La defensa del matrimonio que mantuvo encerró a sus tres hijos durante casi cuatro años en un domicilio situado en las afueras de Oviedo alega que no hubo detención ilegal de los menores, sino que se trató de aislamiento voluntario por parte de algunos padres debido a «miedo insuperable«lo que sintieron al haber estado enfermos de coronavirus.

Así lo afirmó Javier Muñoz, uno de los abogados defensores del matrimonio, a la entrada de la segunda y última sesión del juicio que se celebra desde ayer a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Oviedo y en la que declararán los padres.

En declaraciones a los periodistas, la defensa del matrimonio ha rechazado la aplicación de la «etiqueta estigmatizante» de ‘La Casa de los Horrores’como lo bautizaron los medios de comunicación, porque esa situación «no existe».

«Aquí lo que ha sido es una familia con comportamiento disfuncionalcon un comportamiento anormalpero, por supuesto, no criminal«, apuntó el abogado tras señalar que se trata de una familia extranjera que «no conoce el idioma» y que «decide autoconfinarse» y educar a sus hijos en casa.

Según el abogado de la madre, los padres crearon una «celda en la que vivían aislados», aunque no ha habido ninguna ««cualquier tipo de detención ilegal» de los menores, dado que tenían libertad de deambular por el hogar.

Esto fue consecuencia de un «miedo insuperable e irracional» de los padres después de haber sido infectado con COVID y » de haber estado enfermo durante bastante tiempo«, por lo que «no pudieron regularizar su situación en España».

Reconocen que es una «situación extraordinaria y anómala, pero no constituye delito»

La defensa ha indicado que los tres niños estaban limpios y «No tenían malformacionesy que la vivienda «no estaba en la situación que ha sido pintada», con zonas «perfectamente ordenadas» y otras en las que había «mucha acumulación de pertenencias», lo que no representa un delito.

«Es una situación extraordinario, anómalo, extraño, pero no constituye delito. Tener la casa desordenada no es un delito y no enviar a tus hijos al colegio en un centro oficial no es un delito, puede ser una infracción administrativa y puede ser reprobable desde el punto de vista personal o social, pero no jurídicamente», puntualizó el abogado.

Sin embargo, el abogado del padre, Elena GonzálezHa sostenido que haber optado por la vía penal para resolver esta situación es «lo más perjudicial» porque «se ha desmembrado una familia».

«No es una situación ortodoxa.pero, por supuesto, No es una situación criminal.. «Es una cuestión puramente asistencial para una familia con problemas y comportamientos anormales», han sostenido.

La defensa pide la absolución del matrimonio y la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el Gobierno asturiano, solicitan penas de 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psicológica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono familiar.

El Ministerio Público sostiene que los padres mantuvieron encerrados a sus hijos entre diciembre de 2021 y abril de 2025 por un «temor infundado a un hipotético contagio“y durante todo ese tiempo no fueron educados ni tuvieron ningún seguimiento de salud.

Los dos gemelos, que entonces tenían ocho años, y su hermano, que tenía diez años y que ahora vive bajo la tutela del Gobierno asturiano, quedaron completamente aislados del mundo ya que, siempre según la versión del Ministerio Público, Se les negó todo contacto con otras personas.tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación.

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