Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Italia; 1869-1957) se encontraría satisfecho en este 2026. Su célebre obra ‘El gatopardo’, y aquel «que todo cambie para que todo siga igual» encontraría acomodo en las actuales políticas energéticas mundiales; sobre todo, en Occidente. Hace más de una década, principalmente tras el Acuerdo de París, se dio el pistoletazo de salida a una carrera verde, con las renovables en el centro de la ecuación, donde no se tuvo en cuenta la velocidad, el impacto económico sobre la sociedad –para asumir esos cambios–, y cómo lo podrían afrontar las empresas. Por si fuera poco, todo esto sucede en un contexto de conflicto bélico donde estas materias primas han saltado al primer plano de la actualidad.

Ahora, ese castillo de naipes se derrumba y toca replantear demasiadas cuestiones a marchas forzadas con el añadido de no saber qué depara el futuro inminente tras el conflicto bélico en Oriente Próximo. No existe compañía energética –y gobierno coherente– que no haya revisado sus inversiones en materia renovable, y algunas directamente desempolvan sus tecnologías fósiles y otras fuentes como la nuclear. El contexto de inestabilidad geopolítica no ha ayudado, pero la realidad ha dictado sentencia: el péndulo energético se ha movido en todo el mundo.

Los europeos fueron adalides de esta primera oscilación. La política energética del Viejo Continente ha tenido que adaptarse a la brusca evolución de la situación internacional, pero mantiene dos objetivos claros: reducir las emisiones de CO2 en todo lo posible y reforzar a toda costa su independencia de factores exteriores.

En esta estructura, en las últimas dos décadas las renovables han pasando de unos objetivos modestos a ser consideradas como uno de los pilares del sistema energético. Sin embargo, de forma significativa las centrales nucleares han dejado de ser un elemento caduco a ser consideradas como parte de la ‘Taxonomía Verde’ que les permite recibir financiación comunitaria, como el complemento más eficiente para las renovables.

Desde que Alemania decidió suprimir sus centrales nucleares en 2011 tras el accidente en Fukushima, han sido varios los países que han dado media vuelta a las políticas de abandono de la energía atómica y en estos momentos muchos países están apostando por esta energía.

Transformación

En la última década se ha producido una transformación que ha pasado de objetivos ambientales graduales a una revolución energética integral impulsada tanto por el cambio climático como por imperativos de seguridad nacional. Aunque en el Parlamento Europeo hay una creciente presión política contra el ‘Pacto verde’, impulsada por los partidos populistas y antieuropeos de extrema derecha, lo cierto es que la revisión más relevante en este campo ha sido la de la prohibición de vender coches con motor térmico a partir de 2035. También ha habido ajustes en el campo del mercado de emisiones para favorecer a las industrias más dependientes de la energía, y el objetivo esencial se ha mantenido.

Sin embargo, el gran impulso para la transición energética ha venido de donde nadie lo esperaba, de la desastrosa invasión rusa de Ucrania que ha obligado a los europeos a abandonar los hidrocarburos que compraban a buen precio en Rusia y a descubrir hasta qué punto es un inconveniente grave el depender de factores externos en materia energética. La principal respuesta a este desafío son las energías renovables.

El problema ha sido la velocidad de implantación –y obligación de adaptación–, así como una legislación demasiado exigente. Eso ha tenido sus consecuencias, muchas de ellas económicas, y los países están reconduciendo la situación; sobre todo, las empresas que se juegan el dinero.

El gran paradigma alemán

Si existe una oscilación de péndulo significativa se ha dado en la locomotora de Europa, Alemania, donde precisamente se ha constatado que tanta maquinaria era muy complejo moverla solo con tecnologías verdes. Y todo pese a que desde principios de siglo, el ‘proyecto Energiewende’ convirtió al país germano en el laboratorio mundial de la transición energética.

En 2025, el 63% de la electricidad alemana procedía de energías renovables, frente al 19% en 2010, un salto extraordinario que situó al país en la vanguardia climática. Sin embargo, la recesión y el atraso tecnológico ha empujado al gobierno alemán a retroceder sobre sus pasos para reintroducir y ampliar el uso de fuentes fósiles, especialmente carbón y gas.

La Ley Federal de Protección del Clima, que sigue en vigor, fija la neutralidad climática para 2045 y una reducción del 65% de emisiones para 2030 respecto a 1990. Pero la invasión rusa de Ucrania, la crisis del gas y la caída de la producción nuclear han alterado profundamente ese calendario.

Entre 2022 y 2025, Berlín autorizó la reactivación de más de 20 centrales de carbón y lignito, incluidas plantas de RWE y LEAG que ya estaban en proceso de cierre. Aunque oficialmente se trataba de medidas «de emergencia», varias de estas instalaciones han seguido operando más allá del plazo previsto, y los Länder mineros presionan para extender su vida útil hasta 2035.

El gas natural, por otra parte, ha regresado al centro del sistema energético alemán. La dependencia del gas ruso, que llegó a representar más del 55% del consumo alemán, obligó a Alemania a una carrera frenética por diversificar proveedores y esa diversificación ha terminado teniendo como consecuencia una expansión de infraestructuras fósiles. Desde 2022, Alemania ha construido o autorizado: cinco terminales flotantes de GNL (FSRU) en Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Lubmin, Stade y Mukran; dos terminales terrestres permanentes en construcción; y contratos de suministro a largo plazo con QatarEnergy y empresas estadounidenses, algunos con vigencia hasta 2041.

