España es un país con una enorme vulnerabilidad energética estructural. No sólo importa prácticamente todo el petróleo que consume, sino que además no produce prácticamente nada de gas natural, entre otras cosas por la absurda prohibición de extraerlo mediante fracking, que nos permitiría obtener mucho gas de nuestras minas de Asturias y León, pero la demagogia fundamentalista de la izquierda lo impide, aunque luego el gas que importa proviene, en gran parte, de obtenerse con esta técnica. Esto implica que el suministro de gas -clave para la generación eléctrica, la industria y el funcionamiento general de la economía- depende completamente del exterior. Y, en el contexto geopolítico actual, una parte cada vez mayor de ese suministro proviene de Estados Unidos, extraído, curiosamente, mediante la misma técnica que aquí está prohibida, lo que hace todo más incomprensible e ineficiente.

Durante décadas, el principal proveedor de gas de España fue Argelia. La proximidad geográfica y la existencia de gasoductos directos con la península –como el Medgaz– permitieron un suministro relativamente estable. Sin embargo, el balance energético español empezó a alterarse en los últimos años. La crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y el cierre del gasoducto Magreb-Europa, unida al deterioro diplomático entre Argelia y España tras el cambio de postura del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental, modificaron sustancialmente el mapa energético español.

El resultado ha sido una creciente dependencia del gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos, transportado en buques metaneros y regasificado en plantas españolas. España tiene la mayor capacidad de regasificación de Europa, lo que facilita la llegada de este gas, pero esta ventaja técnica se convierte también en una dependencia estratégica.

Hoy en día, aproximadamente una de cada tres unidades de gas consumidas en España procede de Estados Unidos. En algunos últimos meses incluso se ha superado ese porcentaje. Según datos del boletín estadístico de Enagás, en 2025 Estados Unidos representó en torno al 30% del gas importado por España, sólo por detrás de Argelia, mientras que Rusia se redujo a poco más del 11% del total. Esto significa que el sistema energético español se sustenta en tres pilares exteriores: Estados Unidos, Argelia y, en menor medida, Rusia, pero ninguno de ellos ofrece hoy una seguridad absoluta.

Argelia mantiene una tensa relación diplomática con España desde que los españoles entregaron el Sáhara Occidental, lo que ha generado episodios de incertidumbre en el suministro energético. Rusia, por su parte, se ha convertido en un proveedor indeseable tras la guerra de Ucrania. En este contexto, Estados Unidos se ha consolidado como el principal proveedor alternativo de gas para el continente y para España en particular. Por ello, cuesta entender la ligereza con la que el Gobierno español ha gestionado recientemente su relación con Washington.

La negativa a permitir el uso de bases militares españolas en una operación estadounidense contra Irán no es simplemente una decisión diplomática. Puede interpretarse como un gesto político de distanciamiento hacia un aliado estratégico fundamental, lo cual es muy grave. Y en un mundo donde la geopolítica y la energía están estrechamente vinculadas, este tipo de gestos no son gratuitos. Si Estados Unidos decidiera llevar a cabo el embargo que se ha insinuado en algunos ámbitos políticos, el impacto sobre la economía española podría ser considerable.

En primer lugar, por la dependencia tecnológica. Gran parte de la tecnología avanzada que utiliza España -especialmente en sectores estratégicos y militares- proviene de empresas americanas. Las restricciones en esta área afectarían las capacidades de defensa, los sistemas industriales y los equipos críticos.

Ahora bien, el impacto más inmediato sería la energía. Un recorte significativo de las exportaciones de gas estadounidense a España tendría efectos inmediatos en el mercado energético. Reemplazar ese volumen no sería fácil. Argelia podría aumentar parcialmente la oferta, pero las tensiones políticas actuales hacen poco probable que España quiera depender aún más de un proveedor con el que mantiene una delicada relación diplomática. Con el enfoque obtuso que mantiene el gobierno español hacia la energía nuclear, existen pocas alternativas de sustitución.

El resultado sería previsible: una mayor presión al alza sobre los precios del gas, que acabaría trasladándose al precio de la electricidad, a los costes industriales y, en definitiva, al nivel de vida de los hogares. Es decir, más inflación energética y más pérdida de poder adquisitivo.

En un país donde el gas es fundamental para la generación eléctrica mediante ciclos combinados y para numerosos procesos industriales, este incremento de precio supondría un nuevo factor de empobrecimiento económico. Por lo tanto, desde una perspectiva estrictamente económica, es difícil justificar decisiones políticas que tensan esta relación sin evaluar cuidadosamente sus consecuencias.

España no produce gas. Depende de otros para obtenerlo. Y cuando un tercio de ese suministro proviene de un solo país, la prudencia estratégica debería ser una prioridad, porque en materia energética, como tantas veces en economía, la realidad acaba prevaleciendo sobre la retórica.