Francia encadena soluciones desesperadas. Este martes, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la ley especial de finanzas, un texto de emergencia que permite al Estado recaudar impuestos, mantener gastos y endeudarse en los mercados hasta el 1 de enero, siempre en base a las cuentas públicas del año en curso. Un parche temporal en forma de ampliación presupuestaria. La ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, advierte de que este «servicio mínimo» no representa más que un «riesgo máximo», pero la división del arco parlamentario en tres bloques prácticamente irreconciliables impide la articulación de mayorías. Las mayorías, en cambio, necesarias para ejecutar los presupuestos del próximo año, la espina clavada en el zapato del presidente, Emmanuel Macron, deseoso de dotar a su país de nuevas cuentas públicas «lo antes posible en enero» para controlar el elevado déficit y la deuda disparada. Su primer ministro, Sébastien Lecornu, que contra todo pronóstico sobrevivió a una moción de censura con muchas posibilidades de triunfar, recuperó oxígeno la semana pasada gracias a la aprobación de los presupuestos de la Seguridad Social. Una contundente victoria parlamentaria que, en gran medida, respondió a la abstención de varios diputados ecologistas y al apoyo de la bancada socialista, satisfecha con la suspensión de la controvertida reforma de las pensiones de Macron. En esta ocasión, sin embargo, Lecornu no ha podido convencer a los distintos grupos parlamentarios, con la notable excepción de Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y del Rally Nacional (RN) de Marine Le Pen. Asediado por la izquierda populista y la extrema derecha, el macronismo se está lamiendo las heridas. «Sabemos que este no será el presupuesto ideal. El momento de los grandes proyectos será 2027», declaró este martes el diputado centrista Jean-Paul Mattei. Ante el persistente bloqueo, algunos legisladores –como el propio Mattei– proponen aplicar el artículo 49.3, un recurso constitucional que permite aprobar un proyecto de ley sin someterlo al criterio de la Asamblea. Un mecanismo cuyo uso motivó la moción de censura que derrocó al Gobierno de Michel Barnier. Lecornu, que promete «rendir cuentas» a la opinión pública para explicar las acciones del Gobierno, especialmente en lo que respecta a los esfuerzos por aprobar el presupuesto del próximo año, prometió no utilizar esa carta para ganarse la confianza del Partido Socialista. Los diputados reanudarán las negociaciones después de las vacaciones. Mientras tanto, la presión está aumentando sobre la segunda economía más grande de la zona del euro.

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