialmente, por lo que la resolución excluye la aplicación de intereses adicionales.

La decisión también resuelve una cuestión relevante sobre adónde va el dinero. El titular del billete falleció durante la tramitación del expediente, por lo que el Tribunal determina que el premio debe incorporarse al patrimonio del causante y distribuirse conforme a las disposiciones testamentarias correspondientes, en lugar de entregarse directamente a determinados familiares.

Otro punto fuerte de la decisión así es la absolución del segundo acusadohermano del lotero condenado y delegado de lotería provincial en el momento de los hechos. Los magistrados creen que el delegado informó a los responsables de la organización de la existencia del billete desde el primer momento, les consultó sobre cómo actuar y acabó entregándolo a la Société Nationale des Lotteries et Paris de l’Etat para su custodia. A juicio del tribunal, no está demostrado que tuviera conocimiento de los hechos ilícitos atribuidos a su hermano. La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

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