MADRID 20 feb. (EUROPA PRESS) –

El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que abre la puerta a la liberación de quienes hayan cometido delitos desde 1999.

El proyecto ha salido adelante con los votos unánimes de la cámara presidida por Jorge Rodríguez, quien ha aprovechado para «saludar y felicitar la actitud, disposición, fortaleza y espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial», así como a los miembros de la Asamblea Nacional.

Los diputados aprobaron la iniciativa en segunda lectura, que fue aplazada en medio de las discrepancias entre el oficialismo y la oposición por uno de los artículos del texto que establecía que los beneficiarios debían ponerse «a la altura de la ley», es decir, a disposición de las autoridades pertinentes. Pese a ello, durante la primera sesión parlamentaria, los diputados aprobaron por unanimidad hasta otros seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

El documento aprobado este jueves sostiene que los presos que puedan beneficiarse de la amnistía deberán presentarse ante las autoridades, aunque establece que aquellas personas que se exiliaron podrán ser representadas por un abogado de su «confianza y elección» mientras se tramita su solicitud. Además, evita la detención de los beneficiarios durante el tiempo que dure el proceso.

Asimismo, la ley se aplicará con base en hechos cometidos en el marco de trece hechos incluidos en el artículo 8 del texto, entre ellos el golpe de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referendo revocatorio contra Chávez en 2004, y diversas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.

Sin embargo, quedan excluidos los delitos de «corrupción, violaciones graves de los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio doloso y lesiones muy graves, tráfico de estupefacientes».

Por otro lado, el texto incluye la creación de una comisión especial de seguimiento de la ley, con la responsabilidad de velar por el cumplimiento y ejecución del nuevo marco legal, que ya fue enviado al presidente para su firma y difusión en el Diario Oficial venezolano.

Durante la sesión parlamentaria, Jorge Rodríguez también se ha referido a la ley contra el odio a la convivencia democrática, reconociendo que «hubo situaciones de mal uso» de la misma, y ​​ha considerado reformar esta legislación que establece penas de hasta 20 años de prisión.

«El programa de convivencia y paz está precisamente estudiando el alcance de esa ley», ha apuntado, antes de admitir la mala aplicación del proyecto, algo que «tiene que ser corregido» por la comisión de seguimiento.

La ONG Foro Penal, que estima que 448 presos políticos han sido liberados desde el 8 de enero, reaccionó a la aprobación de la ley afirmando que «los crímenes contra la humanidad nunca prescriben». Su presidente, Alfredo Romero, ha denunciado que la ley «es bastante restrictiva» ya que «excluye» a personas perseguidas políticamente «detenidas, muchas de ellas incluso de forma arbitraria».

Así lo dijo en un vídeo difundido en las redes sociales, donde horas antes señalaba la necesidad de «recibir con optimismo» el proyecto pese a «seguir presionando por la liberación de todos los presos políticos».

Mientras tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha informado de que los familiares de los detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), denominada zona 7, en Caracas, han suspendido la huelga de hambre que iniciaron hace más de cinco días, aunque han alegado «grave agotamiento físico y ausencia total de respuestas de las autoridades».

La iniciativa fue anunciada a finales de enero por el número dos del presidente Nicolás Maduro, que permanece en una prisión en Nueva York desde que fue capturado por Estados Unidos en un ataque a Caracas y sus alrededores a principios de 2026.