La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha presentado este lunes el segundo II Plan estratégico sobre personas desaparecidasque estará vigente entre 2026 y 2029 y para el que se ha destinado una dotación presupuestaria de 5,1 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de tres millones respecto al plan anterior.

Este nuevo plan establece como objetivo prioritario apoyo a las familias afectadas por desapariciones de larga duración, aquellos que no saben qué pasó con su ser querido durante años. «Hay que dar una respuesta a quienes, después de muchos años, todavía no saben qué pasó con su ser querido. Hay que seguir trabajando con la mayor consideración posible junto a las familias para aliviar al máximo una situación tan dolorosa», afirmó Calvo durante el acto, al que asistieron asociaciones, representantes de los cuerpos policiales y otras instituciones implicadas.

El documento da continuidad al primer plan (2022-2024), presentado por Fernando Grande-Marlaska el 4 de marzo de 2022, que se ha convertido en un referente para las instituciones implicadas. El desarrollo de este segundo plan estuvo coordinado por la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior y recaudó aportaciones del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra, así como de fundaciones y asociaciones que representan a las personas desaparecidas.

Cinco líneas de actuación y más de un centenar de medidas

El plan se organiza en cinco líneas de actuación prioritarias, que son:

• Prevención y sensibilización
• Formación de agentes y profesionales implicados.
• Medidas tecnológicas para la investigación y resolución de casos
• Cuidar a familiares y amigos
• Colaboraciones nacionales e internacionales.

De estas líneas surgen 13 objetivos específicos y un total de 102 medidas a implementar durante el periodo de vigencia.

La línea de prevención incluye la realización de campañas dirigidas a los colectivos más vulnerables, como personas mayores con enfermedades neurodegenerativas y adolescentes entre 13 y 17 años, con especial atención al uso de las redes sociales. También se pondrá en marcha el registro nacional denominado “Derecho a desaparecer” y se impulsará la creación de un estatus básico para la persona desaparecida.

En materia de formación, se espera la continuación del programa iniciado con el primer plan para las unidades de policía judicial, y se ampliará la formación en los centros de formación de los cuerpos policiales y en otras instituciones públicas y privadas como la judicatura o las escuelas de farmacéuticos.

En el ámbito tecnológico, el plan prevé reforzar uso de herramientas predictivas en unidades territoriales de investigacióndesarrollar una plataforma “inteligente y multirespuesta”, mejorar las alertas y la señalización, fomentar la colaboración ciudadana y realizar simulaciones que muestren la capacidad operativa desplegada en caso de desapariciones.

Para los casos de larga duración, están previstos estudios lofoscópicos, es decir, la identificación de restos humanos no identificados y la armonización de la base de datos policial de identificadores obtenidos mediante ADN, con el objetivo de resolver casos antiguos que aún están abiertos.

La línea de acogida familiar, reforzada en este plan, mantendrá reuniones más frecuentes con fundaciones y asociaciones, impulsará investigaciones en casos prolongados, aprobará un código ético, actualizará el mapa de recursos disponibles y colaborará con organismos especializados como el Centro de Referencia de Alzheimer (CREA).

En cuanto a las colaboraciones nacionales e internacionales, el CNDES trabajará para exportar los protocolos que han funcionado en España dentro de la Unión Europea, integrándose en organismos supranacionales y fortaleciendo vínculos con centros homólogos para intercambiar buenas prácticas, particularmente en materia de protección de menores.

Nuevo protocolo de actuación unificado

Paralelamente a este plan, el Ministerio del Interior aprobó el nuevo Protocolo Unificado de Actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de personas desaparecidas, fruto de dos años de trabajo conjunto entre el CNDES y los cuerpos policiales implicados. Según la directora del CNDES, Pilar Muniesa, “cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan juntos, coordinan y comparten procedimientos, los resultados mejoran exponencialmente”.

Este protocolo define una definición común de persona desaparecida, modifica la categorización tradicional (ahora: consciente, involuntaria y criminal) y unifica la señalización oficial utilizada por todos los cuerpos policiales, facilitando también el ejercicio del derecho a borrar rastros digitales.

También se ha implementado un sistema único de gestión de alertas, con dos niveles de gravedad: “Alerta de desaparición” y “Alerta de alta vulnerabilidad”. Se mejoran los canales de comunicación entre los pequeños centros de acogida y los cuerpos policiales gracias a una hoja única de denuncia y se designa un contacto policial permanente para cada caso, de modo que las familias tengan un único contacto durante todo el proceso.

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