Además, el cierre definitivo de las últimas tres centrales nucleares alemanas en abril de 2023 ha incrementado la presión sobre las fuentes fósiles, según reconoce la Agencia Federal de Redes. El sector industrial alemán, especialmente el químico y el metalúrgico, ha sufrido un aumento del coste energético superior al de sus competidores estadounidenses y asiáticos. BASF, por ejemplo, ha trasladado parte de su producción a China, India y Estados Unidos, a pesar de las nuevas subvenciones a la electricidad para la industria intensiva, la ampliación de las reservas estratégicas y los incentivos a nuevas plantas de ciclo combinado.

El inicio de este retorno a las fuentes fósiles comenzó como solución provisional a la crisis energética, pero sin convicción política, en la última legislatura Merkel y en la de la «coalición semáforo», que formaron socialdemócratas, liberales y verdes bajo la dirección de Olaf Scholz. Pero el gobierno conservador de Friedrich Merz, ha hecho suya esta política.

En su primera declaración gubernamental ante el Bundestag, Merz no mencionó el cambio climático y habló de un «replanteamiento». En el acuerdo de coalición que negoció con el Partido Socialdemócrata (SPD), se abre la puerta a flexibilizar la transición energética, lo que en la práctica implica mantener gas y carbón más tiempo del previsto. «Queremos una política energética realista, tecnológicamente abierta y económicamente sostenible», afirma el texto.

El vendaval Trump

En todo este movimiento oscilante que ha puesto a las tecnologías fósiles y la nuclear –de nuevo– en un lugar importante dentro de las políticas energéticas, ha habido un personaje que, directamente, ha hecho saltar el péndulo por los aires. Tanto, que sus decisiones condicionan planes estratégicos e inversiones por todo el mundo.

Y es que bajo el mandato de Donald Trump, Estados Unidos está reordenando su conversación energética alrededor de una palabra que en Washington pesa más que «transición», se trata de «fiabilidad».

El detonante es doméstico y es electoral. La factura eléctrica se ha encarecido, el asunto ha entrado en la mesa de la cocina y, al mismo tiempo, la demanda empieza a dispararse por la ola de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial y por el tirón industrial. Trump convirtió ese malestar en argumento central en el Estado de la Unión del 24 de febrero de 2026, prometió contener los precios y lanzó una idea que condensa su método. Si la nueva economía digital necesita megavatios, el presidente le insta a que pague su propia infraestructura.

Lo planteó con crudeza. La red es vieja y «no podría aguantar» el salto de demanda. Por eso, las grandes tecnológicas tendrían la obligación de cubrir sus necesidades energéticas, incluso construyendo sus propias plantas. De momento, el anuncio es más político que regulatorio. No vino acompañado de arquitectura legal clara ni de un plan detallado de permisos, conexiones e incentivos. El riesgo implícito es el de siempre en electricidad. Que el coste reaparezca por la puerta trasera, vía tarifas de red, contratos o inversiones repercutidas. O que una red sobrecargada falle justo cuando más se le exige.

Ese enfoque encaja con una narrativa republicana que lleva meses ganando volumen en el Capitolio. En junio del año pasado, el diputado Morgan Griffith, presidente del subcomité de Medio Ambiente, publicó un artículo en el que vinculaba las políticas climáticas demócratas con el aumento del riesgo de apagones y usó a España y el caso de 2025 como advertencia política.

Se apoyó en episodios de estrés de la red, en avisos a consumidores para reducir consumo durante olas de calor y en una orden de emergencia del secretario de Energía para mantener operativa una planta de carbón en Michigan, al amparo de la ley con el objetivo explícito de minimizar el riesgo de cortes ante el pico de demanda del verano. El mensaje, alineado con la Casa Blanca, es que el sistema se está quedando sin colchón y que la prioridad debe ser asegurar potencia firme.

Ahí aparece el renacer de los combustibles fósiles como bandera y como herramienta. Trump ha vuelto a situar petróleo, gas y carbón en el centro del relato de seguridad y abaratamiento. No es solo una discusión cultural contra lo verde, sino que es una apuesta por energía gestionable y por oferta abundante, con la idea de que la inflación también se combate con precios de energía. El carbón opera como símbolo de potencia firme y el gas como columna vertebral flexible, capaz de respaldar picos de demanda y de alimentar, si hace falta, plantas nuevas dedicadas a los centros de datos. De hecho el presidente se refiere al carbón como energía «limpia y bonita».

Esa estrategia doméstica tiene una pata exterior que Washington considera estratégica, el gas natural licuado. En 2025, según un informe reciente del Departamento de Energía, Estados Unidos exportó un récord de gas natural licuado, con Europa como principal destino.

En esa lista de grandes compradores aparecen Países Bajos, Francia, Egipto y, en cuarto lugar, España, con 10,6 mil millones de metros cúbicos, muy cerca del Reino Unido. El dato es relevante por lo que dice de la realidad. Incluso cuando en Europa se discute el GNL como combustible fósil y se subrayan sus emisiones, la seguridad de suministro y la estabilidad de precios han convertido a Estados Unidos en proveedor central y a España en cliente de peso.

El mundo ha dado un giro, es evidente. ¿Condicionado?; ¿con matices?; ¿sin alternativas? Las causas y consecuencias se deberán reescribir, pero la realidad fue un cambio –demasiado rápido– para que todo volviese a ser igual.

Con información de David Alandete, Enrique Serbeto y Rosalía Sánchez, corresponsales en Washington, Bruselas y Berlín respectivamente.